Más de 40 organizaciones firmaron un pronunciamiento en el que sostienen que el Gobierno ocultó el derrame en el Golfo de México y que Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha asumido plenamente su responsabilidad; además, señalan la falta de información sobre el volumen derramado, los costos de remediación y la ausencia de un plan integral de restauración ambiental.

Asimismo, el documento afirma que este tipo de incidentes no ocurre de forma aislada. Las organizaciones lo enmarcan dentro de un patrón que relacionan con el “modelo fósil”.

A este modelo le atribuyen contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional. También amplían la crítica a actividades como el fracking y el gas natural licuado.

Más allá del derrame, la “crítica ambiental” se convierte en un instrumento de presión sobre el rumbo energético del país.

Si bien la exigencia de claridad y reparación constituye un reclamo legítimo, el encuadre presentado por organizaciones como Greenpeace desplaza rápidamente la discusión hacia una interpretación estructural que responsabiliza de forma absoluta al Estado y a Pemex, sin incorporar plenamente la complejidad técnica y operativa del sector.

A partir de este enfoque, las organizaciones utilizan el incidente como base para descalificar el conjunto de la política energética, configuran una narrativa que tiende a generalizar y omite el carácter estratégico de PEMEX en el fortalecimiento de la soberanía energética.

CEMDA ataca a CFE con el discurso de siempre

Esta construcción discursiva no solo busca incidir en la percepción del evento, sino también en la legitimidad de las decisiones energéticas actuales, en un momento en que el Estado mexicano apuesta por consolidar su capacidad de conducción en el sector.

Así, más allá del derrame, el posicionamiento se inserta en una disputa más amplia donde la crítica ambiental se convierte en un instrumento de presión sobre el rumbo energético del país.