La prensa conservadora, en su cruzada contra el renacer del sureste, continúa sus intentos de desprestigiar el proyecto del Tren Maya.

El diario español El País, escudándose organismos de la llamada “sociedad civil local” como Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —de quienes ya se han cuestionado sus lazos con intereses privados y extranjeros—, publicó el 10 de agosto de 2025 una nota insinuando que la ejecución del juicio de amparo contra el Tren Maya ha sido entorpecida de manera deliberada.

De acuerdo a los activistas citados por El País —entre ellos Viridiana Maldonado, abogada y co-coordinadora de TerraVida— tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se han empecinado en obstruir el juicio de amparo mediante estrategias de dilación.

Como si de ellos dependiera el arribo de los supuestos CDs con pruebas para el juicio o la fecha de las audiencias.

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El medio español decide incluir en el texto —de forma completamente impune— las declaraciones del área jurídica de SEMARNAT.

Donde se dejan en evidencia las prácticas abusivas de quienes están promoviendo el amparo.

Se promueven actos judiciales a diestra y siniestra, como si fueran enchiladas.

El juzgado de amparo actúa de forma inequitativa y obstruye el flujo de información hacia las autoridades demandadas, entre una larga lista de acciones que rozan el abuso judicial.

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No obstante, El País menciona estos reclamos solo para ignorarlos, sin la decencia periodística de abordar con seriedad lo que asumen se reduce a excusas burocráticas.

En contraposición, el medio entiende como incuestionables las demandas interpuestas por TerraVida y el CRIPX.

Exponiéndolas con una legitimidad absoluta, cimentada en una supuesta realidad lacerante e inapelable.

A partir de dicha premisa, construye una narrativa telenovelezca en la que estas organizaciones emergen como víctimas pasivas.

Carentes de cualquier interés ulterior más allá de una idealizada búsqueda por el bienestar ambiental.

Se ignora que las organizaciones que llevan el volante en estos procesos legales, como el CEMDA, han sido incapaces de articular una defensa convincente frente a las acusaciones de intervencionismo extranjero lanzadas contra ellos desde inicios de la administración obradorista.

No hay retrasos; la justicia ejercida de forma adecuada requiere de tiempos que no están subordinados a las expectativas y deseos de grupos concretos.

Debemos recordar que la gran mayoría de los mexicanos aprueba el proyecto del Tren Maya y entiende los enormes beneficios que trae para el país.

Los pueblos indígenas que pavonean defender desde el CEMDA y TerraVida han consentido al proyecto desde hace casi 6 años.

A diferencia de sus supuestos representantes de escritorio, ellos comprenden las necesidades de su gente y como el Tren es un vehículo de desarrollo en sus comunidades.

El progreso del sureste no se detiene por minorías quejumbrosas que buscan convertir un capricho ideológico en el estándar de la justicia nacional.