Etiqueta: ONG

  • Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    La ONG Engenera, se ha presentado en los últimos meses como una de las voces más severas contra la política ambiental del gobierno federal.

    En comunicados y foros, su equipo ha acusado a la administración de Claudia Sheinbaum de sostener una “inercia fósil” y de destinar recursos públicos a proyectos de infraestructura “contradictorios con las metas climáticas”.

    Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

    Lo han hecho acompañados de otras ONG como CEMDA y Fundar —también miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, insistiendo en que el presupuesto de 2026 “abandona la transición energética”.

    Engenera, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación

    Pero la pureza moral que intenta proyectar Engenera se resquebraja al revisar su propia contabilidad pública.

    Según documentos oficiales, en noviembre de 2024 la organización firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por $237,170 pesos para desarrollar un proyecto con ese organismo autónomo.

    El acuerdo estipula dos transferencias: una primera por $189,736 pesos tras la entrega de un “plan de trabajo”, y una segunda por $47,434 pesos tras la presentación de un “informe parcial” antes del 6 de diciembre de 2024.

    No es un monto escandaloso en sí mismo, pero sí profundamente simbólico.

    Engenera, una organización que denuncia “la captura del Estado” por intereses políticos, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación—el INE, símbolo histórico del gasto excesivo, la burocracia dorada y la simulación democrática del periodo neoliberal—.

    ¿Cómo puede una ONG que cobra fondos públicos de un organismo tan identificado con el viejo orden electoral presentarse como contrapeso ético del Estado popular que busca transformarlo?

    No solo eso, es interesante ver como justifican 200 mil pesos en un proyecto de “promoción de la democracia”.

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T.
    Convenio firmado entre Engenera y el INE por más de 200 mil pesos.
    Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, consultada en octubre de 2025.

    Durante años, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló al INE fue instrumento de las élites para legitimar fraudes y excluir al pueblo.

    Engenera se presenta como “conciencia verde” mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Criticó su gasto oneroso y sus vínculos con fundaciones extranjeras. Hoy, Engenera firma convenios con ese mismo aparato y usa esos recursos para posicionarse como “voz ciudadana independiente”.

    El problema no es que el INE financie proyectos sociales. El problema es el doble discurso: denunciar la supuesta falta de independencia del gobierno y, al mismo tiempo, nutrirse de los mismos fondos que durante décadas sirvieron para reproducir la lógica del poder conservador.

    La 4T ha insistido en democratizar la relación entre Estado y sociedad civil, poniendo fin al modelo de las ONG que, bajo la etiqueta de “autonomía”, operaban como intermediarias de las fundaciones extranjeras y las burocracias nacionales. Engenera, en cambio, parece añorar ese esquema.

    En lugar de dialogar con el gobierno popular que impulsa una política de transición justa desde el sur global, la organización prefiere presentarse como conciencia verde mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Es la paradoja del activismo de escritorio: denunciar la “captura del Estado” mientras se vive de sus transferencias.

    El ambientalismo que cobra del INE pero sermonea a la 4T no defiende la ecología, solo intenta proteger su lugar en la vieja estructura de privilegios institucionales.

  • Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba

    Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba

    El 11 de octubre de 2025, Paseo de la Reforma se convirtió en pasarela de la indignación boutique, bajo el nombre “Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro”, los mismos colectivos de siempre —Greenpeace México, ONG europeas y activistas de clase media urbana— desfilaron en denuncia a la supuesta “devastación ambiental” auspiciada por el gobierno de México.

    Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba.
    Marcha por el Clima la Vida y el Futuro.
    Fuente: Reforma, octubre 2025.

    Los manifestantes repitieron consignas importadas sin una sola propuesta concreta.

    Acusaron al Estado mexicano de “ecocidio”, pero guardaron un silencio absoluto frente a las corporaciones que financian sus propias campañas.

    Detrás del disfraz de activismo local, lo que marchó fue el ambientalismo profesionalizado, el que vive de fondos extranjeros mientras sermonea al pueblo sobre justicia climática.

    Denunciaron el Tren Maya y la planta de gas Saguaro LNG pero jamás mencionaron que fue precisamente el neoliberalismo ambientalista de las décadas pasadas —el de las concesiones mineras, la privatización del agua y la venta del territorio al turismo de élite— el que dejó la selva convertida en botín.

