Categoría: Greenpeace

  • Greenpeace se atrinchera contra la soberanía popular: la reforma al amparo y el fin del privilegio ONGero

    Greenpeace se atrinchera contra la soberanía popular: la reforma al amparo y el fin del privilegio ONGero

    La reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) encendió las alarmas en los despachos jurídicos del ambientalismo profesional, Greenpeace México, por ejemplo, lanzó un comunicado donde lamenta “la regresividad” de la medida y denuncia que el cambio “restringe el interés legítimo”.

    En su narrativa, el gobierno popular habría golpeado la defensa de los derechos humanos.

    Durante años, la figura jurídica del interés legítimo fue manipulada por organizaciones como Greenpeace o el CEMDA—brazo jurídico de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para paralizar obras de desarrollo, sin tener vínculo real con los territorios ni con las comunidades.

    En nombre de la naturaleza, interpusieron amparos desde oficinas en la capital, frenando el avance de obras estratégicas concebidas para redistribuir riqueza y generar empleo en el país.

    La reforma al amparo pone fin a esa captura judicial y obliga a demostrar afectación concreta, devolviendo el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.

    La reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) encendió las alarmas en los despachos jurídicos del ambientalismo profesional.
    CEMDA ha sido instrumental en la obstrucción al Tren Maya, pese a no estar compuesto por activistas locales.
    Fuente: Serendipia, mayo de 2023.

    Limitar el uso corporativo del amparo no vulnera la justicia ambiental, la fortalece al devolver el protagonismo a los pueblos y ejidos, no a las ONG que los usan como estandarte de moralidad.

    La reforma a la Ley de Amparo devuelve el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.

    La izquierda soberanista entiende que la defensa del territorio no puede depender de litigios internacionales ni de fundaciones que responden a intereses foráneos.

    Lo que esta organización llama “retroactividad injusta” no es más que el Estado mexicano recuperando el control sobre su marco jurídico y su planificación territorial.

    La sospechosa opacidad de PODER

    La verdadera justicia ambiental —palabra clave y horizonte de la Cuarta Transformación— no vendrá de los comunicados moralistas de las ONG, sino de un Estado que defiende el ambiente desde la soberanía, la planificación pública y la dignidad nacional.

    La emancipación ambiental de los pueblos de México será cuando el bienestar generalizado los haga capaces de defender su territorio sin acudir al hombre burgués.

  • Las ONGs burguesas muestran su hipocresía yendo contra los planes de economía circular

    Las ONGs burguesas muestran su hipocresía yendo contra los planes de economía circular

    Un puñado de organizaciones ambientalistas encabezadas por Greenpeace denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “incumple un amparo” que obliga a eliminar los plásticos de un solo uso.

    Este universo de ONG calificó las políticas gubernamentales de greenwashing y aseguró que las nuevas leyes en materia de economía circular “perpetúan la contaminación plástica bajo el pretexto del reciclaje”.

    Entre las propuestas atacadas por las ONG se encuentra aquella de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez que busca abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.

    México Evalúa contra la Reforma Energética: los títeres del poder empresarial

    Desde su creación, Semarnat ha sostenido una política ambiental de transición responsable, no una guerra de consignas.

    En lugar de decretar prohibiciones irreflexivas que paralicen la economía popular, ha impulsado una estrategia integral de economía circular.

    Por lo tanto, teniendo como prioridad la reducción, el reciclaje y la sustitución gradual de materiales, en diálogo con comunidades y sectores productivos.

    Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional, Semarnat sí.

    Lejos de ser “greenwashing”, se trata de una ruta técnica, planificada y soberana: construir una transición real, no simbólica, hacia un modelo sostenible.

    Los ambientalistas de escritorio exigen una prohibición inmediata sin ofrecer alternativas viables para quienes viven del reciclaje o las pequeñas y medianas empresas incapaces de costearse un empaque orgánico.

    Su pureza ideológica se impone sobre la complejidad social de un país donde millones dependen de estos materiales para su sustento.

    Entonces, ¿a quién beneficia esa intransigencia? A las corporaciones del norte global, que venden los nuevos “bioplásticos verdes” con sello de certificación europea y pretenden convertir la transición ecológica en un nuevo negocio transnacional.

