En el debate público sobre la pesca y conservación de nuestros océanos, han ganado espacio asociaciones extranjeras de autonombrado activismo ambiental que construyen diagnósticos generales y prescriptivos sobre realidades que no conocen en profundidad.
Bajo un lenguaje aparentemente técnico, estas organizaciones colocan a la pesca como una actividad inherentemente destructiva.
Sin distinguir contextos, escalas ni sujetos sociales, y sin asumir las implicaciones económicas y territoriales de sus postulados.
Fuente: Greenpeace México, 2026.
El problema de fondo no radica en reconocer la necesidad de regulación ni en negar los retos ambientales reales.
Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular
Greenpeace olvida que la pesca representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.
El conflicto aparece cuando la crítica se formula como un ataque generalizado a la pesca y a la acuacultura, ignorando que ambas sostienen a cientos de miles de familias.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la pesca y la acuacultura representan uno de los subsectores con mayor proyección de desarrollo.
Apoyado en innovación tecnológica, manejo científico y esquemas de sustentabilidad.
En estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Chiapas o Yucatán, estas actividades representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.
La acuacultura, en particular, ha permitido transitar hacia un mayor control ambiental del recurso.
Reduciendo presiones sobre poblaciones silvestres y generando oportunidades productivas tanto en zonas rurales como periurbanas.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2024.
La narrativa de Greenpeace tiende a omitir esta complejidad. Al concentrarse en prácticas destructivas reales, como la pesca de arrastre a gran escala, termina por diluir la diferencia entre modelos industriales depredadores y esquemas comunitarios o regulados.
Ese enfoque castiga por igual a cooperativas, productores sociales y cadenas productivas nacionales que han avanzado hacia estándares más responsables.
Desde una perspectiva de transformación, regular resulta indispensable, pero deslegitimar industrias completas no lo es.
El proyecto de país que impulsa la Cuarta Transformación parte de un principio distinto, fortalecer capacidades productivas nacionales, proteger el medio ambiente y sostener a las comunidades que históricamente han vivido del mar.
Sin esa mirada integral, la crítica ambiental corre el riesgo de convertirse en un discurso desconectado de la realidad social mexicana y de las necesidades de desarrollo con justicia territorial.