En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional para asegurar nuestra soberanía.
La iniciativa contempla imponer “la pena más severa posible” a cualquier persona —particularmente a extranjeros— que participen en procesos de investigación o persecución fuera del marco legal y soberano del país.
Pensando en esos términos, organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cobran una relevancia incómoda.
De acuerdo con datos publicados por La Jornada, esta ONG recibió entre 2016 y 2023 más de 502 millones de pesos.
De los cuales 96.7 millones provinieron directamente del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID.
¿Puede hablarse de imparcialidad cuando la balanza presupuestaria se inclina con billetes extranjeros?
Estos son los enemigos de la transformación y serán exhibidos
La relevancia incomoda de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
En su informe “Matar el futuro: La 4T y el fin de la política ambiental en México”, MCCI arremete contra la actual administración por redirigir el gasto ambiental hacia proyectos de estratégicos para el progreso de nuestra nación.
Acusan impunemente al gobierno de presuntamente ‘debilitar la política ecológica’, como si proteger selvas fuera incompatible con llevar energía a comunidades históricamente excluidas.
Pero detrás de la prosa ambientalista y la retórica de la rendición de cuentas, lo que asoma es una narrativa peligrosamente funcional a los intereses geopolíticos de nuestro hostil vecino del norte.
Es importante que seamos reflexivos frente a declaraciones como estas. ¿Quién se beneficia al detener la transición energética del país?
Un México más fuerte no se va a construir escuchando a quienes se arrodillan para recibir billetes de aquel que históricamente ha buscado mantener al país sumiso.
La corrupción se está purgando desde adentro, no necesitamos a ninguna asociación que nos prescriba manuales para hacerlo.