Contra Activistas Fifí

Autor: Redacción

México Evalúa contra la Reforma Energética: los títeres del poder empresarial

En el paisaje de las organizaciones civiles mexicanas, pocas han logrado encarnar el simulacro de autonomía de manera tan sofisticada como México Evalúa.

Enarbolando discursos técnicos sobre eficiencia y transparencia, esta entidad ahora dirige sus ataques hacia la reforma energética, aunque jamás cuestionando a quienes estiran la mano ofreciéndole fajos de billetes

Entre 2020 y 2024, México Evalúa recibió más de 75 millones de pesos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el núcleo duro del empresariado nacional.

Año con año —como quien paga un servicio— el CMN transfirió sumas fijas de 15 millones de pesos para sostener a su títere crítico.

A ello se suman los generosos auspicios de agencias estadounidenses como la USAID y la NED (de los que ya hemos hablado en este sitio).

Fundación Heinrich Böll, visiones sesgadas y punitivas desde el exterior

Reforma energética 2025: avances, riesgos y la ruta pendiente

En su análisis de la reforma para la regulación del sector energético—misma que revierte la nociva reforma impulsada por el priísmo en 2013—, México Evalúa no escatimó en tecnicismos para sembrar dudas: que si desaparecen contrapesos a posibles monopolios, que si se creará un régimen jurídico de excepción al derecho de la competencia.

Palabrería rimbombante que solo refleja nostalgia neoliberal disfrazada de escrutinio académico.

El análisis —publicado el 7 de marzo de 2025, diez días antes de que la reforma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación— abre con un llamado a la revisión de la propuesta en pos de mitigar sus supuestos riesgos de cara a su votación en la Cámara de Diputados.

Esto deja ver un intento fútil por justificar de manera técnica posibles cambios al dictamen propuestos desde la oposición.

Resulta cómico el esfuerzo de México Evalúa por mantener una fachada de imparcialidad.

Su crítica a la reforma energética no parece emanar de preocupaciones genuinas respecto al futuro de México, sino del temor a que el Estado asuma su rol rector sobre la energía del país.

En tiempos donde la prioridad es reconstruir el músculo productivo del Estado para traer la capacidad energética mexicana al siglo XXI, es nuestro deber cuestionar las críticas de quienes se dedican a esparcir las semillas de la desconfianza desde torres de marfil.
Bloqueando la Puerta del Sureste: Greenpeace y su afán obstruccionista

En el corazón del Golfo de México, entre las costas de Veracruz y la península de Yucatán, se construye una puerta para el desarrollo del país.

Impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa canadiense TC Energy, Puerta al Sureste es un gasoducto de más de 700 kilómetros que conectará Texas con la península de Yucatán.

El gaseoducto busca sustituir el uso de diésel y combustóleo —altamente contaminantes y caros— por gas natural, una fuente de transición utilizada incluso en países que hoy dictan cátedra ecológica desde el norte global.

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No obstante, organizaciones internacionales como Greenpeace han encabezado acciones discursivas y legales contra el proyecto.

El ejemplo más reciente, 15 comunidades indígenas interpusieron un amparo en contra del gasoducto, denunciando supuestas omisiones del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Comunidades presentan nuevo recurso legal del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida ante la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en sus territorio

El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida dice encabezar la ofensiva legal, pero es indudable que Greenpeace —organismo de mayor tamaño y conducido desde el extranjero— lleva en realidad la verdadera batuta.

Como es recurrente en estos casos, persiste una notoria ambigüedad en torno al grado de autonomía de estos movimientos indigenistas regionales.

Propaganda de Greenpeace contra el gaseoducto Puerta del Sureste.
Fuente: Greenpeace.org, junio de 2023

No obstante, el gaseoducto no es un proyecto improvisado. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) ha asumido la operación y mantenimiento del ducto.

Se construyó este gasoducto bajo parámetros técnicos de mínima afectación ambiental y máxima eficiencia logística.

Además, la propia Presidenta Sheinbaum ha asegurado que se está dialogando con las comunidades y efectuando medidas de mitigación ambiental.

A diferencia de los megaproyectos del pasado, este gasoducto no entrega soberanía ni privatiza beneficios.

La CFE conserva el control estratégico de la infraestructura en México; no solo abastecerá gas a parques industriales y hospitales, sino que también garantizará energía a los hogares populares marginados por el desarrollo nacional centralizado.

“¡No a los gasoductos en nuestros territorios!”, se lee en las declaraciones de Greenpeace.

