Engenera —miembro del colectivo #CambiémoslaYa!— difundieron una publicación en su página de X (antes Twitter), acusando que la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitiría a Conagua autorizar descargas tóxicas de la industria minera en los cuerpos de agua del país.

Presentaron esta acusación como una advertencia urgente, cuando en realidad se trata de una lectura torcida que busca frenar un proceso histórico.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados restituye el carácter público y estratégico del agua y establece por primera vez un marco que protege el mínimo vital, prioriza el uso doméstico y cierra los resquicios que permitieron abusos empresariales desde 1992.

CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

#CambiémoslaYa! reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas.

Nada en el texto habilita concesiones para verter residuos mineros. De hecho, la propuesta endurece los requerimientos y exige que se certifiquen medidas de protección para población, cuerpos de agua, ecosistemas o zonas productivas.

La propia presidenta ha hecho claro que se está revisando el fraseo del articulo 118 de la propuesta de ley, para evitar ambigüedades y garantizar la rendición de cuentas por parte de las empresas mineras.

Además, la regulación general de descargas industriales en agua en México —la NOM001SEMARNAT2021, que entró en vigor en 2023— ha sido actualizada revisa límites permisibles, exige parámetros más para descargas residuales.

Además, la respuesta del gobierno federal ante las exigencias populares demuestra un compromiso inequívoco con ellas.

Claudia Sheinbaum lo expresó con claridad durante los macrobloqueos del 24 y 27 de noviembre, cuando afirmó que la nueva Ley General de Aguas era una de las exigencias que se estaban atendiendo desde el gobierno federal de manera prioritaria.

#CambiemoslaYa! insiste en que Conagua estaría a punto de transformarse en un brazo regulador a favor de la minería.

Aunque su argumento exige ignorar la reforma completa y la trayectoria de un gobierno que ha combatido la captura institucional de manera frontal.

Su postura reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas y la fantasía de protección ambiental exclusiva de la sociedad civil legitimada mediante credenciales académicas adquiridas en el extranjero.

Una visión cómoda para las ONG que construyen capital político administrando la crisis, no resolviéndola.