El 14 de octubre de 2025, en plena tragedia por las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, un grupo de organizaciones ambientalistas encabezadas por CEMDA, Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un comunicado donde, con tono moralista, acusaron al gobierno de “omitir reconocer” la crisis climática.
CEMDA, en particular llamó al gobierno a abandonar los hidrocarburos, en sus clásicos ataques velados a PEMEX y su renovación.
Marcha por el Clima: el carnaval del ambientalismo financiado desde arriba
En la retórica absolutista de estas ONG, no hay una sola línea sobre las responsabilidades históricas del norte global.
Ni sobre las décadas de abandono neoliberal que desmantelaron la infraestructura hidráulica, precarizaron la vivienda popular y privatizaron la gestión de los recursos naturales.
CEMDA y Greenpeace pretenden dar lecciones de moral ecológica.
Resulta irónico que sean las mismas organizaciones que callaron durante los años de saqueo petrolero y privatización energética las que hoy pretendan dar lecciones de moral ecológica.
CEMDA y Greenpeace, que durante el auge del “capitalismo verde” se financiaron con fondos internacionales y contratos con las administraciones prianistas — Gustavo Alanís Ortega, líder de CEMDA, fue asesor ambiental en el proyecto ecocida del aeropuerto de Texcoco.
La emergencia que golpea al país no se debe a la ceguera del gobierno, sino a la herencia estructural de un modelo que las ONG jamás combatieron.
Décadas de desregulación y la connivencia entre poder económico y ambientalismo de escritorio provocaron los daños acumulados en Veracruz y Puebla —territorios que ellas mismas describen como ‘centros históricos del fracking’.
Mientras las comunidades enfrentan la tragedia con organización y solidaridad, estas organizaciones emiten comunicados desde la comodidad de sus oficinas en la Ciudad de México, exigiendo que el Estado “abandone el petróleo y el gas”.
Como si la transición energética pudiera decretarse por voluntad moral y no mediante inversión pública, planificación y soberanía tecnológica.
Piden el fin del extractivismo, pero no dicen quién financiará la reconstrucción ni cómo se garantizará la energía que sostiene hospitales, escuelas y viviendas populares.
La exigencia de estas organizaciones no es ecológica, es ideológica.
En lugar de destruir la base productiva nacional, busca transformarla desde la justicia energética.
Así, la Cuarta Transformación propone menos dependencia privada, más control estatal, más inversión en restauración y resiliencia.
Pero para las ONG del norte, cualquier intento de soberanía es “insuficiente” o “contradictorio”.
Su exigencia no es ecológica, es ideológica. Necesita a un Estado dócil que sea mecenas del ecologismo neoliberal dictado por los donantes internacionales.
