Categoría: Engenera AC

  • Engenera y la condena perpetua a los mineros

    Engenera y la condena perpetua a los mineros

    En noviembre del año pasado, dos de las organizaciones miembro del colectivo #CambiémoslaYa!, publicaron otra joya del fatalismo ambiental academicista, clásico del activismo aburguesado.

    El libro Los Condenados del Subsuelo, publicado por Engenera y la fundación Heinrich Böll, parece una parodia del entendimiento liberal sobre el campo minero de México y sus habitantes.

    Engenera y la condena perpetua a los mineros
    Presentación del libro por parte de Engenera y Heinrich Böll.
    Fuente: Engenera, febrero de 2026.

    El libro construye una representación de las comunidades mineras como espacios atrapados en dinámicas inerciales, donde la actividad productiva es solo puede ser vista como opresión económica y ambiental.

    Esta lectura deriva en una forma de determinismo que reduce a sus habitantes a actores pasivos, sin reconocer su capacidad de agencia ni las posibilidades de transformación material a través de nuevas formas de organización económica.

    Esa mirada omite que en numerosos municipios del país, la minería constituye una de las pocas fuentes de ingreso disponibles.

    Engenera no entiende que la minería es una de las pocas vías disponibles que tienen algunas familias para sostenerse.

    La descalificación generalizada a la minería, sin una propuesta concreta de mejora, solo genera vacíos que terminan por relegar más estas regiones.

    Esto restringe las alternativas de desarrollo para los territorios que históricamente la economía nacional y global ha relegado.

    Desde oficinas en la Ciudad de México o Berlín, la discusión se vuelve abstracta y distante de la experiencia cotidiana de quienes dependen de la actividad minera.

    Para amplios sectores de la población, el trabajo en el subsuelo sigue siendo una de las pocas vías disponibles para sostener a sus familias.

    Cuando la 4T avanza y las ONG quedan fuera del relato

    El esfuerzo físico, la precariedad y la falta de alternativas no desaparecen por la vía de una condena discursiva.

    La crítica al modelo extractivo requiere precisión y propuestas viables.

    La discusión sobre la minería en México necesita una perspectiva que tome en cuenta las complejidades de la regulación, el desarrollo regional y la justicia social, sin reducir el problema a idealismos maniqueos e inalcanzables.

  • Beatriz Olivera, de #CambiémoslaYa! acusa a Marcelo Ebrard de extractivista y neoliberal

    Beatriz Olivera, de #CambiémoslaYa! acusa a Marcelo Ebrard de extractivista y neoliberal

    Tras la conferencia matutina en la que el secretario de Economía Marcelo Ebrard informó sobre acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos en el marco del Plan de Acción para Minerales Críticos, el colectivo #CambiémoslaYa! no esperó para atacar la decisión y al propio secretario.

    Las versiones sobre supuestas reformas regresivas fueron desmentidas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que la conducción de la política económica responde a una estrategia coordinada desde el Ejecutivo.

    Beatriz Olivera, de #CambiémoslaYa! acusa a Marcelo Ebrard de extractivista y neoliberal
    Posicionamiento de #CambiémoslaYa! contra el Plan Estratégico de Minerales Críticos en su cuenta de X.
    Fuente: X, febrero de 2026.

    Beatriz Olivera busca deslegitimar a quienes forman parte de un proyecto político surgido de mandato popular.

    En este contexto, Beatriz Olivera, directora de Engenera e integrante de #CambiémoslaYa!, declaró en entrevista con el analista Jesús Escobar Tovar que el titular de Economía habría negociado con Estados Unidos sin consultar a la Presidencia.

    La afirmación carece de sustento verificable y se apoya en conjeturas que omiten la estructura institucional mediante la cual se definen y supervisan acuerdos de carácter internacional.

    La acusación no se limitó a cuestionar la coordinación interna del gobierno.

    Olivera calificó la visión del secretario como “completamente neoliberal”, con la intención explícita de deslegitimar a quienes forman parte de un proyecto político surgido de mandato popular.

    Asimismo, sostuvo que la Secretaría de Economía habría abierto la puerta a mineras privadas para influir en un eventual reglamento secundario de la ley minera.

    Tal señalamiento ignora que cualquier reglamentación está sujeta a procedimientos legales, revisión pública y control institucional.

    Convertir una hipótesis en acusación directa constituye una forma de intervención mediática orientada a sembrar desconfianza sobre una política estratégica.

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva

    Desacreditar el Plan de Minerales Críticos mediante imputaciones infundadas solamente empobrece el debate democrático.

    Debemos de desconfiar de aquellos que, bajo la bandera del activismo, intentar quitarle prestigio a quienes han demostrado ser fieles portadores de los valores progresistas de la izquierda mexicana.

