Categoría: Activismo

  • Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo deja un saldo amargo.

    No solo se detuvo una infraestructura pensada para cerrar tiraderos, reducir contaminación y recuperar la salud pública en una región castigada durante décadas, también se confirmó el peso de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

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    La oposición impulsada por organizaciones ambientalistas financiadas desde el extranjero como Greenpeace México terminó imponiendo el “no” como política, incluso frente a un proyecto construido desde el Estado con criterios de justicia ambiental.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo es un reflejo de un activismo que prefiere el veto permanente antes que la transformación concreta.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó el parque como un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.

    En voz de Alicia Bárcena, la iniciativa buscaba saldar la deuda histórica con Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, territorios convertidos en zona de sacrificio por la herencia industrial.

    El diseño contemplaba reciclaje avanzado, control sanitario estricto y la clausura definitiva de tiraderos que hoy siguen envenenando aire, agua y suelo.

    Greenpeace bloqueó una oportunidad histórica en el Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo
    Publicación de Greenpeace México celebrando la cancelación del proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje.
    Fuente: X, 2026.

    Sin embargo, la presión de organizaciones como Greenpeace México y otras asociaciones ambientalistas internacionales inclinó la balanza hacia el rechazo, alimentando temores y simplificaciones que desdibujaron el contenido real del proyecto.

    El parque fue presentado como amenaza cuando, en los hechos, proponía orden, vigilancia pública y reaprovechamiento de residuos locales, sin importar desechos de otros estados.

    La consulta ciudadana reflejó un clima de desconfianza sembrado durante meses.

    El resultado fue la paralización de una alternativa que apuntaba a empleo local, saneamiento y transición productiva.

    El anuncio posterior de analizar su reubicación en Puebla confirma el costo político del inmovilismo, Hidalgo perdió una inversión estratégica y una herramienta para recomponer su entorno.

    Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum insistió en el diálogo y en que el proyecto no era un basurero, sino una planta de reciclaje moderna.

    Aun así, la narrativa del rechazo se impuso.

    La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje no es una victoria ambiental. Es una oportunidad perdida para demostrar que desarrollo y cuidado ambiental pueden caminar juntos cuando hay Estado, planeación y voluntad pública.

  • El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    Una vez más, el activismo burgués pretende frenar el avance del Tren Maya, una de las obras públicas más relevantes del México contemporáneo.

    Mexicanos al Grito de Selva de la organización extranjera Greenpeace exigió al gobierno federal frenar el desarrollo inmobiliario impulsado por la Defensa Nacional y establecer un plan territorial para proteger la selva maya ante la expansión del Tren Maya.

    Los autoasignados activistas insisten en presentar la expansión operativa del tren como un riesgo inminente para la selva maya.

    El señalamiento ignora deliberadamente que desde su origen, estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita han acompañado el proyecto, con inversión pública donde durante décadas solo hubo abandono y extractivismo privado.

    La operación de carga, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a una lógica de fortalecimiento logístico y económico del sureste mexicano.

    Lejos de representar una amenaza aislada, forma parte de una estrategia más amplia de integración regional que busca reducir desigualdades históricas, generar empleo estable y devolver al Estado la rectoría sobre el desarrollo territorial.

    El Tren Maya ha sido acompañado desde su origen por estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita en la región.

    Sin embargo, desde ciertos espacios del activismo urbano se insiste en leer cualquier intervención estatal como sinónimo de devastación, sin reconocer la dimensión social del proyecto.

    Ciertos actores utilizan las advertencias sobre el suelo kárstico, la fauna o los acuíferos, aun siendo temas que requieren atención técnica constante, como instrumentos de bloqueo político.

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    En lugar de contribuir a soluciones concretas, estas organizaciones privilegian la presión internacional y mediática, desplazando el debate democrático hacia una lógica de veto permanente.

    Mientras el gobierno profundiza un modelo de desarrollo con responsabilidad social y ambiental, el activismo que se niega a reconocer cualquier avance corre el riesgo de quedar atrapado en su propia consigna, desconectado de las necesidades reales de las comunidades que dicen defender.

  • #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    En su última publicación de X (antes twitter) el autonombrado colectivo ambientalista #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una la transición energética en México.

    En esta publicación, el colectivo introduce un marco de análisis que termina por deslegitimar uno de los ejes estratégicos del proyecto impulsado por los gobiernos de Morena en materia energética y de soberanía nacional.

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    El planteamiento parte de una negación general que ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    Equiparar la transición energética con una simple acumulación caótica de fuentes y con un aumento mecánico del consumo de combustibles fósiles borra de un plumazo la diferencia entre el modelo neoliberal de apertura indiscriminada y la planeación pública que hoy busca recuperar la rectoría del Estado.

