El Plan Sonora de Energías Sostenibles, encabezado por la CFE y LitioMx, es hoy el proyecto más ambicioso de transición energética soberana en América Latina.
Aun así, ha sido objeto de críticas previsibles por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un think tank acostumbrado a leer el desarrollo bajo la óptica de los indicadores de mercado.
Este organismo, heredero intelectual del Consenso de Washington, ha vuelto a descalificar al Plan Sonora con sus habituales eufemismos tecnocráticos.
En su análisis de mayo de 2025, el IMCO calificó la meta de 45% de electricidad limpia al 2030 como “loable, aunque ingenua”.
Esta declaración revela un profundo prejuicio sobre la capacidad del Estado para encabezar transformaciones estratégicas sin rendirse a los dogmas del mercado.
Plan Sonora De Energías Sostenibles
Es cierto que la generación de energía limpia cayó un 24% en el primer trimestre de 2025.
Y justamente por eso se construye en Puerto Peñasco la planta solar más grande de América Latina, con 1,000 MW de capacidad, para asegurar un crecimiento continuo en nuestras capacidades de producción de energías limpias.
El IMCO diagnostica de manera acertada un crecimiento rápido de la demanda energética, más de 13.4% para el 2030.
Pero esta realidad solo ratifica la urgencia del Plan Sonora como columna vertebral de la estrategia energética nacional.
El megaproyecto solar de Puerto Peñasco es apenas el principio, según nuestro gobierno, más de 29 mil MW de capacidad se sumarán al sistema eléctrico, el 78 % desarrollados por la CFE.
En los resultados de su investigación sobre la infraestructura energética del país, la organización plantea varios escenarios de transición energética, uno mixto, uno renovable y uno que cumpla la meta del 45% de electricidad limpia, ajustados según lo que considera políticas adecuadas.
No obstante, si se examina su analisis con detenimiento, el discurso del IMCO suena a déjà vu: apertura del sistema al capital privado, reformulación del marco regulatorio para evitar supuestas preferencias hacia la CFE y desregulación de mecanismos de financiamiento como los CKDs y la FIBRA E. En otras palabras, una reedición del modelo neoliberal.
El IMCO continúa entendiendo la energía mexicana como un negocio, no como un derecho.
Parte de la premisa de que la competencia capitalista genera buenos resultados, cuando en realidad, la apertura de industrias estratégicas a privados en México ha derivado históricamente en la privatización de las ganancias y en la pérdida de garantías de acceso para los sectores más vulnerables.