Es inevitable notar lo irrisorio de este paradójico manifesto, activistas y académicos internacionales —con maestrías y doctorados otorgados en Boston, Londres o Ginebra— se apropian de un territorio ajeno mientras le restan oportunidades de desarrollo a sus verdaderos habitantes.
Corredor Interoceánico, el PODER del intervencionismo contra el desarrollo nacional

En el Istmo de Tehuantepec, uno de los territorios con mayor potencial logístico de América Latina, el Gobierno de México ha apostado por transformar al sur mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

El proyecto busca convertir esta franja estratégica en un eje económico de primer nivel, desplegando infraestructura como ferrocarriles, puertos, gasoductos y zonas industriales con el objetivo de catapultar a la región al desarrollo.

No obstante, esta iniciativa ha enfrentado resistencia por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales.

Entre ellas PODER, que, con financiamiento extranjero, ha deslegitimado el proyecto bajo el discurso de supuesta defensa territorial.

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Mientras se discuten los derechos de las comunidades y la protección ambiental, también hay que preguntarse quién decide qué es lo mejor para el Istmo.

PODER contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

PODER —financiada por Fundación Hewlett, Fundación Ford y Open Society Foundation— ha articulado una narrativa que posiciona al CIIT como un instrumento de captura corporativa del Estado.

Cuando en realidad es uno de los pocos proyectos que ha intentado insertar al sur del país en el mapa del desarrollo global.

En su artículo de investigación, Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México, PODER afirma que el CIIT, impulsado mediante asociaciones público-privadas (APP), presuntamente favorece intereses de grandes corporaciones, mientras que supuestamente vulnera la transparencia y los derechos humanos.

La organización no logra demostrar un nexo causal entre los contratos de APP y una falta de transparencia o despojo territorial.

Si bien estos contratos no están exentos de falencias, no por ello son sinónimo de corrupción o captura del estado.

La rehabilitación del ferrocarril, la modernización portuaria, la construcción de un gasoducto y la instalación de polos de desarrollo no solo significan inversión, sino capacidad de desarrollo.

¿O acaso vamos dejar al sur vegetar eternamente en la pobreza en nombre de una supuesta protección territorial?

PODER cuenta con un historial de alentar litigios sin sustento, desinformando a comunidades ejidales e interfiriendo en procesos legales con argumentos ambiguos y prácticas poco claras.

Esto, desde luego, con el objetivo implícito de detener cualquier proyecto que implique desarrollo en el precarizado entorno rural mexicano.

Incluso si eso significa condenar a regiones enteras a la negligencia perpetua.

Miles de mexicanos exigen empleo digno, acceso a servicios y autonomía económica.

No todas las voces del Istmo se oponen al desarrollo; muchas han sido invisibilizadas por discursos activistas que las utilizan como escudo, sin escuchar sus necesidades reales.
¿Ambientalismo o activismo de sabotaje? CEMDA y el proyecto Saguaro en Sonora

En el corazón del desierto sonorense, el Estado mexicano intenta edificar el futuro del país de entre las arenas y el mar.

El proyecto Saguaro Energía LNG —que incluye una planta de licuefacción de gas natural y un gasoducto de más de 800 kilómetros que pasará por Sonora y Chihuahua— representa una apuesta estratégica para llevar al país hacia una posición protagónica en el mercado global del gas.

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Sin embargo, en lugar de sumar esfuerzos para asegurar empleo a las comunidades, una vez más, activistas de papel como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alzan la voz frente a los planes de progreso propuesto desde nuestro gobierno.

Ya en 2023 el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebraba la construcción del gaseoducto por parte de la CFE en asociación con Mexico Pacific Limited, hazaña ingenieril mexicana que no solo satisfaría demandas locales si no ayudaría a establecernos como exportador energético hacia Asia y Europa.

Además de ser un escalón más en el desarrollo de nuestra industria energética, la obra contribuiría a brindar trabajo a más de 30 mil sonorenses.

CEMDA: No queremos un sexenio del gas

Pero mientras el gobierno federal destaca la magnitud y los beneficios de esta obra, el CEMDA, junto a un bloque ONGs nacionales y extranjeras, ha montado una campaña sistemática para frenarla. Estas ONGs —entre ellas Greenpeace y CartoCrítica; miembro de colectivos como Alianza Mexicana contra el Fracking y CambiémoslaYa!— presentaron en marzo de este año una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando detener proyectos gasíferos como este en el Golfo de California.

Además de articular proyectos como ¿Ballenas o Gas?, que crean falsas dicotomías entre la protección ambiental y la prosperidad de los mexicanos.

En un país donde dar un paso hacia el progreso es una tarea sisífica, cada intento por mover la pesada piedra del inmovilismo institucional es frenado por quienes nunca han tenido que vivir con los pies en la tierra.

