La Alianza Mexicana contra el Fracking (colectivo conformado por asociaciones como Engenera y CEMDA), insiste en sus señalamientos contra el Plan Estratégico de PEMEX, acusando a la paraestatal de encubrir un incremento del fracking dentro del Plan Estratégico 2025-2030 bajo el eufemismo de “estimular yacimientos de geología compleja”.
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Esto revela una clara intención de debilitar a la principal empresa pública del país a partir de una lectura sesgada de su planeación energética.
La Alianza se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.
Sin embargo, la Alianza mezcla estos episodios con el debate técnico sobre exploración de gas, construyendo una narrativa donde todo esfuerzo de PEMEX aparece como prueba irrefutable de una política fósil sin matices.
Al presentar el Plan Estratégico 2025-2035 como una traición encubierta a las demandas sociales, la Alianza omite un elemento central del contexto nacional.
PEMEX opera en un país que busca garantizar soberanía energética, reducir importaciones y sostener cadenas productivas ligadas a fertilizantes, petroquímica y generación eléctrica.
Reducir esa complejidad a una acusación de engaño semántico no solo consigue empobrecer la lucha por los derechos ambientales y el progreso social.
Resulta significativo que la crítica se concentre en deslegitimar el lenguaje técnico, pero no en exigir con la misma fuerza inversión pública para modernizar ductos, prevenir derrames, reparar daños acumulados o acelerar la transición tecnológica dentro de la propia empresa estatal.
La denuncia se queda en el plano simbólico, donde Pemex aparece como un enemigo abstracto, y no como una institución que requiere transformación profunda bajo control público.
La Alianza, como el resto del activismo burgués, se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.
Defender la vida y el territorio no debería implicar sabotear, por la vía del discurso, a la herramienta central con la que México puede decidir su propio rumbo energético.