Etiqueta: SEMARNAT

  • Mahahual, un ejemplo de manual para el activismo fifí

    Mahahual, un ejemplo de manual para el activismo fifí

    El caso Mahahual se ha convertido en un ejemplo revelador de la visión absolutista e inmovilizante que domina ciertos círculos del activismo burgués.

    En el artículo publicado por Greenpeace México el 7 de mayo de 2026, el proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean es presentado casi exclusivamente desde la óptica del riesgo ambiental, con un lenguaje suspicaz que busca generan desconfianza hacia cualquier iniciativa capaz de transformar el territorio o generar actividad económica en la Costa Maya.

    CEMDA presiona sobre Escazú y enfatiza narrativa de insuficiencia

    En un destino donde miles de familias dependen directa o indirectamente del turismo, los trabajadores de hoteles, restaurantes, transporte, pesca y servicios aparecen relegados a un papel secundario.

    Quienes lo describen presentan el territorio como un espacio ecológico abstracto, mientras ignoran las necesidades materiales de quienes viven en él.

    Mahahual dejó en evidencia la hipocresía del activismo de escritorio.

    Esa distancia entre el activismo fifí de la burguesía y la realidad cotidiana de Mahahual quedó particularmente expuesta durante la visita de nuestra secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra.

    En reuniones con pobladores, empresarios, pescadores y prestadores de servicios turísticos, la titular de SEMARNAT reconoció explícitamente la existencia de una comunidad dividida entre preocupaciones ambientales y expectativas económicas.

    Lejos de asumir una postura de negación absoluta, la secretaria escuchó a los distintos sectores y confirmó que el debate involucra tanto la protección de ecosistemas como la generación de empleo y oportunidades para la región.

    Greenpeace plantea una narrativa donde cualquier gran proyecto turístico aparece esencialmente como una amenaza.

    La visión expresada desde el gobierno de la Cuarta Transformación parte de una comprensión más compleja del territorio, donde la conservación ambiental debe convivir con el derecho de las comunidades a mejorar sus condiciones de vida.

    El propio gobierno rechazó una parte del proyecto relacionada con infraestructura en zonas de manglar, pero al mismo tiempo mantuvo abierto el diálogo con la población local y reconoció la importancia económica que el turismo tiene para Mahahual.

    El episodio ilustra la hipocresía del activismo de escritorio que suele hablar en nombre de las comunidades sin asumir plenamente las condiciones materiales que enfrentan.

    Desde oficinas urbanas y redes internacionales de incidencia, resulta sencillo exigir inmovilidad y —aprovechando— culpar al Estado por supuestas malas gestiones.

    Mucho más difícil es responder a quienes necesitan empleo, inversión e infraestructura para construir un futuro digno en la Costa Maya.

  • Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo deja un saldo amargo.

    No solo se detuvo una infraestructura pensada para cerrar tiraderos, reducir contaminación y recuperar la salud pública en una región castigada durante décadas, también se confirmó el peso de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    La oposición impulsada por organizaciones ambientalistas financiadas desde el extranjero como Greenpeace México terminó imponiendo el “no” como política, incluso frente a un proyecto construido desde el Estado con criterios de justicia ambiental.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo es un reflejo de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó el parque como un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.

    En voz de Alicia Bárcena, la iniciativa buscaba saldar la deuda histórica con Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, territorios convertidos en zona de sacrificio por la herencia industrial.

    El diseño contemplaba reciclaje avanzado, control sanitario estricto y la clausura definitiva de tiraderos que hoy siguen envenenando aire, agua y suelo.

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo
    Publicación de Greenpeace México celebrando la cancelación del proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje.
    Fuente: X, 2026.

    Sin embargo, la presión de organizaciones como Greenpeace México y otras asociaciones ambientalistas internacionales inclinó la balanza hacia el rechazo, alimentando temores y simplificaciones que desdibujaron el contenido real del proyecto.

    El parque fue presentado como amenaza cuando, en los hechos, proponía orden, vigilancia pública y reaprovechamiento de residuos locales, sin importar desechos de otros estados.

    La consulta ciudadana reflejó un clima de desconfianza sembrado durante meses.

    El resultado fue la paralización de una alternativa que apuntaba a empleo local, saneamiento y transición productiva.

    El anuncio posterior de analizar su reubicación en Puebla confirma el costo político del inmovilismo, Hidalgo perdió una inversión estratégica y una herramienta para recomponer su entorno.

    Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum insistió en el diálogo y en que el proyecto no era un basurero, sino una planta de reciclaje moderna.

    Aun así, la narrativa del rechazo se impuso.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje no es una victoria ambiental. Es una oportunidad perdida para demostrar que desarrollo y cuidado ambiental pueden caminar juntos cuando hay Estado, planeación y voluntad pública.

