Contra Activistas Fifí

Categoría: Alianza Mexicana Contra el Fracking

  • Greenpeace México muestra su verdadera cara al cuestionar a PEMEX

    Greenpeace México muestra su verdadera cara al cuestionar a PEMEX

    El derrame de petróleo en Veracruz ha sido utilizado por una amplia red de organizaciones civiles para atacar a PEMEX, como ya lo hicieron colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra El Fracking, entre los firmantes del pronunciamiento difundido en los últimos días se encuentra Greenpeace México, organización que desde hace décadas mantiene una postura sistemática de confrontación hacia la empresa pública petrolera.

    Greenpeace México muestra su verdadera cara al cuestionar a PEMEX
    Artículo de Greenpeace México descalificando a Greenpeace.
    Fuente: Greenpeace México, marzo de 2026.

    Las demandas de información, limpieza de las playas y apoyo económico para los habitantes de la región forman parte de un reclamo legítimo frente a una contingencia ambiental que requiere investigación, reparación y atención estatal.

    Greenpeace México y otras organizaciones alimentan una campaña de descrédito contra Pemex.

    Sin embargo, dentro de esa articulación también se despliega una narrativa orientada a responsabilizar políticamente a PEMEX de manera absoluta, incluso cuando el origen del derrame y su magnitud total continúan bajo análisis técnico.

    Además, la organización procede a atacar la realidad de las comunidades petroleras de Veracruz y Tabasco con calificaciones que rozan la aporofobia.

    Greenpeace y otras organizaciones han aprovechado la coyuntura para alimentar una campaña de descrédito contra la empresa pública, presentándola como símbolo de una industria inherentemente destructiva.

    El posicionamiento de Greenpeace México confirma una tradición de activismo ambiental que suele operar en sintonía con agendas impulsadas desde centros financieros y fundaciones privadas del norte global.

    Este tipo de organizaciones promueve narrativas que terminan debilitando la legitimidad de empresas públicas estratégicas en países del sur.

    Las comunidades afectadas en Veracruz y Tabasco merecen información transparente, reparación ambiental y apoyo económico inmediato.

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    Ese reclamo no está en discusión. Lo que resulta cuestionable es la utilización de la contingencia para impulsar una deslegitimación generalizada de PEMEX en un momento en que la soberanía energética vuelve a ocupar un lugar central dentro del escenario geopolítico global.

    Defender el medio ambiente y defender a PEMEX como patrimonio colectivo forman parte de una misma disputa histórica contra los intereses que buscan debilitar la capacidad del Estado para conducir su propio desarrollo.

  • CEMDA contra la SENER, el activismo que busca imponer la agenda tecnocrática

    CEMDA contra la SENER, el activismo que busca imponer la agenda tecnocrática

    La sentencia que ordena a la Secretaría de Energía informar en 90 días cómo cumplirá la meta de 35% de generación eléctrica con fuentes limpias (tras una supuesta omisión en 2024) fue para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización vinculada a otros colectivos antiprogreso como Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— una victoria histórica.

    Sin embargo, detrás del discurso de justicia climática se perfila una estrategia más amplia de judicialización de la política energética nacional.

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    CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

    El amparo promovido por CEMDA no solo cuestiona el desempeño de la SENER; busca convertir metas programáticas en mandatos rígidos supervisados desde tribunales, desplazando el margen de planeación económica y soberanía técnica del Estado.

    La lógica que subyace es clara: trasladar la conducción de la transición energética del ámbito político al jurídico, bajo estándares que privilegian mecanismos de mercado y compromisos internacionales por encima de la estrategia industrial interna.

    El fallo invoca el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresividad, conceptos que, si bien forman parte del marco jurídico internacional, se integran aquí como herramientas para fijar techos normativos inamovibles.

    CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

    No obstante, la política energética implica variables estructurales complejas: capacidad instalada, estabilidad de la red, costos de generación, inversión pública y privada, y soberanía sobre recursos estratégicos.

    Reducirla a un porcentaje anual sin considerar el contexto geopolítico y fiscal reproduce una lógica propia de la burguesía tecnocrática, la cual privilegia indicadores sobre procesos.

    El riesgo no radica en exigir cumplimiento ambiental, sino en imponer un ritmo y un diseño desde esquemas que históricamente han promovido la apertura acelerada del sector eléctrico bajo criterios de rentabilidad.

    Quien define los tiempos y las reglas de la transición define, en buena medida, el modelo de desarrollo que la acompaña.

