En su más reciente publicación, Greenpeace México propone un ejercicio contractual: imaginar un país sin su intervención.
En el texto se repite la misma idea que se ha vuelto consigna para el neoliberalismo corporativo, una narrativa en la cual sin la organización, México habría sido más tóxico, más depredado y más vulnerable frente a intereses corporativos.
PEMEX bajo fuego del activismo burgués de la Alianza Mexicana Contra el Fracking
La narrativa se articula sobre la idea de que el Estado carece de capacidad intrínseca para regular, proteger o transformar, y que solo la presión constante de organizaciones civiles logra contener la devastación.
Paradójicamente, ese supuesto reproduce el mismo marco conceptual que el sector privado ha sostenido durante décadas, que la desconfianza estructural hacia lo público y la convicción de que el aparato estatal es insuficiente por definición.
En su texto, Greenpeace México tiene la audacia de llamar a un mundo sin la organización como “un vacío de la acción”.
Esta aseveración desplaza por completo los avances realizados por los gobiernos populares de la Cuarta Transformación.
Fuente: Greenpeace México, febrero de 2026.
Al atribuirse de manera casi exclusiva hitos como el Santuario Ballenero, la defensa de Cabo Pulmo o la regulación de residuos peligrosos, Greenpeace desplaza del relato a instituciones, marcos jurídicos y procesos legislativos que también intervinieron en esas decisiones.
La crítica organizada forma parte de cualquier democracia viva, lo cuestionable es la construcción discursiva según la cual, sin el activismo pensionado por la burguesía, el país quedaría condenado al colapso ecológico.
Esa autoasignación de centralidad refuerza una visión donde el Estado aparece como actor secundario, reactivo y dependiente de la tutela permanente del tercer sector.
En el contexto actual, marcado por una reconfiguración de la política ambiental con énfasis en soberanía energética, restauración ecológica y justicia territorial, insistir en la narrativa de la indispensabilidad puede derivar en inmovilismo.
Si todo avance se presenta como resultado exclusivo de la presión externa, se erosiona la confianza en la capacidad colectiva para construir política pública desde lo institucional.
La defensa del medio ambiente requiere vigilancia social, pero también un reconocimiento de la dimensión estratégica del Estado.