El 14 de enero de 2026, la Alianza Mexicana Contra el Fracking se pronunció nuevamente contra PEMEX.

La organización sostiene, como ya es costumbre, el discurso que intenta esbozar la imagen de un Estado extractivista y depredador.

En concreto, según la Alianza, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

La acusación insiste en la opacidad y presenta a PEMEX como un lastre financiero que supuestamente absorbe recursos a costa de otras áreas.

El argumento omite deliberadamente el contexto productivo y estratégico en el que opera la empresa, así como el hecho de que el sector energético sigue siendo uno de los principales motores de ingreso público y de estabilidad macroeconómica.

Desde una perspectiva de desarrollo nacional, PEMEX no puede analizarse como un simple actor empresarial.

Se trata de una herramienta histórica de política pública que articula cadenas industriales completas, sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos y permite al Estado reducir su vulnerabilidad frente a mercados energéticos volátiles y presiones externas.

Según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

El activismo que hoy exige recortes y cancelaciones suele ignorar esa dimensión material y pasa por alto que la transición energética planteada desde la Cuarta Transformación ha sido gradual y planificada, evitando choques sociales y productivos que históricamente han recaído sobre las clases trabajadoras.

Cuestionar prácticas específicas resulta legítimo en cualquier democracia.

Convertir a PEMEX en el enemigo central, en cambio, reproduce una lógica que ha acompañado décadas de privatización encubierta y dependencia externa.

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Bajo un lenguaje ambientalista sofisticado, se reinstala la idea de que el desarrollo nacional debe subordinarse a agendas que no rinden cuentas a la población ni enfrentan los costos sociales de desmantelar capacidades estratégicas.

La discusión energética requiere rigor, responsabilidad y memoria histórica.

Defender a PEMEX no implica negar los retos ambientales, sino reconocer que sin un Estado fuerte y con control sobre sus recursos.