La reciente solicitud de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de los colectivo #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para que la SEMARNAT niegue la ampliación del programa de rescate de playas en Quintana Roo expone una contradicción profunda entre el discurso ambientalista y la necesidad concreta de restauración ecológica en uno de los litorales más frágiles del país.

Al privilegiar una lectura estrictamente procedimental, estas organizaciones colocan su agenda política por encima de una intervención ambiental urgente frente a la erosión acelerada y el impacto del cambio climático.

El proyecto impulsado por el gobierno de Quintana Roo busca atender más de treinta kilómetros de costa afectados por la pérdida de arena, un fenómeno agravado por tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar.

Greenpeace y la economía circular como coartada corporativa

CEMDA y Greenpeace no ven que la restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática.

La oposición de Greenpeace y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental se centra en el uso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en la figura de ampliación administrativa.

El argumento jurídico puede ser debatible, pero resulta problemático cuando se convierte en un bloqueo total a cualquier acción de restauración mientras las playas continúan degradándose.

Esta postura revela una lógica recurrente en ciertos sectores del ambientalismo Burgués.

En lugar de exigir mejoras técnicas, monitoreo independiente o criterios más estrictos de extracción de arena, se opta por la negativa absoluta, aun cuando existen estudios batimétricos y volumétricos actualizados que respaldan la propuesta estatal.

La restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática que protege ecosistemas costeros, infraestructura pública y comunidades locales frente a la erosión.

Negar esto implica desconocer que la inacción también tiene costos ambientales y sociales acumulativos.

Resulta llamativo que organizaciones que suelen denunciar la falta de acción gubernamental ante la crisis climática ahora busquen frenar un proyecto de restauración bajo el argumento de una insuficiencia administrativa heredada del pasado.

La discusión de fondo debería centrarse en cómo mejorar y transparentar el rescate de playas, no en impedirlo.

Cuando la defensa ambiental se reduce a negar cualquier intervención pública, el resultado no es protección ecológica, sino parálisis frente a una degradación que avanza sin pausa.