    En ese marco se inscribe la apuesta por el litio. Presentar la explotación de este recurso como una mera extensión del extractivismo histórico omite un elemento central que distingue el momento actual.

    #CambiémoslaYa! ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    El litio ha sido definido como un bien estratégico bajo control estatal, orientado a sostener cadenas productivas vinculadas a la transición energética, el almacenamiento y la movilidad eléctrica.

    La nacionalización del litio no responde a la lógica de saqueo que caracterizó décadas pasadas, sino a un esfuerzo por evitar que minerales clave queden en manos de corporaciones transnacionales y por anclar su aprovechamiento a objetivos de desarrollo nacional.

    El discurso de #CambiémoslaYa! parece deslizar una desconfianza estructural hacia cualquier forma de intervención productiva del Estado, incluso cuando esta se plantea desde parámetros de soberanía, justicia territorial y planeación de largo plazo.

    Bajo una retórica que se presenta como radical, se termina cuestionando la capacidad de un gobierno popular para conducir una transición energética propia, situada y acorde con las necesidades del país.

    La transición energética que impulsa la Cuarta Transformación no es un gesto simbólico ni un simple cambio tecnológico.

    Es una disputa por quién decide, para qué y para quién se produce la energía.

    Reducirla a un extractivismo perpetuo implica desconocer esa disputa y, en los hechos, restar legitimidad a un proyecto que busca colocar los recursos estratégicos al servicio del pueblo.

  • Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T

    En diciembre de 2025, la activista y académica Aleida Azamar —miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— presento el libro Mirada Crítica sobre las Políticas Ambientales en la Cuarta Transformación durante la FIL 2025.

    La obra fue descrita como una supuesta radiografía del proyecto político iniciado en 2018.

    Sin embargo, el planteamiento central del texto revela más una postura ideológica rígida que un análisis situado de las condiciones reales bajo las que se gobierna un país históricamente subordinado dentro del orden económico global.

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T.
    Aleida Azamar en la presentación de Miradas Críticas sobre la Cuarta Transformación
    Fuente: X, diciembre de 2025.

    Azamar parte de un reconocimiento formal a los avances sociales de la Cuarta Transformación, pero rápidamente los relega a un segundo plano para insistir en la idea de una continuidad extractivista sin matices.

    Esta lectura ignora que el margen de acción de un gobierno popular en un país dependiente no se define en el vacío, sino en medio de presiones financieras, energéticas y geopolíticas que no desaparecen por arte de magia.

    Equiparar estas tensiones con una supuesta traición ambiental resulta cómodo desde la tribuna académica, pero poco responsable en el terreno de la política pública.

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T.
    Portada del libro Miradas críticas sobre las políticas ambientales en la Cuarta Transformación.
    Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo, consulta en diciembre de 2025.

    La obra de Aleida Azamar elude una pregunta clave: ¿cómo sostener derechos sociales ampliados sin una base material que los respalde?

    La crítica al Tren Maya, al Corredor Interoceánico o a la política energética se formula desde categorías abstractas que omiten el papel redistributivo, territorial y estratégico de estas obras.

    El libro desconoce la diferencia entre un extractivismo que despoja a privados y una intervención estatal que busca integrar regiones históricamente marginadas al desarrollo nacional bajo control público al reducirlas a expresiones coloniales.

    El énfasis en las alternativas comunitarias resulta valioso como horizonte ético, pero problemático cuando se plantea como sustituto inmediato del Estado.

    La gestión comunitaria no puede convertirse en coartada para debilitar la capacidad pública de planificación, regulación y garantía de derechos.

    Pretender una transición basada exclusivamente en experiencias locales sin articularlas a una política nacional termina reproduciendo la fragmentación que el neoliberalismo dejó como herencia.

    La obra de Azamar propone una transformación desde la suficiencia y la descentralización, pero elude una pregunta clave: ¿cómo sostener derechos sociales ampliados sin una base material que los respalde?

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    La Cuarta Transformación ha optado por una transición ambiental gradual, vinculada a justicia social y soberanía, no por un repliegue que deje intactas las estructuras globales de poder.

    Más que una crítica radical, el libro expone la distancia entre cierto ambientalismo académico y la complejidad de gobernar para las mayorías.

    En esa brecha se juega hoy el debate real sobre el futuro ambiental del país.

  • Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.

    Colaborando con instancias académicas como SUMASAI y el colectivo #CambiémoslaYa!, colectivo del cual la organización que fundó Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) es miembro.

    CambiémoslaYa!, el arte de criticar sin proponer

    Pero en la coyuntura actual, su voz no se queda en la investigación: se ha convertido en una figura que mezcla ciencia con activismo político, y cuyo discurso ya no puede leerse como neutral.