    Critican que la Semarnat promueva una nueva Ley General de Economía Circular.

    Pero callan que esa propuesta busca cerrar vacíos legales, garantizar trazabilidad en los residuos y establecer responsabilidad extendida de productores.

    La paradoja es que quienes gritan “no a la contaminación” viven del financiamiento de las mismas fundaciones corporativas que fabrican esos materiales.

    Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional. Semarnat sí.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum actúa dentro del marco institucional y bajo el mandato democrático de proteger el medio ambiente sin destruir empleo ni soberanía productiva.

    Eso es lo que el ecologismo burgués no soporta, que la política ambiental ya no dependa de las ONG dirigidas desde Europa, sino del pueblo organizado.

  • Las ONG burguesas aprovechan la urgencia climática mientras desprecian la acción del Estado popular

    Las ONG burguesas aprovechan la urgencia climática mientras desprecian la acción del Estado popular

    El 14 de octubre de 2025, en plena tragedia por las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, un grupo de organizaciones ambientalistas encabezadas por CEMDA, Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un comunicado donde, con tono moralista, acusaron al gobierno de “omitir reconocer” la crisis climática.

    CEMDA, en particular llamó al gobierno a abandonar los hidrocarburos, en sus clásicos ataques velados a PEMEX y su renovación.

    Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba

    En la retórica absolutista de estas ONG, no hay una sola línea sobre las responsabilidades históricas del norte global.

    Ni sobre las décadas de abandono neoliberal que desmantelaron la infraestructura hidráulica, precarizaron la vivienda popular y privatizaron la gestión de los recursos naturales.

    CEMDA y Greenpeace pretenden dar lecciones de moral ecológica.

    Resulta irónico que sean las mismas organizaciones que callaron durante los años de saqueo petrolero y privatización energética las que hoy pretendan dar lecciones de moral ecológica.

    CEMDA y Greenpeace, que durante el auge del “capitalismo verde” se financiaron con fondos internacionales y contratos con las administraciones prianistas Gustavo Alanís Ortega, líder de CEMDA, fue asesor ambiental en el proyecto ecocida del aeropuerto de Texcoco.

    La emergencia que golpea al país no se debe a la ceguera del gobierno, sino a la herencia estructural de un modelo que las ONG jamás combatieron.

    Décadas de desregulación y la connivencia entre poder económico y ambientalismo de escritorio provocaron los daños acumulados en Veracruz y Puebla —territorios que ellas mismas describen como ‘centros históricos del fracking’.

    Mientras las comunidades enfrentan la tragedia con organización y solidaridad, estas organizaciones emiten comunicados desde la comodidad de sus oficinas en la Ciudad de México, exigiendo que el Estado “abandone el petróleo y el gas”.

    Como si la transición energética pudiera decretarse por voluntad moral y no mediante inversión pública, planificación y soberanía tecnológica.

    Piden el fin del extractivismo, pero no dicen quién financiará la reconstrucción ni cómo se garantizará la energía que sostiene hospitales, escuelas y viviendas populares.

    La exigencia de estas organizaciones no es ecológica, es ideológica.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido la gravedad de los fenómenos climáticos y ha articulado respuestas que combinan atención social inmediata con una política de transición ordenada, no impuesta.

    En lugar de destruir la base productiva nacional, busca transformarla desde la justicia energética.

    Así, la Cuarta Transformación propone menos dependencia privada, más control estatal, más inversión en restauración y resiliencia.

    Pero para las ONG del norte, cualquier intento de soberanía es “insuficiente” o “contradictorio”.

    Su exigencia no es ecológica, es ideológica. Necesita a un Estado dócil que sea mecenas del ecologismo neoliberal dictado por los donantes internacionales.

  • Greenpeace contra el Tren Maya: El activismo burgués teme al Estado popular

    Greenpeace contra el Tren Maya: El activismo burgués teme al Estado popular

    El 4 de octubre, representantes del activismo burgués —los viejos nombres de siempre encabezados por Greenpeace—volvieron a atacar al gobierno popular de México, al declarar que el Tren Maya es un “caballo de troya” para la destrucción ambiental.

