El 11 de octubre de 2025, Paseo de la Reforma se convirtió en pasarela de la indignación boutique, bajo el nombre “Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro”, los mismos colectivos de siempre —Greenpeace México, ONG europeas y activistas de clase media urbana— desfilaron en denuncia a la supuesta “devastación ambiental” auspiciada por el gobierno de México.

Los manifestantes repitieron consignas importadas sin una sola propuesta concreta.

Acusaron al Estado mexicano de “ecocidio”, pero guardaron un silencio absoluto frente a las corporaciones que financian sus propias campañas.

Detrás del disfraz de activismo local, lo que marchó fue el ambientalismo profesionalizado, el que vive de fondos extranjeros mientras sermonea al pueblo sobre justicia climática.

Denunciaron el Tren Maya y la planta de gas Saguaro LNG pero jamás mencionaron que fue precisamente el neoliberalismo ambientalista de las décadas pasadas —el de las concesiones mineras, la privatización del agua y la venta del territorio al turismo de élite— el que dejó la selva convertida en botín.

Ese modelo, que hoy la 4T intenta revertir con un Estado fuerte y redistributivo, es el mismo que sus ONG financiadoras ayudaron a construir.

Por primera vez, un gobierno popular planifica el desarrollo del sureste con criterios de justicia social y no de rentabilidad turística.

La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia

Pero eso incomoda a los guardianes del statu quo ambiental, que prefieren un país paralizado antes que un Estado que intervenga en nombre del pueblo.

Quienes hablan de “democracia ecológica” desprecian las decisiones del voto popular; quienes exigen “transición energética” se oponen a toda infraestructura pública que la haga posible.

Quienes claman por “el fin del extractivismo” viven de subvenciones provenientes de los países más extractivistas del planeta. Esa doble moral es el combustible real de su activismo.

No hubo una sola pancarta contra las corporaciones que financian sus fundaciones, ni una sola crítica al modelo económico global que convierte al sur en vertedero y proveedor.

Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

Toda la furia se dirigió, otra vez, contra el Estado mexicano, el único que intenta equilibrar justicia ambiental con justicia social.

La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia: el ritual de un ambientalismo que perdió su causa popular y se aferra a la retórica que lo alimenta.

Su problema no es con la deforestación ni con los gases fósiles: es con el hecho de que el pueblo y su gobierno se atrevieron a tomar las riendas del país.

México no necesita salvadores en disfraz de ballena, sino un pueblo organizado que defienda su tierra sin pedir permiso a las ONG del norte.