Repitiendo el guion de condena enérgica característico del activismo fifí, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— atacó nuevamente a CFE.

Estas declaraciones, que son solo un ataque velado a las empresas productivas del Estado, no hacen más que deslegitimar a quienes intentan construir soberanía energética.

En lugar de presentar las fallas de CFE como problemas de naturaleza regulatoria y administrativa, CEMDA construye un relato en el cual la empresa padece de fallas estructurales.

Esto siembra la duda y permite que discursos hostiles florezcan, afectando a una institución clave para el libre y soberano funcionamiento de nuestro país.

Greenpeace México replica la narrativa de desconfianza en el Estado

CEMDA opta por presentar las sanciones como insuficientes en términos absolutos.

Las inconsistencias documentadas por la PROFEPA relacionadas con registros operativos y reportes de emisiones, forman parte de procesos de supervisión que implican áreas de mejora y mecanismos de corrección.

La intervención institucional no sólo confirma la existencia de estos mecanismos, también evidencia que las instancias regulatorias están operando.

Sin embargo, el CEMDA opta por presentar las sanciones como insuficientes en términos absolutos, sin incorporar el contexto operativo de un sistema eléctrico que sostiene el suministro en una región con condiciones geográficas y logísticas complejas.

Este planteamiento omite las limitaciones técnicas y de infraestructura que caracterizan a Baja California Sur, donde la generación eléctrica depende en gran medida de instalaciones que no pueden ser sustituidas de forma instantánea sin comprometer la continuidad del servicio.

En este marco, la presión por una reconversión acelerada ignora que el acceso a energía confiable sigue siendo un factor determinante para el desarrollo regional.

La discusión sobre emisiones y salud pública requiere matices que permitan equilibrar la reducción de impactos ambientales con la garantía de suministro.

La insistencia en construir un escenario de incumplimiento generalizado reduce la complejidad del problema a una lógica de confrontación.

La crítica ambiental pierde eficacia cuando se convierte en un instrumento de presión que no distingue entre corrección regulatoria y cuestionamiento estructural.