    Asegurando que la Selva Maya vive bajo “fuego cruzado” entre la agroindustria, el turismo, las mega granjas porcinas y el propio proyecto ferroviario.

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    Al presentar al tren como engaño, los activistas buscan reducir una obra de infraestructura nacional —pensada para conectar al sureste y reequilibrar el desarrollo del país— a una parábola de traición.

    Es un gesto retórico eficaz, pero también un modo de vaciar el debate político y colocarse como guardianes de una pureza ecológica imposible.

    Greenpeace atacó de nuevo al Gobierno de México, al declarar que el Tren Maya es un “caballo de troya” para la destrucción ambiental.

    Nadie niega que la selva enfrenta una presión histórica. En los últimos años, la Península de Yucatán ha sufrido deforestación masiva por expansión turística, urbanización y monocultivos.

    Los propios datos que los activistas repiten —más de 300 mil hectáreas taladas y diez millones de árboles derribados — describen un proceso que comenzó mucho antes del tren y que tiene raíces en la lógica privatizadora del turismo de enclave y la especulación inmobiliaria.

    Lo que hoy llaman devastación por el Tren Maya es, en buena medida, herencia de la desregulación que por décadas dejó a la península en manos de consorcios hoteleros y agroexportadores.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum, continuando la visión de Estado que impulsó López Obrador, no niega los impactos. Ha reconocido errores técnicos, ha ajustado trazos, ha financiado programas de restauración y monitoreo ambiental.

    Pero lo que molesta al activismo de escritorio no son los árboles talados, sino la disputa de legitimidad.

    El Tren representa un intento de Estado por recuperar soberanía en el territorio más saqueado del país.

    Por primera vez en mucho tiempo, la política ambiental se formula desde un gobierno electo por el pueblo y no desde las oficinas de fundaciones internacionales.

    Al etiquetar el tren como “caballo de Troya”, Greenpeace México y sus voceros omiten que la obra forma parte de un proyecto de integración regional que busca devolver al Estado la capacidad de planificar el territorio, generar empleo y articular desarrollo con justicia social.

    No se trata de “ocultar daños”, sino de intervenir en un ecosistema ya depredado por el capital privado y convertir esa intervención en oportunidad de restauración y redistribución.

    La paradoja es que quienes hoy hablan en nombre de la selva fueron incapaces de movilizarse con la misma vehemencia cuando las playas fueron privatizadas o cuando los cenotes se convirtieron en piscinas para el turismo extranjero.

    El tren, con todas sus tensiones, representa un intento de Estado por recuperar soberanía en el territorio más saqueado del país.

    La Selva Maya no necesita nuevos profetas, sino un Estado capaz de defenderla sin subordinarse al mercado ni a las ONG que hablan en nombre del bien común.

    El tren no es el regreso de la política al sureste, el recordatorio de que la justicia ambiental también pasa por la justicia social.

  • Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba

    Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba

    El 11 de octubre de 2025, Paseo de la Reforma se convirtió en pasarela de la indignación boutique, bajo el nombre “Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro”, los mismos colectivos de siempre —Greenpeace México, ONG europeas y activistas de clase media urbana— desfilaron en denuncia a la supuesta “devastación ambiental” auspiciada por el gobierno de México.

    Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba.
    Marcha por el Clima la Vida y el Futuro.
    Fuente: Reforma, octubre 2025.

    Los manifestantes repitieron consignas importadas sin una sola propuesta concreta.

    Acusaron al Estado mexicano de “ecocidio”, pero guardaron un silencio absoluto frente a las corporaciones que financian sus propias campañas.

    Detrás del disfraz de activismo local, lo que marchó fue el ambientalismo profesionalizado, el que vive de fondos extranjeros mientras sermonea al pueblo sobre justicia climática.

    Denunciaron el Tren Maya y la planta de gas Saguaro LNG pero jamás mencionaron que fue precisamente el neoliberalismo ambientalista de las décadas pasadas —el de las concesiones mineras, la privatización del agua y la venta del territorio al turismo de élite— el que dejó la selva convertida en botín.

    Ese modelo, que hoy la 4T intenta revertir con un Estado fuerte y redistributivo, es el mismo que sus ONG financiadoras ayudaron a construir.