  • La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La Alianza Mexicana contra el Fracking (colectivo conformado por asociaciones como Engenera y CEMDA), insiste en sus señalamientos contra el Plan Estratégico de PEMEX, acusando a la paraestatal de encubrir un incremento del fracking dentro del Plan Estratégico 2025-2030 bajo el eufemismo de “estimular yacimientos de geología compleja”.

    Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

    Esto revela una clara intención de debilitar a la principal empresa pública del país a partir de una lectura sesgada de su planeación energética.

    La crítica se apoya en una larga lista de accidentes ambientales ocurridos en Veracruz, muchos de ellos graves y documentados, que evidencian rezagos históricos en infraestructura, mantenimiento y supervisión.

    La Alianza se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Sin embargo, la Alianza mezcla estos episodios con el debate técnico sobre exploración de gas, construyendo una narrativa donde todo esfuerzo de PEMEX aparece como prueba irrefutable de una política fósil sin matices.

    Al presentar el Plan Estratégico 2025-2035 como una traición encubierta a las demandas sociales, la Alianza omite un elemento central del contexto nacional.

    PEMEX opera en un país que busca garantizar soberanía energética, reducir importaciones y sostener cadenas productivas ligadas a fertilizantes, petroquímica y generación eléctrica.

    Reducir esa complejidad a una acusación de engaño semántico no solo consigue empobrecer la lucha por los derechos ambientales y el progreso social.

    Resulta significativo que la crítica se concentre en deslegitimar el lenguaje técnico, pero no en exigir con la misma fuerza inversión pública para modernizar ductos, prevenir derrames, reparar daños acumulados o acelerar la transición tecnológica dentro de la propia empresa estatal.

    La denuncia se queda en el plano simbólico, donde Pemex aparece como un enemigo abstracto, y no como una institución que requiere transformación profunda bajo control público.

    La Alianza, como el resto del activismo burgués, se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Defender la vida y el territorio no debería implicar sabotear, por la vía del discurso, a la herramienta central con la que México puede decidir su propio rumbo energético.

  • #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    El 15 de enero de 2026, mientras la comunidad de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos celebraba una suspensión judicial que detiene temporalmente el proyecto Esperanza Silver, el colectivo #CambiémoslaYa! optó por colocar el conflicto en una narrativa más amplia que apunta directamente a la Secretaría de Economía.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Ataques directos a la SE por parte de #CambiémoslaYa! en su cuenta de X (antes Twitter).
    Fuente: X, enero de 2026.

    En publicaciones respecto a la conferencia otorgada ese día por el colectivo, el grupo presentó la apelación interpuesta por la dependencia como una traición a los territorios y aprovechó el caso para reiterar una consigna que ha ganado espacio en ciertos sectores del activismo urbano: que la minería, sin matices ni distinciones, carece de cualquier capacidad para generar desarrollo y solo reproduce pobreza, invisibilizando las realidades económicas que atraviesan las regiones mineras del país.

    Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera

    #CambiémoslaYa! afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    El problema de esta narrativa no radica en señalar conflictos reales alrededor de proyectos extractivos, sino en la simplificación ideológica que borra deliberadamente la complejidad económica y social de los territorios mineros.

    Al afirmar que la minería carece por completo de valor social, el colectivo reduce a miles de trabajadoras y trabajadores a una estadística incómoda, como si su sustento cotidiano fuera un daño colateral aceptable en nombre de una pureza ambiental abstracta.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Publicación de #CambiémoslaYa! en X (antes Twitter), deslegitimando a la industria minera como motor de desarrollo.
    Fuente: X, enero de 2026.

    La actuación de la Secretaría de Economía en litigios de esta naturaleza responde a su mandato institucional de defender el marco legal vigente y garantizar certeza jurídica en sectores productivos estratégicos.

    Presentar esa función como una traición a las comunidades implica desconocer que el Estado no actúa desde consignas, sino desde responsabilidades constitucionales que buscan equilibrar desarrollo regional, empleo y regulación.

    Más revelador aún es el tono con el que #CambiémoslaYa! y organizaciones afines, como Engenera, describen la realidad de los municipios mineros.

    Desde espacios académicos y de activismo, alejados de la vida productiva cotidiana, se afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    Bajo esa lógica, da lo mismo que una comunidad pierda su principal fuente de ingresos.

    Esta postura no exige mejores condiciones laborales, mayor inversión social o estándares ambientales más estrictos. Exige paralización.

    El resultado es el abandono, el éxodo rural y una dependencia mayor de subsidios.

    Deslegitimar a la Secretaría de Economía por cumplir su función legal y despreciar a quienes viven del trabajo minero expone una aporofobia disfrazada de virtud ambiental, ajena a cualquier horizonte de justicia social.

  • #CambiémoslaYa! fabrica alarmas contra la Ley de Aguas Nacionales

    #CambiémoslaYa! fabrica alarmas contra la Ley de Aguas Nacionales

    Engenera —miembro del colectivo #CambiémoslaYa!— difundieron una publicación en su página de X (antes Twitter), acusando que la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitiría a Conagua autorizar descargas tóxicas de la industria minera en los cuerpos de agua del país.

