En el juego de ajedrez que es el debate público respecto al presupuesto de la federación, la ONG Fundar ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.
Cuando se trata del Impuesto Saludable, el centro celebra con entusiasmo la supuesta “justicia fiscal” de la Presidenta.
Pero apenas el debate se traslada al financiamiento climático o a la transición energética, la misma organización desacredita al gobierno.
En su informe Paquete Económico 2026: avances sociales y retos para los derechos humanos, Fundar aplaude el aumento de ingresos tributarios y la continuidad de los impuestos especiales al tabaco y a las bebidas azucaradas.
Fundar, la ONG que ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.
Con un tono complaciente, resalta la necesidad de reforzar estos “impuestos saludables”, reconociendo la medida presidencial como un paso hacia la garantía del derecho a la salud y la reducción de desigualdades.
Sin embargo, apenas una semana después, en el reporte conjunto sobre cambio climático y transición energética, Fundar se sienta al lado de Engenera, CEMDA (con quienes comparte membresía en el colectivo #CambiémoslaYa!) y otras ONG para exhibir la “incongruencia” del gasto público.

Fuente: CEMDA, septiembre de 2025.
Aquí, cada peso destinado a infraestructura ferroviaria, seguridad o hidrocarburos se convierte en símbolo de incapacidad de respuesta ante la crisis ambiental.
Fundar no reconoce matices ni que el rediseño presupuestal responde a prioridades nacionales como movilidad o soberanía energética.
Cuando los recursos se alinean a la visión tributaria de Fundar, la narrativa es de progreso y justicia; cuando no, denuncian sin contemplar complejidades políticas ni restricciones materiales.
En ambos casos, la organización parece menos interesada en construir un diagnóstico coherente que en colocar sus banderas en el debate público.
Al final, el doble rasero no solo erosiona su credibilidad, sino que reduce el debate a una disputa de agendas particulares.
Poniendo en juego el diseño de un presupuesto que equilibre salud, justicia social y transición energética de manera realista.





