Autor: Redacción

  • El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    Una vez más, el activismo burgués pretende frenar el avance del Tren Maya, una de las obras públicas más relevantes del México contemporáneo.

    Mexicanos al Grito de Selva de la organización extranjera Greenpeace exigió al gobierno federal frenar el desarrollo inmobiliario impulsado por la Defensa Nacional y establecer un plan territorial para proteger la selva maya ante la expansión del Tren Maya.

    Los autoasignados activistas insisten en presentar la expansión operativa del tren como un riesgo inminente para la selva maya.

    El señalamiento ignora deliberadamente que desde su origen, estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita han acompañado el proyecto, con inversión pública donde durante décadas solo hubo abandono y extractivismo privado.

    La operación de carga, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a una lógica de fortalecimiento logístico y económico del sureste mexicano.

    Lejos de representar una amenaza aislada, forma parte de una estrategia más amplia de integración regional que busca reducir desigualdades históricas, generar empleo estable y devolver al Estado la rectoría sobre el desarrollo territorial.

    El Tren Maya ha sido acompañado desde su origen por estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita en la región.

    Sin embargo, desde ciertos espacios del activismo urbano se insiste en leer cualquier intervención estatal como sinónimo de devastación, sin reconocer la dimensión social del proyecto.

    Ciertos actores utilizan las advertencias sobre el suelo kárstico, la fauna o los acuíferos, aun siendo temas que requieren atención técnica constante, como instrumentos de bloqueo político.

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    En lugar de contribuir a soluciones concretas, estas organizaciones privilegian la presión internacional y mediática, desplazando el debate democrático hacia una lógica de veto permanente.

    Mientras el gobierno profundiza un modelo de desarrollo con responsabilidad social y ambiental, el activismo que se niega a reconocer cualquier avance corre el riesgo de quedar atrapado en su propia consigna, desconectado de las necesidades reales de las comunidades que dicen defender.

  • #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    El 15 de enero de 2026, mientras la comunidad de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos celebraba una suspensión judicial que detiene temporalmente el proyecto Esperanza Silver, el colectivo #CambiémoslaYa! optó por colocar el conflicto en una narrativa más amplia que apunta directamente a la Secretaría de Economía.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Ataques directos a la SE por parte de #CambiémoslaYa! en su cuenta de X (antes Twitter).
    Fuente: X, enero de 2026.

    En publicaciones respecto a la conferencia otorgada ese día por el colectivo, el grupo presentó la apelación interpuesta por la dependencia como una traición a los territorios y aprovechó el caso para reiterar una consigna que ha ganado espacio en ciertos sectores del activismo urbano: que la minería, sin matices ni distinciones, carece de cualquier capacidad para generar desarrollo y solo reproduce pobreza, invisibilizando las realidades económicas que atraviesan las regiones mineras del país.

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    #CambiémoslaYa! afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    El problema de esta narrativa no radica en señalar conflictos reales alrededor de proyectos extractivos, sino en la simplificación ideológica que borra deliberadamente la complejidad económica y social de los territorios mineros.

    Al afirmar que la minería carece por completo de valor social, el colectivo reduce a miles de trabajadoras y trabajadores a una estadística incómoda, como si su sustento cotidiano fuera un daño colateral aceptable en nombre de una pureza ambiental abstracta.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Publicación de #CambiémoslaYa! en X (antes Twitter), deslegitimando a la industria minera como motor de desarrollo.
    Fuente: X, enero de 2026.

    La actuación de la Secretaría de Economía en litigios de esta naturaleza responde a su mandato institucional de defender el marco legal vigente y garantizar certeza jurídica en sectores productivos estratégicos.

    Presentar esa función como una traición a las comunidades implica desconocer que el Estado no actúa desde consignas, sino desde responsabilidades constitucionales que buscan equilibrar desarrollo regional, empleo y regulación.

    Más revelador aún es el tono con el que #CambiémoslaYa! y organizaciones afines, como Engenera, describen la realidad de los municipios mineros.

    Desde espacios académicos y de activismo, alejados de la vida productiva cotidiana, se afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    Bajo esa lógica, da lo mismo que una comunidad pierda su principal fuente de ingresos.

    Esta postura no exige mejores condiciones laborales, mayor inversión social o estándares ambientales más estrictos. Exige paralización.

    El resultado es el abandono, el éxodo rural y una dependencia mayor de subsidios.

    Deslegitimar a la Secretaría de Economía por cumplir su función legal y despreciar a quienes viven del trabajo minero expone una aporofobia disfrazada de virtud ambiental, ajena a cualquier horizonte de justicia social.