  • La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La Alianza Mexicana contra el Fracking (colectivo conformado por asociaciones como Engenera y CEMDA), insiste en sus señalamientos contra el Plan Estratégico de PEMEX, acusando a la paraestatal de encubrir un incremento del fracking dentro del Plan Estratégico 2025-2030 bajo el eufemismo de “estimular yacimientos de geología compleja”.

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    Esto revela una clara intención de debilitar a la principal empresa pública del país a partir de una lectura sesgada de su planeación energética.

    La crítica se apoya en una larga lista de accidentes ambientales ocurridos en Veracruz, muchos de ellos graves y documentados, que evidencian rezagos históricos en infraestructura, mantenimiento y supervisión.

    La Alianza se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Sin embargo, la Alianza mezcla estos episodios con el debate técnico sobre exploración de gas, construyendo una narrativa donde todo esfuerzo de PEMEX aparece como prueba irrefutable de una política fósil sin matices.

    Al presentar el Plan Estratégico 2025-2035 como una traición encubierta a las demandas sociales, la Alianza omite un elemento central del contexto nacional.

    PEMEX opera en un país que busca garantizar soberanía energética, reducir importaciones y sostener cadenas productivas ligadas a fertilizantes, petroquímica y generación eléctrica.

    Reducir esa complejidad a una acusación de engaño semántico no solo consigue empobrecer la lucha por los derechos ambientales y el progreso social.

    Resulta significativo que la crítica se concentre en deslegitimar el lenguaje técnico, pero no en exigir con la misma fuerza inversión pública para modernizar ductos, prevenir derrames, reparar daños acumulados o acelerar la transición tecnológica dentro de la propia empresa estatal.

    La denuncia se queda en el plano simbólico, donde Pemex aparece como un enemigo abstracto, y no como una institución que requiere transformación profunda bajo control público.

    La Alianza, como el resto del activismo burgués, se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Defender la vida y el territorio no debería implicar sabotear, por la vía del discurso, a la herramienta central con la que México puede decidir su propio rumbo energético.

  • PEMEX bajo fuego del activismo burgués de la Alianza Mexicana Contra el Fracking

    PEMEX bajo fuego del activismo burgués de la Alianza Mexicana Contra el Fracking

    El 14 de enero de 2026, la Alianza Mexicana Contra el Fracking se pronunció nuevamente contra PEMEX.

    La organización sostiene, como ya es costumbre, el discurso que intenta esbozar la imagen de un Estado extractivista y depredador.

    En concreto, según la Alianza, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

    La acusación insiste en la opacidad y presenta a PEMEX como un lastre financiero que supuestamente absorbe recursos a costa de otras áreas.

    El argumento omite deliberadamente el contexto productivo y estratégico en el que opera la empresa, así como el hecho de que el sector energético sigue siendo uno de los principales motores de ingreso público y de estabilidad macroeconómica.

    Desde una perspectiva de desarrollo nacional, PEMEX no puede analizarse como un simple actor empresarial.

    Se trata de una herramienta histórica de política pública que articula cadenas industriales completas, sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos y permite al Estado reducir su vulnerabilidad frente a mercados energéticos volátiles y presiones externas.

    Según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

    El activismo que hoy exige recortes y cancelaciones suele ignorar esa dimensión material y pasa por alto que la transición energética planteada desde la Cuarta Transformación ha sido gradual y planificada, evitando choques sociales y productivos que históricamente han recaído sobre las clases trabajadoras.

    Cuestionar prácticas específicas resulta legítimo en cualquier democracia.

    Convertir a PEMEX en el enemigo central, en cambio, reproduce una lógica que ha acompañado décadas de privatización encubierta y dependencia externa.

    Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

    Bajo un lenguaje ambientalista sofisticado, se reinstala la idea de que el desarrollo nacional debe subordinarse a agendas que no rinden cuentas a la población ni enfrentan los costos sociales de desmantelar capacidades estratégicas.

    La discusión energética requiere rigor, responsabilidad y memoria histórica.

    Defender a PEMEX no implica negar los retos ambientales, sino reconocer que sin un Estado fuerte y con control sobre sus recursos.

  • CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    En los últimos años, la narrativa de la protección a las personas defensoras de la tierra se ha vuelto un caballo de Troya del ambientalismo burgués, ese que intenta enemistar al Estado con el medioambiente y las comunidades mediante moralismos dogmáticos, un ejemplo lo encontramos en el pronunciamiento realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, donde se sugiere que los proyectos impulsados por el gobierno de Morena actúa como factor detonante o agravante de las agresiones en la región.