    Ese modelo, que hoy la 4T intenta revertir con un Estado fuerte y redistributivo, es el mismo que sus ONG financiadoras ayudaron a construir.

    Por primera vez, un gobierno popular planifica el desarrollo del sureste con criterios de justicia social y no de rentabilidad turística.

    La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia

    Pero eso incomoda a los guardianes del statu quo ambiental, que prefieren un país paralizado antes que un Estado que intervenga en nombre del pueblo.

    Quienes hablan de “democracia ecológica” desprecian las decisiones del voto popular; quienes exigen “transición energética” se oponen a toda infraestructura pública que la haga posible.

    Quienes claman por “el fin del extractivismo” viven de subvenciones provenientes de los países más extractivistas del planeta. Esa doble moral es el combustible real de su activismo.

    No hubo una sola pancarta contra las corporaciones que financian sus fundaciones, ni una sola crítica al modelo económico global que convierte al sur en vertedero y proveedor.

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    Toda la furia se dirigió, otra vez, contra el Estado mexicano, el único que intenta equilibrar justicia ambiental con justicia social.

    La “Marcha por el Clima” no fue un acto de conciencia, sino un acto de nostalgia: el ritual de un ambientalismo que perdió su causa popular y se aferra a la retórica que lo alimenta.

    Su problema no es con la deforestación ni con los gases fósiles: es con el hecho de que el pueblo y su gobierno se atrevieron a tomar las riendas del país.

    México no necesita salvadores en disfraz de ballena, sino un pueblo organizado que defienda su tierra sin pedir permiso a las ONG del norte.

  • Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

    Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

    El intento de la organización Nuestro Futuro por detener el Proyecto Saguaro GNL en Puerto Libertad por parte de la ONG Nuestro Futuro, no puede entenderse como una simple defensa ambiental.

    Es una ofensiva jurídica dirigida contra uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del norte de México.

    Salvaguarda o despojo, la trampa de Oceana en el mar mexicano

    Pieza clave del corredor energético de Sonora y símbolo de la recuperación soberana de la infraestructura nacional.

    El 1 de octubre de 2025, Nuestro Futuro presentó una demanda para anular la autorización federal que permitió la instalación de la planta de gas natural licuado Saguaro GNL en el Golfo de California.

    La organización exige que se declare inconstitucional el permiso otorgado por el gobierno mexicano.

    Alegando que “pone en riesgo la integridad biológica del Golfo” y que las ballenas “reclaman su derecho a existir”.

    Bajo el supuesto manto de “justicia ecocéntrica”, estas ONG reproducen el guión del ambientalismo colonial

    Esa retórica, vaciada de contenido social y revestida de sentimentalismo ecológico, pretende sustituir el debate energético por un espectáculo jurídico.

    Donde el territorio se representa sin sus habitantes, y la naturaleza es usada como coartada moral para perpetuar la parálisis económica.

    El expediente técnico elaborado por sus aliados —consultoras privadas y académicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur— recicla argumentos de manual: el ruido submarino, el tráfico de buques, las especies invasoras.

    Nada dicen, sin embargo, de los beneficios concretos que el proyecto traerá para las comunidades costeras ni del papel de Sonora en la transición energética regional.

    Bajo el supuesto manto de “justicia ecocéntrica”, estas ONG reproducen el guión del ambientalismo colonial.

    Dictar desde la comodidad de sus oficinas en la capital qué puede o no puede desarrollarse en los márgenes del país.

    El proyecto de Puerto Libertad permitirá transformar una zona históricamente marginada en un polo industrial y logístico de alcance continental. Por eso la reacción ha sido tan virulenta.

    El crecimiento del noroeste, pone en crisis los viejos privilegios del centralismo tecnocrático y la intermediación de fundaciones extranjeras.

    La supuesta defensa del Golfo de California no es más que la máscara de un poder que teme la autonomía energética del Estado mexicano.

    El amparo de Nuestro Futuro no representa a las ballenas, sino la del viejo neoliberalismo reconfigurado en discurso ecológico.

    Es la ofensiva del privilegio travestido de ética ambiental, empeñado en impedir que México produzca su propia energía, que el norte deje de ser periferia y que la soberanía deje de ser un ideal para convertirse en política pública.

