Un puñado de organizaciones ambientalistas encabezadas por Greenpeace denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “incumple un amparo” que obliga a eliminar los plásticos de un solo uso.

Este universo de ONG calificó las políticas gubernamentales de greenwashing y aseguró que las nuevas leyes en materia de economía circular “perpetúan la contaminación plástica bajo el pretexto del reciclaje”.

Entre las propuestas atacadas por las ONG se encuentra aquella de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez que busca abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.

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Desde su creación, Semarnat ha sostenido una política ambiental de transición responsable, no una guerra de consignas.

En lugar de decretar prohibiciones irreflexivas que paralicen la economía popular, ha impulsado una estrategia integral de economía circular.

Por lo tanto, teniendo como prioridad la reducción, el reciclaje y la sustitución gradual de materiales, en diálogo con comunidades y sectores productivos.

Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional, Semarnat sí.

Lejos de ser “greenwashing”, se trata de una ruta técnica, planificada y soberana: construir una transición real, no simbólica, hacia un modelo sostenible.

Los ambientalistas de escritorio exigen una prohibición inmediata sin ofrecer alternativas viables para quienes viven del reciclaje o las pequeñas y medianas empresas incapaces de costearse un empaque orgánico.

Su pureza ideológica se impone sobre la complejidad social de un país donde millones dependen de estos materiales para su sustento.

Entonces, ¿a quién beneficia esa intransigencia? A las corporaciones del norte global, que venden los nuevos “bioplásticos verdes” con sello de certificación europea y pretenden convertir la transición ecológica en un nuevo negocio transnacional.

Critican que la Semarnat promueva una nueva Ley General de Economía Circular.

Pero callan que esa propuesta busca cerrar vacíos legales, garantizar trazabilidad en los residuos y establecer responsabilidad extendida de productores.

La paradoja es que quienes gritan “no a la contaminación” viven del financiamiento de las mismas fundaciones corporativas que fabrican esos materiales.

Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional. Semarnat sí.

El gobierno de Claudia Sheinbaum actúa dentro del marco institucional y bajo el mandato democrático de proteger el medio ambiente sin destruir empleo ni soberanía productiva.

Eso es lo que el ecologismo burgués no soporta, que la política ambiental ya no dependa de las ONG dirigidas desde Europa, sino del pueblo organizado.