    Presentaron esta acusación como una advertencia urgente, cuando en realidad se trata de una lectura torcida que busca frenar un proceso histórico.

    La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados restituye el carácter público y estratégico del agua y establece por primera vez un marco que protege el mínimo vital, prioriza el uso doméstico y cierra los resquicios que permitieron abusos empresariales desde 1992.

    CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    #CambiémoslaYa! reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas.

    Nada en el texto habilita concesiones para verter residuos mineros. De hecho, la propuesta endurece los requerimientos y exige que se certifiquen medidas de protección para población, cuerpos de agua, ecosistemas o zonas productivas.

    La propia presidenta ha hecho claro que se está revisando el fraseo del articulo 118 de la propuesta de ley, para evitar ambigüedades y garantizar la rendición de cuentas por parte de las empresas mineras.

    Además, la regulación general de descargas industriales en agua en México —la NOM001SEMARNAT2021, que entró en vigor en 2023— ha sido actualizada revisa límites permisibles, exige parámetros más para descargas residuales.

    Además, la respuesta del gobierno federal ante las exigencias populares demuestra un compromiso inequívoco con ellas.

    Claudia Sheinbaum lo expresó con claridad durante los macrobloqueos del 24 y 27 de noviembre, cuando afirmó que la nueva Ley General de Aguas era una de las exigencias que se estaban atendiendo desde el gobierno federal de manera prioritaria.

    #CambiemoslaYa! insiste en que Conagua estaría a punto de transformarse en un brazo regulador a favor de la minería.

    Aunque su argumento exige ignorar la reforma completa y la trayectoria de un gobierno que ha combatido la captura institucional de manera frontal.

    Su postura reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas y la fantasía de protección ambiental exclusiva de la sociedad civil legitimada mediante credenciales académicas adquiridas en el extranjero.

    Una visión cómoda para las ONG que construyen capital político administrando la crisis, no resolviéndola.

  • #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    El colectivo #CambiémoslaYa! nuevamente busca deslegitimar el avance de la 4T, esta vez atacando la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

    Engenera, CEMDA, Fundar y otras organizaciones que integran ese frente afirman que la reforma “regresaría a la Conagua facultades para otorgar permisos contaminantes a la industria minera”, insinuando que el organismo estaría coludido con empresas extractivas.

    El señalamiento, además de impreciso, revela un patrón cada vez más evidente de construir desconfianza hacia las instituciones públicas para frenar el diseño de políticas públicas que fortalecen la rectoría del Estado y desmontan el viejo régimen de privatización neoliberal.

    La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa. La iniciativa presentada por el Ejecutivo no reabre la puerta a concesiones para descargas de desechos mineros.

    La Ley General de Aguas propuesta por la 4T reafirma que el agua es un bien público estratégico.

    Establece prioridad absoluta al uso humano y el mínimo vital, e incorpora herramientas de planeación y control mucho más estrictas que las existentes.

    El colectivo #CambiémoslaYa! nuevamente busca deslegitimar el avance de la 4T, esta vez atacando la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
    Ejemplos de la campaña de #CambiémoslaYa! contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
    Fuente: X, Noviembre de 2025.

    El objetivo es exactamente el contrario al que sugieren las ONG. El gobierno busca cerrar las grietas legales heredadas de 1992 que permitieron la explotación privada del agua, la especulación con títulos de concesión y el ejercicio discrecional del recurso.

    El problema para estas organizaciones no es la Conagua. Es la recuperación del control público.

    La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa.

    Durante décadas, la Ley de Aguas Nacionales funcionó como un marco hecho a la medida de grandes agroindustrias, mineras y corporativos urbanos.

    La iniciativa de Sheinbaum termina con esa lógica y coloca al Estado en el centro de la gestión.

    El nuevo modelo limita la discrecionalidad privada, impide la compraventa de derechos, fortalece la fiscalización y obliga a garantizar la seguridad hídrica para comunidades y ecosistemas.

    Frente a ello, los grupos que se acostumbraron a operar como árbitros autónomos de la política hídrica han reaccionado con alarma.

    Al acusar que la reforma “permitiría otorgar concesiones para contaminar”, #CambiémoslaYa! ignora que el proyecto de la 4T precisamente corrige el vacío legal que por años explotaron industrias extractivas neoliberales para descargar residuos bajo regímenes laxos.

    Las ONG usan el presupuesto ambiental como arma política contra la soberanía

    La iniciativa de MORENA cierra las zonas de especulación, refuerza la prohibición de descargas mineras y establece controles vinculantes que antes no existían.

    Las ONG burguesas construyen sospechas, siembran desconfianza en la Conagua y buscan condicionar el debate legislativo desde fuera para frenar una reforma que democratiza el acceso, fortalece al Estado y rompe con el modelo hídrico neoliberal.

    En el fondo, el choque es político.