La discusión en torno al fracking se ha convertido en uno de los principales campos de disputa política alrededor de la estrategia energética impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Diversos representantes del oenegeísmo de escritorio burgués han comenzado a utilizar el tema como una herramienta discursiva destinada a desacreditar la búsqueda de soberanía energética impulsada desde la actual administración.

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El ejemplo más reciente puede observarse en la cobertura generada alrededor del Comité Técnico Científico convocado por el gobierno federal para evaluar la viabilidad de utilizar técnicas de fractura hidráulica bajo condiciones estrictamente controladas y sustentadas en evidencia científica.

Organizaciones como Alianza Mexicana Contra el Fracking, han respondido con una postura “maximalista”.

Lejos de presentar el proceso como un ejercicio de deliberación técnica, diversos grupos ambientalistas han intentado instalar la idea de que la sola existencia del comité constituye una amenaza para el medio ambiente y una traición a principios históricos de la izquierda mexicana.

Lo llamativo es que el gobierno no ha anunciado la implementación del fracking.

Lo que existe es precisamente un proceso de evaluación encabezado por especialistas provenientes de instituciones públicas como la UNAM, el IPN, la UAM, el Instituto Mexicano del Petróleo y diversos centros de investigación nacionales.

La decisión de convocar a expertos en geología, agua, energía, contaminación atmosférica y sustentabilidad refleja una voluntad de someter el debate a criterios científicos antes que ideológicos.

Sin embargo, organizaciones agrupadas alrededor de la Alianza Mexicana Contra el Fracking han respondido con una postura maximalista que rechaza de antemano cualquier posibilidad de análisis, sosteniendo que el fracking debe prohibirse independientemente de los resultados que arrojen las investigaciones o de los avances tecnológicos que puedan surgir en el futuro.

Bajo esta lógica, los grupos opositores dejan de centrar la discusión en la evidencia, los riesgos mitigables o las capacidades regulatorias y la convierten en una batalla simbólica en la que presentan cualquier exploración de alternativas energéticas como una claudicación política.

El trasfondo de esta disputa resulta particularmente relevante porque México importa aproximadamente tres cuartas partes del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos.

La dependencia energética constituye una vulnerabilidad estratégica que la administración Sheinbaum ha reconocido públicamente y que busca atender mediante una evaluación seria de las opciones disponibles.