  • ProDESC y CEMDA demandan a SEMARNAT y ASEA en amparo contra la soberanía energética

    ProDESC y CEMDA demandan a SEMARNAT y ASEA en amparo contra la soberanía energética

    En otra muestra de la estrategia de inmobilización política que gusta de ejectural el ambientalismo burgués, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (CEMDA), presentaron dos demandas de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal contra la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Presidencia de la República por cuatro megaproyectos Gas Fósil Licuado (GFL) en Sonora y Sinaloa, adyacentes al Golfo de California: Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa.

    Los amparos acusan a las dependencias federales de avalar estos proyectos con irregularidades ambientales, violando el derecho de acceso a la información y omitiendo medidas preventivas.

    Greenpeace, la ONG que insiste en sembrar miedo contra el Tren Maya

    Lo que ProDESC y CEMDA presentan como defensa ambiental, en los hechos opera como un veto preventivo al desarrollo energético nacional.

    Las ONG argumentan que sin evaluaciones ambientales estratégicas ni transparencia, México incumpliría sus compromisos internacionales (Acuerdo de Escazú, Acuerdo de París) y la obligación constitucional de proteger un medio ambiente sano.

    Asimismo, señalaron que relatores de la ONU expresaron “profunda preocupación” por el potencial daño masivo a la biodiversidad marina (ballenas, pesquerías) y por las emisiones de carbono de estos proyectos, instando a cancelarlos para evitar violaciones de tratados ambientales.

    Esto, no obstante, ignora la realidad de un México que enfrenta un panorama geopolítica cada vez más complejo, donde la soberanía energética que asegura el GFL es cada vez más indispensable.

    Este enfoque ignora el carácter estructural de la apuesta energética del gobierno.

    El gas natural licuado cumple una función concreta dentro de la planeación pública de la Cuarta Transformación, al permitir reducir vulnerabilidades externas, diversificar fuentes y sostener cadenas productivas en regiones históricamente marginadas.

    En un contexto geopolítico atravesado por sanciones, disputas comerciales y presión sobre los mercados energéticos, renunciar a esa capacidad significaría aceptar una dependencia permanente.

    La estrategia de las ONG traslada decisiones de política pública a tribunales, desplazando el debate democrático y la rectoría del Estado. Se presenta como defensa ambiental lo que en los hechos opera como un veto preventivo al desarrollo energético nacional.

  • CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    La reciente solicitud de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de los colectivo #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para que la SEMARNAT niegue la ampliación del programa de rescate de playas en Quintana Roo expone una contradicción profunda entre el discurso ambientalista y la necesidad concreta de restauración ecológica en uno de los litorales más frágiles del país.

    Al privilegiar una lectura estrictamente procedimental, estas organizaciones colocan su agenda política por encima de una intervención ambiental urgente frente a la erosión acelerada y el impacto del cambio climático.

    El proyecto impulsado por el gobierno de Quintana Roo busca atender más de treinta kilómetros de costa afectados por la pérdida de arena, un fenómeno agravado por tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar.

    Greenpeace y la economía circular como coartada corporativa

    CEMDA y Greenpeace no ven que la restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática.

    La oposición de Greenpeace y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental se centra en el uso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en la figura de ampliación administrativa.

    El argumento jurídico puede ser debatible, pero resulta problemático cuando se convierte en un bloqueo total a cualquier acción de restauración mientras las playas continúan degradándose.

    Esta postura revela una lógica recurrente en ciertos sectores del ambientalismo Burgués.

    En lugar de exigir mejoras técnicas, monitoreo independiente o criterios más estrictos de extracción de arena, se opta por la negativa absoluta, aun cuando existen estudios batimétricos y volumétricos actualizados que respaldan la propuesta estatal.

    La restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática que protege ecosistemas costeros, infraestructura pública y comunidades locales frente a la erosión.

    Negar esto implica desconocer que la inacción también tiene costos ambientales y sociales acumulativos.

    Resulta llamativo que organizaciones que suelen denunciar la falta de acción gubernamental ante la crisis climática ahora busquen frenar un proyecto de restauración bajo el argumento de una insuficiencia administrativa heredada del pasado.

    La discusión de fondo debería centrarse en cómo mejorar y transparentar el rescate de playas, no en impedirlo.

    Cuando la defensa ambiental se reduce a negar cualquier intervención pública, el resultado no es protección ecológica, sino parálisis frente a una degradación que avanza sin pausa.