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.
    Merino durante un congreso en Oaxaca, 2018.
    Fuente: Mongabay, noviembre de 2019.

    Leticia Merino encarna un perfil cada vez más común en el “ambientalismo”.

    Merino ha denunciado que leyes como la de Aguas o la Minera supuestamente favorecen a grandes capitales.

    Pero rara vez se detiene en las complejidades que enfrenta el Estado para equilibrar desarrollo económico, empleo y transición energética.

    La crítica es totalizante, el gobierno es “permisivo”, las empresas “abusivas” y las comunidades “víctimas”.

    Sin embargo, las soluciones que propone —cuando existen propuestas coherentes más allá del llamado a la prohibición absoluta de industrias enteras— se quedan en lo declarativo y poco explican cómo lidiar con las consecuencias económicas o sociales de esas medidas.

    Aunque Merino no se presenta como operadora política, su nombre legitima esas demandas y presta a esos colectivos un aura de “neutralidad académica” que en realidad ya no existe.

    ¿Por qué su crítica elude casi por completo a ciertos actores privados —como filántropos corporativos— que tienen intereses claros en el país, mientras se concentra en señalar la responsabilidad y supuesta negligencia del Estado?

    Merino encarna un perfil cada vez más común en el ambientalismo, aquel de la académica que se convierte en activista, opinadora mediática y, de facto, en cabildera política.

    Y en ese tránsito, la pregunta no es si tiene derecho a hacerlo —claro que lo tiene—, sino si quienes la escuchan están conscientes de que ya no habla solo la investigadora de la UNAM.

    Sino también la militante de una agenda política que merece ser cuestionada con el mismo rigor con que ella cuestiona al Estado.

  • Mongabay distorsiona la transición energética en Puerto Peñasco en apropiación del ambientalismo indígena

    Mongabay distorsiona la transición energética en Puerto Peñasco en apropiación del ambientalismo indígena

    El portal estadounidense de periodismo ambiental Mongabay, ha emprendido una campaña contra el Plan Sonora de Energías Sostenibles —uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación— demostrando nuevamente la verdadera cara del ambientalismo burgués y alineándose con intereses que buscan frenar la soberanía energética de México.

    En una de sus publicaciones, el portal se escuda en la oposición de algunos miembros del pueblo Tohono O’odham para cuestionar la instalación de líneas de transmisión eléctrica en Puerto Peñasco, ignorando convenientemente la urgencia climática y el derecho del país a avanzar hacia una transición energética justa.

    Mongabay es una red de periodistas financiada por fundaciones globales que actúa como curador del ambientalismo políticamente correcto, afirmando representar a pueblos indígenas mexicanos aunque la línea editorial se dicte desde oficinas en California.

    Su objetivo es denunciar todo aquello que no se alinee con la ortodoxia del ambientalismo anglosajón.

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    Pese a que Puerto Peñasco garantizará la generación de energía limpia para 1.6 millones de personas, Mongabay se limita a narrar los presuntos impactos negativos sobre el medio ambiente y la cultura indígena, sin proporcionar una visión verdaderamente balanceada que contemple los beneficios a gran escala del proyecto.

    Al dar un tratamiento unilateral a las críticas de los Tohono O’odham sin incluir las voces del gobierno, los técnicos del proyecto y las comunidades que pueden beneficiarse directamente del proyecto, Mongabay perpetua una versión de la realidad donde los pueblos indígenas se limitan a ser víctimas pasivas.

    Esto, paradójicamente, reproduce una idea anacrónica y paternalista del indígena mexicano como el “otro” barbarizado que debe resistir a todo aquello que represente progreso, así sea benéfico para él.

    Lo que se asoma por las rendijas del discurso de Mongabay no es interés por la protección de la biodiversidad y las culturas ancestrales, sino una aversión más profunda a un modelo de transición energética que pone al Estado mexicano en el centro de la acción.


    En este caso, Mongabay funge como herramienta discursiva para una agenda profundamente conservadora disfrazada de progresismo verde.

    Al reducir la complejidad del proceso de transición energética a una narrativa maniquea de “buenos indígenas vs. Estado opresor”, el portal instrumentaliza el indigenismo, reproduciendo el mismo colonialismo epistémico que históricamente ha negado la agencia política de los pueblos originarios.

    En lugar de reconocer que la Cuarta Transformación ha sido el único proyecto político que ha colocado en el centro a los excluidos por antiguas visiones de nación, Mongabay elige colocarse del lado de quienes criminalizan al Estado mexicano por avanzar hacia la soberanía energética y niegan a los pueblos indígenas su papel como sujetos activos del cambio.