    En particular, la narrativa impulsada por CEMDA señala al megaproyecto del tren transístmico como un factor atenuante de la violencia de la región, ignorando y hasta negando los beneficios que este proyecto traería a las comunidades del sureste mexicano.

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda.
    Imagen acompañando el comunicado de CEMDA contra el megaproyecto del Tren Transístmico.
    Fuente: CEMDA, 2023.

    Ese encuadre resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre.

    El propio documento del CEMDA reconoce que las agresiones provienen de una constelación de actores que incluye fuerzas públicas, empresas privadas y crimen organizado.

    La narrativa del CEMDA es retomada al servicio de una crítica proveniente del viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal.

    Sin embargo, esa complejidad desaparece cuando el discurso se ordena alrededor de una imputación central al gobierno federal, como si la violencia territorial fuera una consecuencia directa y lineal de un proyecto de infraestructura pública.

    La historia material del Istmo, marcada por décadas de abandono estatal, penetración criminal, disputas empresariales y control armado de economías ilegales, queda relegada a un segundo plano.

    En ese orden de ideas, convertir al Estado en chivo expiatorio absoluto termina por exculpar a quienes han hecho del despojo y la violencia un negocio permanente, y debilita la posibilidad de construir diagnósticos que permitan intervenir las causas reales del conflicto.

    La misma lógica aparece en columnas como El Istmo en peligro, firmada por Rubén Moreira Valdez y publicada el 11 de diciembre de 2025 en El Heraldo de México.

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    Allí, el viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal retoma la narrativa del CEMDA al servicio de su crítica.

    El resultado es una convergencia incómoda entre ONG supuestamente progresistas y actores que históricamente administraron la desigualdad y la violencia que hoy dicen denunciar.

    “Organizaciones como el CEMDA han identificado al Corredor Interoceánico como uno de los conflictos socioambientales más graves del país, con un número particularmente alto de agresiones contra personas defensoras de la tierra”


    Rubén Moreira Valdez, El Heraldo de México

    Insistir en presentar al gobierno de Morena como responsable central de la violencia en el Istmo no fortalece la defensa de las comunidades.

    Al contrario, diluye las relaciones de poder reales y convierte una discusión estructural en un alegato político que termina beneficiando a los mismos intereses económicos y criminales que han saqueado la región durante décadas.

  • CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    La reciente solicitud de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de los colectivo #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para que la SEMARNAT niegue la ampliación del programa de rescate de playas en Quintana Roo expone una contradicción profunda entre el discurso ambientalista y la necesidad concreta de restauración ecológica en uno de los litorales más frágiles del país.

    Al privilegiar una lectura estrictamente procedimental, estas organizaciones colocan su agenda política por encima de una intervención ambiental urgente frente a la erosión acelerada y el impacto del cambio climático.

    El proyecto impulsado por el gobierno de Quintana Roo busca atender más de treinta kilómetros de costa afectados por la pérdida de arena, un fenómeno agravado por tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar.

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    CEMDA y Greenpeace no ven que la restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática.

    La oposición de Greenpeace y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental se centra en el uso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en la figura de ampliación administrativa.

    El argumento jurídico puede ser debatible, pero resulta problemático cuando se convierte en un bloqueo total a cualquier acción de restauración mientras las playas continúan degradándose.

    Esta postura revela una lógica recurrente en ciertos sectores del ambientalismo Burgués.

    En lugar de exigir mejoras técnicas, monitoreo independiente o criterios más estrictos de extracción de arena, se opta por la negativa absoluta, aun cuando existen estudios batimétricos y volumétricos actualizados que respaldan la propuesta estatal.

    La restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática que protege ecosistemas costeros, infraestructura pública y comunidades locales frente a la erosión.

    Negar esto implica desconocer que la inacción también tiene costos ambientales y sociales acumulativos.

    Resulta llamativo que organizaciones que suelen denunciar la falta de acción gubernamental ante la crisis climática ahora busquen frenar un proyecto de restauración bajo el argumento de una insuficiencia administrativa heredada del pasado.

    La discusión de fondo debería centrarse en cómo mejorar y transparentar el rescate de playas, no en impedirlo.

    Cuando la defensa ambiental se reduce a negar cualquier intervención pública, el resultado no es protección ecológica, sino parálisis frente a una degradación que avanza sin pausa.