  • Greenpeace grita, Semarnat responde con acciones

    Greenpeace grita, Semarnat responde con acciones

    El 23 de septiembre de 2025, mientras sus activistas escalaban la Estela de Luz al grito de “La Selva Maya grita. Semarnat ¡Sálvala!”, Greenpeace acusó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de ser instrumental para la supuesta devastación del sureste, al autorizar megaproyectos como el Tren Maya, las megagranjas porcícolas y las concesiones a Calica y Cemex.

    Según la ONG, en los últimos cinco años se han perdido casi 300 mil hectáreas de selva en la Península de Yucatán.

    Cifra que pretende colocar como destrucción ambiental sin sentido, ignorando que gran parte de dicha selva se ha transformado en infraestructura al servicio del pueblo mexicano.

    Greenpeace grita, Semarnat responde con acciones.
    Póster desplegado por Greenpeace en la Estela de Luz a modo de protesta.
    Fuente: Proceso, septiembre de 2025.

    Lejos de la cerrazón que Greenpeace intentó retratar, la respuesta oficial fue inmediata.

    SEMARNAT convocó a los activistas una reunión con la secretaria Alicia Bárcena, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

    También estuvo presente la directora ejecutiva de Greenpeace México, Aleira Lara.

    SEMARNAT y su encuentro con activistas de Greenpeace.

    El encuentro, derivó en acuerdos concretos por parte del Estado, callando a los activistas que acusan a la Cuarta Transformación de complicidad con la destrucción ambiental.

    La principal resolución fue la instalación de mesas de trabajo multisectoriales para diseñar un ordenamiento ecológico integral de la Península de Yucatán.

    Estas mesas revisarán proyectos clave como el Tren Maya, el puerto de carga de Cancún y las concesiones otorgadas a Calica y Cemex.

    El hecho demuestra que la autoridad ambiental federal no evade la discusión, sino que abre un proceso formal de análisis y revisión.

    Mientras Greenpeace se queja con pantomimas simbólicas y acciones de impacto mediático, el gobierno responde con mecanismos de planificación y de participación institucional.

    A diferencia de la narrativa que buscan diseminar estos activistas burgueses, la actual SEMARNAT sí establece estrategias para ordenar ecológicamente la región.

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    Aun cuando el activismo fifí prefiere recurrir a gestos de confrontación y descalificación en lugar de reconocer un avance real en el diálogo.

    Con ello queda claro que la estrategia gubernamental privilegia la construcción de soluciones de largo plazo frente a la crítica inmediata, asegurando que la Selva Maya se atienda con instrumentos de gestión y no únicamente con consignas.

  • La sospechosa opacidad de PODER

    La sospechosa opacidad de PODER

    La ONG Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER, por sus siglas en inglés) se jacta de ser salvaguarda de la rendición de cuentas corporativa en México y América Latina.

    Miembro de redes como RedESC, la Alianza Mexicana contra el Fracking y #CambiémoslaYa!, así como autora intelectual de la web de transparencia corporativa QuiénEsQuién.Wiki, esta organización se maneja con una opacidad que parece parodiar a la corrupción corporativa que dice fiscalizar.

    El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

    La ONG fue registrada en la División de Corporaciones del estado de Nueva York el 11 de enero de 2010.

    Más allá de los nombres de su consejo directivo, existe poca información abierta sobre el funcionamiento interno de la organización y su rendición de cuentas.

    Su dirección fiscal en Estados Unidos es un buzón de correo en Nueva York.

    El organismo registró su marca a través de un despacho legal en Seattle ciudad natal de su fundador y exdirector ejecutivo, Benjamín Cokelet.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Datos de registro de PODER.
    Fuente: Departamento de Estado, División de Corporaciones del Estado de Nueva York, consultada en octubre de 2025.

    PODER se maneja con una opacidad que parece parodiar a la corrupción corporativa que dice fiscalizar.

    Lejos de rendir cuentas en México, ni siquiera se registra como razón social ante la Secretaría de Economía ni como donataria autorizada, requisitos con los que otras organizaciones extranjeras sí cumplen al trabajar en suelo mexicano.

    Por no tener, la organización no cuenta si quiera con RFC o CLUNI que la identifique en territorio nacional.

    Esta organización —al igual que otras de similar calaña como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad— tiene la arrogancia de colocarse como faro ético por encima de la “contaminación moral” del capital, mientras recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.