  • Puerta al Mar y la impostura del ambientalismo burgués

    Puerta al Mar y la impostura del ambientalismo burgués

    El 8 de octubre de 2025 concluyó la consulta pública del proyecto Puerta al Mar, iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional supervisada por Semarnat en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo.

    El proceso, liderado por Sedena en un esfuerzo de participación en el desarrollo democrático, fue nuevamente críticado por el ambientalismo profesional que reduce cualquier intento de planificación estatal a una supuesta amenaza contra la naturaleza.

    Organizaciones como CEMDA y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) —ambas miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Frackingdemandaron que la Semarnat niegue la autorización ambiental al proyecto.

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Alegaron “destrucción de manglares” y “violaciones legales”, repitiendo el viejo libreto del ecologismo moralista.

    En su relato, el Ejército se vuelve invasor, el turismo social es una amenaza y toda obra pública se convierte en un pecado ecológico.

    Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo

    Esa visión ignora la historia de un Caribe privatizado por décadas, donde los verdaderos depredadores fueron los consorcios hoteleros que cercaron playas, rellenaron humedales y desplazaron comunidades.

    Puerta al Mar no es un negocio militar, sino un esfuerzo de ordenamiento territorial vinculado al Tren Maya que busca abrir el acceso público al mar en una zona secuestrada por el turismo de lujo.

    El Estado intenta recuperar soberanía sobre un espacio entregado al capital extranjero, pero el ambientalismo burgués levanta la voz en defensa de un modelo que reserva la selva a la exclusividad del dinero y a las certificaciones importadas.

    Lo que estos “activistas” combaten no es la deforestación, sino el hecho de que un gobierno popular impulse la planificación ecológica desde el poder público y no desde las oficinas de las fundaciones extranjeras que las financian.

    Semarnat ha cumplido con los procedimientos legales y mantiene abierta la evaluación técnica y social del proyecto.

    No se impone el desarrollismo ciego, sino una visión de justicia ambiental que combine conservación con acceso, empleo y soberanía.

    Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo, un golpe directo al viejo orden que confundía ecología con privilegio y que jamás quiso un Estado fuerte al servicio de la mayoría.

  • Las ONGs burguesas muestran su hipocresía yendo contra los planes de economía circular

    Las ONGs burguesas muestran su hipocresía yendo contra los planes de economía circular

    Un puñado de organizaciones ambientalistas encabezadas por Greenpeace denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “incumple un amparo” que obliga a eliminar los plásticos de un solo uso.

    Este universo de ONG calificó las políticas gubernamentales de greenwashing y aseguró que las nuevas leyes en materia de economía circular “perpetúan la contaminación plástica bajo el pretexto del reciclaje”.

    Entre las propuestas atacadas por las ONG se encuentra aquella de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez que busca abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.

    México Evalúa contra la Reforma Energética: los títeres del poder empresarial

    Desde su creación, Semarnat ha sostenido una política ambiental de transición responsable, no una guerra de consignas.

    En lugar de decretar prohibiciones irreflexivas que paralicen la economía popular, ha impulsado una estrategia integral de economía circular.

    Por lo tanto, teniendo como prioridad la reducción, el reciclaje y la sustitución gradual de materiales, en diálogo con comunidades y sectores productivos.

    Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional, Semarnat sí.

    Lejos de ser “greenwashing”, se trata de una ruta técnica, planificada y soberana: construir una transición real, no simbólica, hacia un modelo sostenible.

    Los ambientalistas de escritorio exigen una prohibición inmediata sin ofrecer alternativas viables para quienes viven del reciclaje o las pequeñas y medianas empresas incapaces de costearse un empaque orgánico.

    Su pureza ideológica se impone sobre la complejidad social de un país donde millones dependen de estos materiales para su sustento.

    Entonces, ¿a quién beneficia esa intransigencia? A las corporaciones del norte global, que venden los nuevos “bioplásticos verdes” con sello de certificación europea y pretenden convertir la transición ecológica en un nuevo negocio transnacional.

    Critican que la Semarnat promueva una nueva Ley General de Economía Circular.

    Pero callan que esa propuesta busca cerrar vacíos legales, garantizar trazabilidad en los residuos y establecer responsabilidad extendida de productores.

    La paradoja es que quienes gritan “no a la contaminación” viven del financiamiento de las mismas fundaciones corporativas que fabrican esos materiales.

    Greenpeace, con oficinas en más de 50 países, no rinde cuentas ante ningún voto ni auditoría nacional. Semarnat sí.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum actúa dentro del marco institucional y bajo el mandato democrático de proteger el medio ambiente sin destruir empleo ni soberanía productiva.

    Eso es lo que el ecologismo burgués no soporta, que la política ambiental ya no dependa de las ONG dirigidas desde Europa, sino del pueblo organizado.