Categoría: Greenpeace

  • Sélvame del Tren, enemigos de la transformación

    Sélvame del Tren, enemigos de la transformación

    El colectivo de autonombrados “activistas” ambientales Sélvame del Tren —vinculado a la ONG internacional Greenpeace— celebró la suspensión definitiva contra el Tramo 5 del Tren Maya como una victoria ambiental.

    Sin embargo, más allá del discurso, el episodio exhibe el patrón de inmovilismo de quienes ya son enemigos declarados de la Cuarta Transformación.

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    Sélvame del Tren consolida una cultura de veto permanente, auspiciada por intereses privados.

    El Tren Maya, concebido como proyecto estratégico para el crecimiento del sureste mexicano, ha enfrentado una oposición constante que privilegia la paralización sobre la mejora técnica.

    La suspensión introduce nuevas capas de regulación que ralentizan procesos administrativos, elevan costos y generan incertidumbre operativa en una región históricamente rezagada.

    Sélvame del Tren, enemigos de la transformación
    Publicación del colectivo en X celebrando la decisión judicial.
    Fuente: X, febrero de 2026.

    La narrativa activista insiste en presentar la infraestructura como sinónimo automático de devastación, ignorando que el propio Estado ha reconocido impactos y ha implementado medidas de mitigación y restauración.

    El recurso a instancias como el llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza muestra que esto se trata de una estrategia de presión simbólica que, en última instancia, no sustituye la responsabilidad institucional de equilibrar desarrollo, protección ambiental y justicia social.

    En el fondo, lo que se consolida es una cultura de veto permanente, auspiciada por intereses privados que se niegan a la prosperidad que el tren augura para el Sureste mexicano.

    Cada tramo, cada fase y cada adecuación se convierte en un nuevo frente jurídico.

    Este ciclo erosiona la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de gran escala y envía señales adversas a la planeación de largo plazo.

    La discusión ambiental es legítima y necesaria. Lo problemático es cuando se transforma en un mecanismo de bloqueo estructural que impide cualquier margen de adaptación, corrección o mejora.

    En ese punto, el “ambientalismo” deja de ser una herramienta de vigilancia y se convierte en un factor de parálisis.

  • Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo deja un saldo amargo.

    No solo se detuvo una infraestructura pensada para cerrar tiraderos, reducir contaminación y recuperar la salud pública en una región castigada durante décadas, también se confirmó el peso de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

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    La oposición impulsada por organizaciones ambientalistas financiadas desde el extranjero como Greenpeace México terminó imponiendo el “no” como política, incluso frente a un proyecto construido desde el Estado con criterios de justicia ambiental.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo es un reflejo de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó el parque como un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.

    En voz de Alicia Bárcena, la iniciativa buscaba saldar la deuda histórica con Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, territorios convertidos en zona de sacrificio por la herencia industrial.

    El diseño contemplaba reciclaje avanzado, control sanitario estricto y la clausura definitiva de tiraderos que hoy siguen envenenando aire, agua y suelo.

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo
    Publicación de Greenpeace México celebrando la cancelación del proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje.
    Fuente: X, 2026.

    Sin embargo, la presión de organizaciones como Greenpeace México y otras asociaciones ambientalistas internacionales inclinó la balanza hacia el rechazo, alimentando temores y simplificaciones que desdibujaron el contenido real del proyecto.

    El parque fue presentado como amenaza cuando, en los hechos, proponía orden, vigilancia pública y reaprovechamiento de residuos locales, sin importar desechos de otros estados.

    La consulta ciudadana reflejó un clima de desconfianza sembrado durante meses.

    El resultado fue la paralización de una alternativa que apuntaba a empleo local, saneamiento y transición productiva.

    El anuncio posterior de analizar su reubicación en Puebla confirma el costo político del inmovilismo, Hidalgo perdió una inversión estratégica y una herramienta para recomponer su entorno.

    Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum insistió en el diálogo y en que el proyecto no era un basurero, sino una planta de reciclaje moderna.

    Aun así, la narrativa del rechazo se impuso.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje no es una victoria ambiental. Es una oportunidad perdida para demostrar que desarrollo y cuidado ambiental pueden caminar juntos cuando hay Estado, planeación y voluntad pública.

