La aprobación de la Ley General de Economía Circular a finales de 2025 y su posicionamiento internacional en Davos durante enero de 2026 marcaron un punto de quiebre en la relación entre el gobierno popular de la Cuarta Transformación y un sector de organizaciones no gubernamentales de perfil internacional.
Mientras el Estado mexicano consolidó una visión propia de transición productiva y ambiental, estas ONG optaron por descalificar el proceso desde fuera, evidenciando una distancia política cada vez más difícil de ocultar.
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La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y presentada como una herramienta para reorganizar la gestión de residuos, integrar cadenas productivas y fortalecer capacidades nacionales.
Sin embargo, organizaciones como Greenpeace México calificaron la normativa como simulación y greenwashing, reduciendo un debate estructural a consignas que desconocen el contexto social y económico del país.
La Ley de Economía Circular, impulsada por la 4T, es una apuesta por reducir dependencias externas y ordenar el metabolismo productivo del país.
El señalamiento insistente sobre la termovalorización y la participación del sector productivo pasó por alto un dato central: la política pública dejó de definirse en función de vetos externos y comenzó a responder a una estrategia nacional de desarrollo.
Esa diferencia quedó expuesta en el Foro Económico Mundial de 2026. Desde Davos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales colocó la economía circular como eje del discurso económico mexicano, vinculándola con justicia social, restauración ecológica y soberanía productiva.
La secretaria Alicia Bárcena habló de dejar atrás la economía lineal y entrar en una era de restauración, una narrativa que no busca agradar a fundaciones extranjeras sino construir capacidades internas y acuerdos públicos.
El contraste revela la mutua excluyencia entre las rabietas ideológicas de las ONG, con los objetivos de progreso impulsados desde la Cuarta Transformación.
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum prentende integrar la economía circular, transición energética y relocalización productiva dentro del Plan México, grupos como Greenpeace México mantienen una lógica de denuncia permanente que termina por chocar con cualquier intento de regulación estatal.
La crítica se presenta como defensa ambiental, pero opera como una negación sistemática de la política popular.
La economía circular, tal como la impulsa la 4T, no es un gesto cosmético.
Es una herramienta de planeación, una apuesta por reducir dependencias externas y ordenar el metabolismo productivo del país.
