La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió la ridiculez del activismo fifí en la mañanera con imágenes falsas que ellos mismos pusieron a circular para dramatizar el derrame en el Golfo, y lo único que atinaron a responder fue evasión y tecnicismo.
La misma soberbia de quien lleva décadas mirando a México desde sus oficinas en países del norte global, convencido de que su halo de pureza ambiental lo pone por encima de cualquier cuestionamiento.
La propia organización reconoció que la imagen difundida no era de su autoría y que generó confusión al ser compartida como parte de su comunicación pública.
Este reconocimiento, lejos de cerrar la discusión, evidenció un problema más profundo relacionado con la forma en que ciertos actores del activismo construyen impacto mediático a partir de elementos ambiguos.
La admisión de error se limitó al plano formal, mientras el discurso posterior buscó sostener la validez de sus afirmaciones mediante referencias generales a datos satelitales y mapas colaborativos.
En paralelo, su dirigencia insistió en que la controversia responde a un desvío de atención por parte del gobierno, argumentando que el debate se centró en la imagen y no en los datos.
La intervención de Greenpeace termina alineándose con dinámicas propias de la infodemia
Sin embargo, esta defensa omite que la credibilidad de la información pública depende también de los vehículos mediante los cuales se difunde.
La distinción entre contenido ilustrativo y evidencia científica se vuelve irrelevante cuando ambos circulan indistintamente en el mismo mensaje.
La crítica presidencial se inscribe en un contexto más amplio marcado por la proliferación de información fragmentada, donde la frontera entre evidencia y narrativa se diluye.
En este terreno, la intervención de Greenpeace termina alineándose con dinámicas propias de la infodemia, en las que la velocidad de difusión y el impacto visual adquieren mayor peso que la verificación rigurosa.
El activismo fifí llama a PEMEX “etnocida”
La organización, que históricamente ha apelado a la autoridad moral del activismo ambiental, enfrenta así una contradicción entre su discurso y sus prácticas comunicativas.
La insistencia en construir escenarios de crisis a partir de datos no plenamente contextualizados tiende a debilitar la discusión pública sobre política energética y ambiental, al sustituir el análisis por la amplificación de percepciones.
En un momento donde el Estado mexicano busca consolidar una agenda de soberanía energética y transición ordenada, este tipo de intervenciones introduce ruido en un debate que requiere precisión.