El 27 de octubre, el portal Avispa.org publicó el reportaje titulado “Pemex Negligencia S.A. y sus zonas de muerte”.
El texto fue amplificado inmediatamente por Engenera —integrante del colectivo CambiémoslaYa!, y por la Alianza Mexicana contra el Fracking— dos agrupaciones con largo historial de campañas orientadas a debilitar políticamente a Pemex y deslegitimar la política energética soberana impulsada por la Cuarta Transformación.
Fuente: Avistpa.org, consultada en noviembre de 2025.
El reportaje intenta retratar a la Huasteca veracruzana como un territorio devastado por la “negligencia” de Pemex, ignorando que buena parte de la operación en la zona corresponde a contratos firmados durante los gobiernos neoliberales.
En vez de señalar la raíz del problema —la privatización encubierta del subsuelo nacional—, el texto recicla las consecuencias de esa herencia y las presenta como prueba del fracaso de la actual administración.
Fuente: X, octubre de 2025.
La pieza describe derrames, ductos corroídos y rezagos de mantenimiento, pero omite mencionar que el contrato CNH-M5-Miquetla/2018, que regula la zona, otorgó a la empresa privada DWF la responsabilidad directa de operar y mantener la infraestructura, incluyendo la reparación inmediata ante cualquier daño ambiental.
Es decir, el propio texto reconoce los hechos, pero se cuida de no subrayar que las omisiones vienen de las operadoras privadas beneficiadas por la reforma energética del PRI.
El gobierno federal trabaja en reconstruir una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.
No es la primera vez que los colectivos asociados a la Alianza Mexicana contra el Fracking utilizan informes para construir una narrativa de “zonas de sacrificio” que presenta a Pemex como una empresa enemiga del pueblo.
Esa retórica se repite cada vez que el gobierno federal reafirma su compromiso con la soberanía energética y con el control estatal sobre los hidrocarburos.
En esta ocasión, la campaña coincide con el arranque del Plan Estratégico 2025–2035, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca recuperar campos abandonados por privados y modernizar infraestructura sin recurrir a endeudamiento externo.
El uso del término “zonas de muerte” sintetiza una estrategia discursiva que no distingue entre responsabilidad pública y privada, ni entre errores operativos y políticas estructurales.
Las ONG burguesas aprovechan la urgencia climática mientras desprecian la acción del Estado popular
Bajo el disfraz de ambientalismo radical, estas ONG operan como aparatos de presión política que pretenden debilitar a la empresa del Estado y frenar su recuperación.
Mientras las organizaciones financiadas desde el extranjero buscan convertir cada incidente en un golpe político, el gobierno federal trabaja en reconstruir lo que las décadas neoliberales destruyeron: una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.