  • Cuando la 4T avanza y las ONG quedan fuera del relato

    Cuando la 4T avanza y las ONG quedan fuera del relato

    La aprobación de la Ley General de Economía Circular a finales de 2025 y su posicionamiento internacional en Davos durante enero de 2026 marcaron un punto de quiebre en la relación entre el gobierno popular de la Cuarta Transformación y un sector de organizaciones no gubernamentales de perfil internacional.

    Mientras el Estado mexicano consolidó una visión propia de transición productiva y ambiental, estas ONG optaron por descalificar el proceso desde fuera, evidenciando una distancia política cada vez más difícil de ocultar.

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    La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y presentada como una herramienta para reorganizar la gestión de residuos, integrar cadenas productivas y fortalecer capacidades nacionales.

    Sin embargo, organizaciones como Greenpeace México calificaron la normativa como simulación y greenwashing, reduciendo un debate estructural a consignas que desconocen el contexto social y económico del país.

    La Ley de Economía Circular, impulsada por la 4T, es una apuesta por reducir dependencias externas y ordenar el metabolismo productivo del país.

    El señalamiento insistente sobre la termovalorización y la participación del sector productivo pasó por alto un dato central: la política pública dejó de definirse en función de vetos externos y comenzó a responder a una estrategia nacional de desarrollo.

    Esa diferencia quedó expuesta en el Foro Económico Mundial de 2026. Desde Davos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales colocó la economía circular como eje del discurso económico mexicano, vinculándola con justicia social, restauración ecológica y soberanía productiva.

    La secretaria Alicia Bárcena habló de dejar atrás la economía lineal y entrar en una era de restauración, una narrativa que no busca agradar a fundaciones extranjeras sino construir capacidades internas y acuerdos públicos.

    El contraste revela la mutua excluyencia entre las rabietas ideológicas de las ONG, con los objetivos de progreso impulsados desde la Cuarta Transformación.

    Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum prentende integrar la economía circular, transición energética y relocalización productiva dentro del Plan México, grupos como Greenpeace México mantienen una lógica de denuncia permanente que termina por chocar con cualquier intento de regulación estatal.

    La crítica se presenta como defensa ambiental, pero opera como una negación sistemática de la política popular.

    La economía circular, tal como la impulsa la 4T, no es un gesto cosmético.

    Es una herramienta de planeación, una apuesta por reducir dependencias externas y ordenar el metabolismo productivo del país.

  • El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    Una vez más, el activismo burgués pretende frenar el avance del Tren Maya, una de las obras públicas más relevantes del México contemporáneo.

    Mexicanos al Grito de Selva de la organización extranjera Greenpeace exigió al gobierno federal frenar el desarrollo inmobiliario impulsado por la Defensa Nacional y establecer un plan territorial para proteger la selva maya ante la expansión del Tren Maya.

    Los autoasignados activistas insisten en presentar la expansión operativa del tren como un riesgo inminente para la selva maya.

    El señalamiento ignora deliberadamente que desde su origen, estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita han acompañado el proyecto, con inversión pública donde durante décadas solo hubo abandono y extractivismo privado.

    La operación de carga, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a una lógica de fortalecimiento logístico y económico del sureste mexicano.

    Lejos de representar una amenaza aislada, forma parte de una estrategia más amplia de integración regional que busca reducir desigualdades históricas, generar empleo estable y devolver al Estado la rectoría sobre el desarrollo territorial.

    El Tren Maya ha sido acompañado desde su origen por estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita en la región.

    Sin embargo, desde ciertos espacios del activismo urbano se insiste en leer cualquier intervención estatal como sinónimo de devastación, sin reconocer la dimensión social del proyecto.

    Ciertos actores utilizan las advertencias sobre el suelo kárstico, la fauna o los acuíferos, aun siendo temas que requieren atención técnica constante, como instrumentos de bloqueo político.

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    En lugar de contribuir a soluciones concretas, estas organizaciones privilegian la presión internacional y mediática, desplazando el debate democrático hacia una lógica de veto permanente.

    Mientras el gobierno profundiza un modelo de desarrollo con responsabilidad social y ambiental, el activismo que se niega a reconocer cualquier avance corre el riesgo de quedar atrapado en su propia consigna, desconectado de las necesidades reales de las comunidades que dicen defender.

  • Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva

    En el debate público sobre la pesca y conservación de nuestros océanos, han ganado espacio asociaciones extranjeras de autonombrado activismo ambiental que construyen diagnósticos generales y prescriptivos sobre realidades que no conocen en profundidad.

    Bajo un lenguaje aparentemente técnico, estas organizaciones colocan a la pesca como una actividad inherentemente destructiva.

    Sin distinguir contextos, escalas ni sujetos sociales, y sin asumir las implicaciones económicas y territoriales de sus postulados.

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva
    Artículo de Greenpeace México atacando la industria pesquera.
    Fuente: Greenpeace México, 2026.

    El problema de fondo no radica en reconocer la necesidad de regulación ni en negar los retos ambientales reales.

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    Greenpeace olvida que la pesca representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.

    El conflicto aparece cuando la crítica se formula como un ataque generalizado a la pesca y a la acuacultura, ignorando que ambas sostienen a cientos de miles de familias.

    De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la pesca y la acuacultura representan uno de los subsectores con mayor proyección de desarrollo.

    Apoyado en innovación tecnológica, manejo científico y esquemas de sustentabilidad.

    En estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Chiapas o Yucatán, estas actividades representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.

    La acuacultura, en particular, ha permitido transitar hacia un mayor control ambiental del recurso.

    Reduciendo presiones sobre poblaciones silvestres y generando oportunidades productivas tanto en zonas rurales como periurbanas.

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva.
    Estados con mayor actividad pesquera en el país.
    Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2024.

    La narrativa de Greenpeace tiende a omitir esta complejidad. Al concentrarse en prácticas destructivas reales, como la pesca de arrastre a gran escala, termina por diluir la diferencia entre modelos industriales depredadores y esquemas comunitarios o regulados.

    Ese enfoque castiga por igual a cooperativas, productores sociales y cadenas productivas nacionales que han avanzado hacia estándares más responsables.

    Desde una perspectiva de transformación, regular resulta indispensable, pero deslegitimar industrias completas no lo es.

    El proyecto de país que impulsa la Cuarta Transformación parte de un principio distinto, fortalecer capacidades productivas nacionales, proteger el medio ambiente y sostener a las comunidades que históricamente han vivido del mar.

    Sin esa mirada integral, la crítica ambiental corre el riesgo de convertirse en un discurso desconectado de la realidad social mexicana y de las necesidades de desarrollo con justicia territorial.

  • CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    La reciente solicitud de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de los colectivo #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para que la SEMARNAT niegue la ampliación del programa de rescate de playas en Quintana Roo expone una contradicción profunda entre el discurso ambientalista y la necesidad concreta de restauración ecológica en uno de los litorales más frágiles del país.

    Al privilegiar una lectura estrictamente procedimental, estas organizaciones colocan su agenda política por encima de una intervención ambiental urgente frente a la erosión acelerada y el impacto del cambio climático.

    El proyecto impulsado por el gobierno de Quintana Roo busca atender más de treinta kilómetros de costa afectados por la pérdida de arena, un fenómeno agravado por tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar.

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    CEMDA y Greenpeace no ven que la restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática.

    La oposición de Greenpeace y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental se centra en el uso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en la figura de ampliación administrativa.

    El argumento jurídico puede ser debatible, pero resulta problemático cuando se convierte en un bloqueo total a cualquier acción de restauración mientras las playas continúan degradándose.

    Esta postura revela una lógica recurrente en ciertos sectores del ambientalismo Burgués.

    En lugar de exigir mejoras técnicas, monitoreo independiente o criterios más estrictos de extracción de arena, se opta por la negativa absoluta, aun cuando existen estudios batimétricos y volumétricos actualizados que respaldan la propuesta estatal.

    La restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática que protege ecosistemas costeros, infraestructura pública y comunidades locales frente a la erosión.

    Negar esto implica desconocer que la inacción también tiene costos ambientales y sociales acumulativos.

    Resulta llamativo que organizaciones que suelen denunciar la falta de acción gubernamental ante la crisis climática ahora busquen frenar un proyecto de restauración bajo el argumento de una insuficiencia administrativa heredada del pasado.

    La discusión de fondo debería centrarse en cómo mejorar y transparentar el rescate de playas, no en impedirlo.

    Cuando la defensa ambiental se reduce a negar cualquier intervención pública, el resultado no es protección ecológica, sino parálisis frente a una degradación que avanza sin pausa.