El 4 de octubre, representantes del activismo burgués —los viejos nombres de siempre encabezados por Greenpeace—volvieron a atacar al gobierno popular de México, al declarar que el Tren Maya es un “caballo de troya” para la destrucción ambiental.

Asegurando que la Selva Maya vive bajo “fuego cruzado” entre la agroindustria, el turismo, las mega granjas porcinas y el propio proyecto ferroviario.

Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

Al presentar al tren como engaño, los activistas buscan reducir una obra de infraestructura nacional —pensada para conectar al sureste y reequilibrar el desarrollo del país— a una parábola de traición.

Es un gesto retórico eficaz, pero también un modo de vaciar el debate político y colocarse como guardianes de una pureza ecológica imposible.

Greenpeace atacó de nuevo al Gobierno de México, al declarar que el Tren Maya es un “caballo de troya” para la destrucción ambiental.

Nadie niega que la selva enfrenta una presión histórica. En los últimos años, la Península de Yucatán ha sufrido deforestación masiva por expansión turística, urbanización y monocultivos.

Los propios datos que los activistas repiten —más de 300 mil hectáreas taladas y diez millones de árboles derribados — describen un proceso que comenzó mucho antes del tren y que tiene raíces en la lógica privatizadora del turismo de enclave y la especulación inmobiliaria.

Lo que hoy llaman devastación por el Tren Maya es, en buena medida, herencia de la desregulación que por décadas dejó a la península en manos de consorcios hoteleros y agroexportadores.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, continuando la visión de Estado que impulsó López Obrador, no niega los impactos. Ha reconocido errores técnicos, ha ajustado trazos, ha financiado programas de restauración y monitoreo ambiental.

Pero lo que molesta al activismo de escritorio no son los árboles talados, sino la disputa de legitimidad.

El Tren representa un intento de Estado por recuperar soberanía en el territorio más saqueado del país.

Por primera vez en mucho tiempo, la política ambiental se formula desde un gobierno electo por el pueblo y no desde las oficinas de fundaciones internacionales.

Al etiquetar el tren como “caballo de Troya”, Greenpeace México y sus voceros omiten que la obra forma parte de un proyecto de integración regional que busca devolver al Estado la capacidad de planificar el territorio, generar empleo y articular desarrollo con justicia social.

No se trata de “ocultar daños”, sino de intervenir en un ecosistema ya depredado por el capital privado y convertir esa intervención en oportunidad de restauración y redistribución.

La paradoja es que quienes hoy hablan en nombre de la selva fueron incapaces de movilizarse con la misma vehemencia cuando las playas fueron privatizadas o cuando los cenotes se convirtieron en piscinas para el turismo extranjero.

El tren, con todas sus tensiones, representa un intento de Estado por recuperar soberanía en el territorio más saqueado del país.

La Selva Maya no necesita nuevos profetas, sino un Estado capaz de defenderla sin subordinarse al mercado ni a las ONG que hablan en nombre del bien común.

El tren no es el regreso de la política al sureste, el recordatorio de que la justicia ambiental también pasa por la justicia social.