Mientras los sonorenses esperan trabajo, infraestructura y una oportunidad real de futuro, estas organizaciones dibujan mapas desde lejos y firman cartas condenando el avance de proyectos clave para la nación, como si el hambre se apagara con ideales.

El Proyecto Saguaro es una oportunidad para que México tome su lugar como potencia energética.

Pero una vez más, voces disfrazadas de conciencia ambiental prefieren condenarnos a la escasez, al desempleo y al eterno “ojalá”.
Batallas legales contra el Tren Maya: ¿ambientalismo real o estrategia política?

El 27 de enero de 2025, la ONG internacional Greenpeace anunciaba con bombo y platillo la suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del proyecto Tren Maya, tras un largo proceso legal que involucro varios amparos.

Aunque los amparos fueron llevados a cabo por organizaciones locales del sureste, como Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) o el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

Organismos extranjeros como Greenpeace e instituciones mexicanas fuertemente financiadas desde el exterior, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tutelaron estos amparos.

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En 2021 se proyectaba la creación 79 mil empleos directos y 113 mil indirectos durante la fase de construcción del Tren Maya

DMAS lleva años litigando contra el avance del Tren Maya; sin embargo, omite en sus argumentos que el gobierno ya reconfiguró el proyecto precisamente para minimizar el daño ecológico y que amplios sectores de la población lo respaldan.

Caben preguntarse, ¿por qué las acciones de organismos como DMAS se activan contra megaproyectos públicos —como el Tren Maya— pero permanecen en silencio ante los efectos de décadas de turismo depredador, especulación inmobiliaria o privatización de las costas del Caribe mexicano?

Si en 2021 se proyectaba la creación 79,000 empleos directos y 113,000 indirectos durante la fase de construcción del Tren ¿a qué clase de interés popular responde el detenerlo?

Estas incongruencias confirman que, lejos de constituir instancias genuinamente independientes y locales, estos organismos conforman una constelación de colectivos y organizaciones cuya narrativa converge con los postulados de la derecha política, los medios de comunicación hegemónicos y los organismos internacionales tradicionalmente adversos a los principios de la Cuarta Transformación.

Esta convergencia discursiva no es inocente, responde a una estrategia de oposición política velada y revestida de pseudoambientalismo.

Cuyo fin es obstaculizar sistemáticamente todo proyecto de infraestructura con vocación social y transformadora.

Resulta profundamente preocupante que las convicciones ideológicas de una élite minoritaria tengan la capacidad de obstaculizar proyectos de infraestructura de alto impacto social como el Tren Maya.
Ambientalismo subordinado: la crítica oportunista de CambiémoslaYA! frente a la minería estratégica nacional

El pasado 22 de julio en el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, el colectivo CambiémoslaYa! ha irrumpido nuevamente con su acostumbrada retórica maximalista, exigiendo la prohibición total de la minería a cielo abierto.

Otra vez, sin reconocer los esfuerzos legítimos del Estado mexicano por recuperar el control de sectores clave como el litio.

Detrás de su campaña —aparentemente ecológica y popular— se oculta un guion bien ensayado por organizaciones internacionales que promueven una visión abstracta del ambientalismo, desarraigada de las condiciones materiales, y de clase de los pueblos de América Latina.

El discurso de CambiémoslaYa! responde a una arquitectura ideológica construida en laboratorios de financiamiento extranjero.

El Corredor Interoceánico no se detiene

CambiémoslaYa! exigió nuevamente la prohibición total de la minería a cielo abierto.

No es coincidencia que su comunicado del 22 de julio, omita toda referencia a la distinción esencial entre explotación sin sentido y proyectos estratégicos nacionales, particularmente aquellos vinculados a la transición energética y al control soberano del litio, y otros minerales clave.

Insinuando que los intereses de la Cuarta Transformación están alineados de manera tácita con el extractivismo.

Como ha reiterado la Presidenta Sheinbaum, prohibir de forma absoluta la minería a cielo abierto afectaría industrias fundamentales para el desarrollo científico, energético y tecnológico del país.

En lugar de construir una agenda de justicia ambiental con perspectiva de soberanía, CambiémoslaYA! se suma a la lógica del bloqueo y la criminalización técnica.

Comunicado del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) compartido por CambiémoslaYa!

Es sintomático, además, que su demanda sea respaldada por organismos como el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) —de orientación anti-extractivista pero también conservadora y antisecular— que ignoran sistemáticamente las condiciones concretas de países dependientes, donde la única posibilidad de desarrollo soberano pasa por el control estatal de los recursos naturales.

Más allá del fetichismo ambientalista importado, urge una ecología con raíces en la justicia social y la autodeterminación de los pueblos.

Una ecología que no confunda el saqueo neoliberal con los proyectos estratégicos de un Estado que ha comenzado, por fin, a recuperar su papel rector.