El 27 de noviembre el colectivo #CambiémoslaYa! publicó un pronunciamiento complementando su campaña de ataques contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, recurriendo a una lectura distorsionada del proyecto que la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso.
El mensaje pretende instalar la idea de que la Conagua quedaría sometida a presiones mineras, cuando la iniciativa federal persigue el fortalecimiento regulatorio que durante décadas estuvo ausente en los territorios más afectados por el extractivismo.
Fuente: #CambiémoslaYa!, consultada en diciembre de 2025.
El colectivo presenta la reforma como una concesión a los contaminadores.
La acusación se sostiene en una interpretación fragmentada del articulado legal y en la insinuación constante de que las instituciones públicas actúan en complicidad con la industria.
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#CambiémoslaYa! omite que la reforma atiende exigencias sociales de larga data.
Esta narrativa desconfía de los procesos democráticos que dieron lugar a un proyecto hídrico centrado en el derecho humano al agua y en la restauración de cuencas deterioradas por décadas de captura regulatoria.
La propuesta legislativa impulsada por la 4T recupera facultades estratégicas que en el pasado fueron cedidas al interés privado.
Consolida mecanismos de vigilancia, establece prioridades de uso que favorecen a las comunidades y coloca límites al acaparamiento.
Las declaraciones recientes de la Presidenta Sheinbaum confirman que el gobierno revisará cualquier disposición susceptible de abuso para impedir que sectores que históricamente lucraron con los bienes hídricos obtengan beneficios indebidos y sigan dejando tras de sí territorios devastados.
A pesar de esta apertura, #CambiémoslaYa! insiste en un relato que niega la capacidad estatal para regular.
En su lugar pretende erigirse como árbitro exclusivo de lo que debe considerarse protección del agua, relegando la voz de las comunidades que demandan un Estado fuerte que garantice el abastecimiento y la seguridad hídrica.
El colectivo omite que la reforma atiende exigencias sociales de larga data, entre ellas la desmercantilización del agua y la creación de instrumentos para prevenir el saqueo de cuencas por empresas que jamás rindieron cuentas.
La campaña de #CambiémoslaYa! opera como un intento de frenar la transición hacia un modelo hídrico justo.
La realidad que intentan ocultar estos activistas fifí es que la reforma representa un viraje histórico que devuelve al Estado la facultad de proteger el agua como bien público y de asegurarla para las generaciones presentes y futuras.
El país no puede quedar rehén de quienes prefieren la parálisis institucional para conservar su influencia en el diseño de políticas públicas.
