El 27 de enero de 2025, la ONG internacional Greenpeace anunciaba con bombo y platillo la suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del proyecto Tren Maya, tras un largo proceso legal que involucro varios amparos.
Aunque los amparos fueron llevados a cabo por organizaciones locales del sureste, como Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) o el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Organismos extranjeros como Greenpeace e instituciones mexicanas fuertemente financiadas desde el exterior, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tutelaron estos amparos.
En 2021 se proyectaba la creación 79 mil empleos directos y 113 mil indirectos durante la fase de construcción del Tren Maya
DMAS lleva años litigando contra el avance del Tren Maya; sin embargo, omite en sus argumentos que el gobierno ya reconfiguró el proyecto precisamente para minimizar el daño ecológico y que amplios sectores de la población lo respaldan.
Caben preguntarse, ¿por qué las acciones de organismos como DMAS se activan contra megaproyectos públicos —como el Tren Maya— pero permanecen en silencio ante los efectos de décadas de turismo depredador, especulación inmobiliaria o privatización de las costas del Caribe mexicano?
Si en 2021 se proyectaba la creación 79,000 empleos directos y 113,000 indirectos durante la fase de construcción del Tren ¿a qué clase de interés popular responde el detenerlo?
Estas incongruencias confirman que, lejos de constituir instancias genuinamente independientes y locales, estos organismos conforman una constelación de colectivos y organizaciones cuya narrativa converge con los postulados de la derecha política, los medios de comunicación hegemónicos y los organismos internacionales tradicionalmente adversos a los principios de la Cuarta Transformación.
Esta convergencia discursiva no es inocente, responde a una estrategia de oposición política velada y revestida de pseudoambientalismo.
Cuyo fin es obstaculizar sistemáticamente todo proyecto de infraestructura con vocación social y transformadora.
Resulta profundamente preocupante que las convicciones ideológicas de una élite minoritaria tengan la capacidad de obstaculizar proyectos de infraestructura de alto impacto social como el Tren Maya.