    Es, en realidad, un apéndice de los brazos ideológicos del gran capital internacional, legitimado por un activismo de cartón que no modifica un ápice la vida concreta de los pueblos.

    Tan solo en 2020, la organización recibió más de un millón de dólares por parte de Fundación Ford emblema del filantrocapitalismo imperial, además de la American Jewish World Service Inc., el Wellspring Philanthropic Fund y la William & Flora Hewlett Foundation.

    Dinero que, lejos de alimentar luchas emancipatorias, convierte a PODER en punta de lanza del activismo burgués, reduciéndolo un dispositivo de neutralización política que opera con la máscara de la sociedad civil mientras refuerza los intereses de las élites transnacionales.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Declaración de un monto donado por Ford Foundation a PODER en 2020 para programas de justicia climática en México y América Central.
    Fuente: Ford Foundation, 2020.

    ¿Debemos escuchar a quienes solo rinden cuentas ante Washington y Nueva York

    Según el reporte de finanzas correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, la organización recibió un total de 981,052 dólares en donaciones y grants, de los cuales gastó 1,330,456 dólares, supuestamente pagando sólo 51,594 dólares en salarios y bonos a sus empleados.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Extracto de la declaración fiscal de PODER ante el IRS para el ejercicio de 2023.
    Fuente: Propública, consultada en octubre de 2025.

    Con este ejemplo, la pregunta permanece en el aire. ¿debemos escuchar a quienes solo rinden cuentas ante Washington y Nueva York para que sean ellos quienes nos enseñen de resistencia y protección del territorio?

    La verdadera emancipación de México también pasa por cuestionar la legitimidad e intereses del activismo fifí.

  • Salvaguarda o despojo, la trampa de Oceana en el mar mexicano

    Salvaguarda o despojo, la trampa de Oceana en el mar mexicano

    La ONG ambientalista Oceana presentó en marzo, una propuesta para instaurar una llamada zona de salvaguarda en aguas profundas para prohibir toda exploración y extracción de hidrocarburos de unas 346 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad de la Zona Económica Exclusiva en esa región.

    Amparan su petición en una figura ya existente en la Ley de Hidrocarburos, creada por decreto presidencial, y recuerdan que en 2016 se declararon cinco zonas de ese tipo sobre arrecifes y manglares.

    La diferencia es que ahora no se trata de áreas sensibles localizadas sino de un territorio inmenso que concentra parte de las reservas estratégicas del país.

    Estudios académicos muestran que cerca de 70% de las reservas probadas de hidrocarburos están en el mar y que en aguas profundas se concentra alrededor del 6%.

    No es todo el petróleo de México, pero sí una franja clave en la seguridad energética.

    Pretender prohibir allí cualquier actividad extractiva equivale a desarmar al Estado frente a las necesidades de financiamiento y transición.

    Reducir el debate a un número inflado de encuestados como lo hizo Oceana, es minimizar una discusión que corresponde al pueblo y al Estado.

    Para apuntalar la propuesta, Oceana difundió un estudio de opinión que supuestamente demuestra que 78% de los mexicanos respalda la idea.

    La encuesta fue realizada por teléfono a 350 personas y con un margen de error de casi 4 por ciento.

    El dato del 78% circula en comunicados y notas de prensa como verdad incuestionable, cuando en realidad es apenas un indicio condicionado por el tamaño y la forma de la muestra.

    No es la primera vez que una organización internacional pretende imponer una agenda energética disfrazada de preocupación ecológica.

    Se presenta como defensa del mar, pero en la práctica busca restringir la capacidad soberana de México de decidir sobre el uso de sus recursos estratégicos.

    No hay propuesta clara de sustitución de ingresos ni de alternativas productivas para las comunidades costeras, tampoco hay un plan sobre cómo cubrir las necesidades energéticas de millones de hogares.

    Greenpeace y su patriotismo convenenciero

    El Golfo de México es un espacio vital tanto por su biodiversidad como por su papel en la economía nacional.

    Reducir el debate a un número inflado de encuestados y a la propaganda de una ONG es minimizar una discusión que corresponde al pueblo y al Estado.

    La protección del mar no puede convertirse en pretexto para socavar la soberanía energética ni para atar las manos de un país que todavía depende de sus recursos naturales para sostener derechos sociales y financiar una transición energética justa.