  • PEMEX bajo fuego del activismo burgués de la Alianza Mexicana Contra el Fracking

    PEMEX bajo fuego del activismo burgués de la Alianza Mexicana Contra el Fracking

    El 14 de enero de 2026, la Alianza Mexicana Contra el Fracking se pronunció nuevamente contra PEMEX.

    La organización sostiene, como ya es costumbre, el discurso que intenta esbozar la imagen de un Estado extractivista y depredador.

    En concreto, según la Alianza, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

    La acusación insiste en la opacidad y presenta a PEMEX como un lastre financiero que supuestamente absorbe recursos a costa de otras áreas.

    El argumento omite deliberadamente el contexto productivo y estratégico en el que opera la empresa, así como el hecho de que el sector energético sigue siendo uno de los principales motores de ingreso público y de estabilidad macroeconómica.

    Desde una perspectiva de desarrollo nacional, PEMEX no puede analizarse como un simple actor empresarial.

    Se trata de una herramienta histórica de política pública que articula cadenas industriales completas, sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos y permite al Estado reducir su vulnerabilidad frente a mercados energéticos volátiles y presiones externas.

    Según la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene recursos para la exploración de gas mediante nuevas denominaciones técnicas.

    El activismo que hoy exige recortes y cancelaciones suele ignorar esa dimensión material y pasa por alto que la transición energética planteada desde la Cuarta Transformación ha sido gradual y planificada, evitando choques sociales y productivos que históricamente han recaído sobre las clases trabajadoras.

    Cuestionar prácticas específicas resulta legítimo en cualquier democracia.

    Convertir a PEMEX en el enemigo central, en cambio, reproduce una lógica que ha acompañado décadas de privatización encubierta y dependencia externa.

    Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

    Bajo un lenguaje ambientalista sofisticado, se reinstala la idea de que el desarrollo nacional debe subordinarse a agendas que no rinden cuentas a la población ni enfrentan los costos sociales de desmantelar capacidades estratégicas.

    La discusión energética requiere rigor, responsabilidad y memoria histórica.

    Defender a PEMEX no implica negar los retos ambientales, sino reconocer que sin un Estado fuerte y con control sobre sus recursos.

  • Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva

    En el debate público sobre la pesca y conservación de nuestros océanos, han ganado espacio asociaciones extranjeras de autonombrado activismo ambiental que construyen diagnósticos generales y prescriptivos sobre realidades que no conocen en profundidad.

    Bajo un lenguaje aparentemente técnico, estas organizaciones colocan a la pesca como una actividad inherentemente destructiva.

    Sin distinguir contextos, escalas ni sujetos sociales, y sin asumir las implicaciones económicas y territoriales de sus postulados.

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva
    Artículo de Greenpeace México atacando la industria pesquera.
    Fuente: Greenpeace México, 2026.

    El problema de fondo no radica en reconocer la necesidad de regulación ni en negar los retos ambientales reales.

    Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular

    Greenpeace olvida que la pesca representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.

    El conflicto aparece cuando la crítica se formula como un ataque generalizado a la pesca y a la acuacultura, ignorando que ambas sostienen a cientos de miles de familias.

    De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la pesca y la acuacultura representan uno de los subsectores con mayor proyección de desarrollo.

    Apoyado en innovación tecnológica, manejo científico y esquemas de sustentabilidad.

    En estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Chiapas o Yucatán, estas actividades representan empleo, arraigo territorial y soberanía alimentaria.

    La acuacultura, en particular, ha permitido transitar hacia un mayor control ambiental del recurso.

    Reduciendo presiones sobre poblaciones silvestres y generando oportunidades productivas tanto en zonas rurales como periurbanas.

    Greenpeace ataca la pesca en México, una narrativa que desconoce su relevancia productiva.
    Estados con mayor actividad pesquera en el país.
    Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2024.

    La narrativa de Greenpeace tiende a omitir esta complejidad. Al concentrarse en prácticas destructivas reales, como la pesca de arrastre a gran escala, termina por diluir la diferencia entre modelos industriales depredadores y esquemas comunitarios o regulados.

    Ese enfoque castiga por igual a cooperativas, productores sociales y cadenas productivas nacionales que han avanzado hacia estándares más responsables.

    Desde una perspectiva de transformación, regular resulta indispensable, pero deslegitimar industrias completas no lo es.

    El proyecto de país que impulsa la Cuarta Transformación parte de un principio distinto, fortalecer capacidades productivas nacionales, proteger el medio ambiente y sostener a las comunidades que históricamente han vivido del mar.

    Sin esa mirada integral, la crítica ambiental corre el riesgo de convertirse en un discurso desconectado de la realidad social mexicana y de las necesidades de desarrollo con justicia territorial.

  • CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    En los últimos años, la narrativa de la protección a las personas defensoras de la tierra se ha vuelto un caballo de Troya del ambientalismo burgués, ese que intenta enemistar al Estado con el medioambiente y las comunidades mediante moralismos dogmáticos, un ejemplo lo encontramos en el pronunciamiento realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, donde se sugiere que los proyectos impulsados por el gobierno de Morena actúa como factor detonante o agravante de las agresiones en la región.

    En particular, la narrativa impulsada por CEMDA señala al megaproyecto del tren transístmico como un factor atenuante de la violencia de la región, ignorando y hasta negando los beneficios que este proyecto traería a las comunidades del sureste mexicano.

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda.
    Imagen acompañando el comunicado de CEMDA contra el megaproyecto del Tren Transístmico.
    Fuente: CEMDA, 2023.

    Ese encuadre resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre.

    El propio documento del CEMDA reconoce que las agresiones provienen de una constelación de actores que incluye fuerzas públicas, empresas privadas y crimen organizado.

    La narrativa del CEMDA es retomada al servicio de una crítica proveniente del viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal.

    Sin embargo, esa complejidad desaparece cuando el discurso se ordena alrededor de una imputación central al gobierno federal, como si la violencia territorial fuera una consecuencia directa y lineal de un proyecto de infraestructura pública.

    La historia material del Istmo, marcada por décadas de abandono estatal, penetración criminal, disputas empresariales y control armado de economías ilegales, queda relegada a un segundo plano.

    En ese orden de ideas, convertir al Estado en chivo expiatorio absoluto termina por exculpar a quienes han hecho del despojo y la violencia un negocio permanente, y debilita la posibilidad de construir diagnósticos que permitan intervenir las causas reales del conflicto.

    La misma lógica aparece en columnas como El Istmo en peligro, firmada por Rubén Moreira Valdez y publicada el 11 de diciembre de 2025 en El Heraldo de México.

    #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    Allí, el viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal retoma la narrativa del CEMDA al servicio de su crítica.

    El resultado es una convergencia incómoda entre ONG supuestamente progresistas y actores que históricamente administraron la desigualdad y la violencia que hoy dicen denunciar.

    “Organizaciones como el CEMDA han identificado al Corredor Interoceánico como uno de los conflictos socioambientales más graves del país, con un número particularmente alto de agresiones contra personas defensoras de la tierra”


    Rubén Moreira Valdez, El Heraldo de México

    Insistir en presentar al gobierno de Morena como responsable central de la violencia en el Istmo no fortalece la defensa de las comunidades.

    Al contrario, diluye las relaciones de poder reales y convierte una discusión estructural en un alegato político que termina beneficiando a los mismos intereses económicos y criminales que han saqueado la región durante décadas.

  • #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    En su última publicación de X (antes twitter) el autonombrado colectivo ambientalista #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una la transición energética en México.

    En esta publicación, el colectivo introduce un marco de análisis que termina por deslegitimar uno de los ejes estratégicos del proyecto impulsado por los gobiernos de Morena en materia energética y de soberanía nacional.

    Más verdes, con los bolsillos más llenos: la verdadera consigna del activismo de élite

    El planteamiento parte de una negación general que ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    Equiparar la transición energética con una simple acumulación caótica de fuentes y con un aumento mecánico del consumo de combustibles fósiles borra de un plumazo la diferencia entre el modelo neoliberal de apertura indiscriminada y la planeación pública que hoy busca recuperar la rectoría del Estado.

    En ese marco se inscribe la apuesta por el litio. Presentar la explotación de este recurso como una mera extensión del extractivismo histórico omite un elemento central que distingue el momento actual.

    #CambiémoslaYa! ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    El litio ha sido definido como un bien estratégico bajo control estatal, orientado a sostener cadenas productivas vinculadas a la transición energética, el almacenamiento y la movilidad eléctrica.

    La nacionalización del litio no responde a la lógica de saqueo que caracterizó décadas pasadas, sino a un esfuerzo por evitar que minerales clave queden en manos de corporaciones transnacionales y por anclar su aprovechamiento a objetivos de desarrollo nacional.

    El discurso de #CambiémoslaYa! parece deslizar una desconfianza estructural hacia cualquier forma de intervención productiva del Estado, incluso cuando esta se plantea desde parámetros de soberanía, justicia territorial y planeación de largo plazo.

    Bajo una retórica que se presenta como radical, se termina cuestionando la capacidad de un gobierno popular para conducir una transición energética propia, situada y acorde con las necesidades del país.

    La transición energética que impulsa la Cuarta Transformación no es un gesto simbólico ni un simple cambio tecnológico.

    Es una disputa por quién decide, para qué y para quién se produce la energía.

    Reducirla a un extractivismo perpetuo implica desconocer esa disputa y, en los hechos, restar legitimidad a un proyecto que busca colocar los recursos estratégicos al servicio del pueblo.