    Por primera vez, un gobierno popular planifica el desarrollo del sureste con criterios de justicia social y no de rentabilidad turística.

    La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia

    Pero eso incomoda a los guardianes del statu quo ambiental, que prefieren un país paralizado antes que un Estado que intervenga en nombre del pueblo.

    Quienes hablan de “democracia ecológica” desprecian las decisiones del voto popular; quienes exigen “transición energética” se oponen a toda infraestructura pública que la haga posible.

    Quienes claman por “el fin del extractivismo” viven de subvenciones provenientes de los países más extractivistas del planeta. Esa doble moral es el combustible real de su activismo.

    No hubo una sola pancarta contra las corporaciones que financian sus fundaciones, ni una sola crítica al modelo económico global que convierte al sur en vertedero y proveedor.

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    Toda la furia se dirigió, otra vez, contra el Estado mexicano, el único que intenta equilibrar justicia ambiental con justicia social.

    La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia: el ritual de un ambientalismo que perdió su causa popular y se aferra a la retórica que lo alimenta.

    Su problema no es con la deforestación ni con los gases fósiles: es con el hecho de que el pueblo y su gobierno se atrevieron a tomar las riendas del país.

    México no necesita salvadores en disfraz de ballena, sino un pueblo organizado que defienda su tierra sin pedir permiso a las ONG del norte.

  • El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

    El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

    En el primer aniversario del gobierno de Claudia Sheinbaum, Greenpeace México volvió a arremeter contra la Cuarta Transformación, llamándola una “política contradictoria”, un “balance agridulce”, un Estado que no satisface su vara moral.

    El comunicado difundido el 1 de octubre de 2025 repite las acusaciones sobre deforestación, hidrocarburos y presupuesto ambiental.

    Ambientalistas usan a comunidades para rechazar el fracking pero omiten avances de la 4T para prohibirlo

    Greenpeace sigue sin reconocer que la actual administración es la primera en décadas que ha intentado articular una política ecológica desde el poder público, y no desde los despachos de las fundaciones.

    El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum.
    Encabezado y puntos clave del artículo de Greenpeace atacando la gestión ambiental de Claudia Sheinbaum.
    Fuente: Greenpeace, octubre de 2025.

    Greenpeace asegura que los proyectos ferroviarios y la intervención militar recibirán diecisiete veces más recursos que la restauración de ecosistemas.

    El dato, en apariencia escandaloso, omite que gran parte de esas partidas financian justamente la vigilancia ambiental, la reforestación y el combate a incendios.

    Greenpeace acusa al Gobierno de Sheinbaum de servir a los intereses privados, mientras su propia estructura responde a redes de financiamiento internacional

    La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, respondió desde el Senado de manera contundente.

    Reconoció los límites presupuestales, pero subrayó que la política ambiental del gobierno se sostiene sobre siete ejes, entre ellos: gestión hídrica, biodiversidad, restauración forestal, transición energética justa y participación comunitaria.

    Frente a esa complejidad, Greenpeace se aferra a un relato maniqueo, donde el Estado es sospechoso y las ONG, depositarias exclusivas de la virtud.

    En el terreno energético, la crítica se vuelve aún más anacrónica. Greenpeace condena la continuidad de los proyectos de gas y petroquímica, como si la soberanía energética fuera un pecado.

    La administración de Sheinbaum ha optado por una transición gradual, consciente de que ningún país del sur puede darse el lujo de demoler su base industrial sin sustituirla.

    Esta es una decisión estratégica, se trata de impedir que el ajuste ecológico recaiga sobre los trabajadores y las comunidades que ya pagan el costo de la desigualdad.

    Greenpeace acusa al Estado de servir a los intereses privados, mientras su propia estructura responde a redes de financiamiento internacional que jamás se someten a escrutinio público.

    Es un aparato transnacional que opera con la impunidad moral de quien no gobierna pero quiere decidir.

    Que la ONG ambiental haya respondido con desdén es coincidente con su papel histórico de juez exigente e incapaz de construir soluciones políticamente viables en las realidades del sur global.

    Lo que el comunicado llama “contradicción” no es más que el reconocimiento de que la política —y no la filantropía— es el terreno donde se disputan las transiciones verdaderas.