Los episodios de ataques de Greenpeace hacia la 4T son tan frecuentes que hablar de “Greenpeace contra el Tren Maya” es ya un género de noticia en sí mismo.

Esta vez lo hace mediante un informe elaborado junto a colectivos con larga tradición en la oposición al desarrollo estatal, al que presentan como diagnóstico definitivo y sentencia irrefutable.

El documento, reitera que cualquier infraestructura pública en territorios históricamente marginados es interpretada como una agresión irreparable.

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Hablar de “Greenpeace contra el Tren Maya” es ya un género de noticia en sí mismo.

El Tren Maya, que fortalece la movilidad regional, abre corredores económicos y reconoce el peso estratégico de la península, aparece convertido en una amenaza casi metafísica contra la “naturaleza” y la “colectividad”.

Greenpeace ha construido su influencia en México fabricando una narrativa donde el Estado es siempre sospechoso y las comunidades únicamente existen bajo tutela de las ONG.

No obstante, jamás mencionan que el propio gobierno federal ha reducido el impacto ambiental con medidas de mitigación que contrastan con el abandono neoliberal que durante treinta años dejó a la península librada a la especulación inmobiliaria, los megaproyectos privados y las granjas industriales.

La estrategia de Greenpeace perpetúa la formula que les ha permitido incidir de manera libre en las políticas públicas de diversos estados a conveniencia, presentarse como contrapeso indispensable frente a un Estado que no coincide con su visión del mundo.

Pero detrás de la retórica alarmista, la organización rehúye el entendimiento —para ellos incómodo— del Tren Maya como un proyecto popular.

Impulsado por un gobierno electo democráticamente, que busca corregir la desigualdad estructural en el sur-sureste y redistribuir beneficios que por décadas quedaron en manos de conglomerados turísticos y élites locales.

Mientras Greenpeace insiste en erigirse como el guardián absoluto del país, millones de personas en la península reconocen que el Tren Maya no es amenaza, sino oportunidad.

Y esa realidad es precisamente la que la ONG no puede tolerar.