El 30 de octubre, Expansión Política publicó un artículo alarmista titulado “México peleará contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años”.

En él, representantes de Oxfam —organismo también miembro de los colectivos inmovilistas #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, Wildlands Network y NOSSA, junto con otras ONG ambientalistas, acusaron al gobierno federal de asfixiar la protección ambiental y privilegiar megaproyectos según ellos destructivos como el Tren Maya.

Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

Bajo el disfraz de preocupación ecológica, lo que se esconde es una operación discursiva coordinada desde el ambientalismo corporativo internacional para desacreditar la política climática soberana de la Cuarta Transformación.

El ecologismo de escritorio de estás ONG, exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.

Estas organizaciones, que no rinden cuentas en México sobre su financiamiento proveniente de fundaciones y gobiernos extranjeros, insisten en medir la acción ambiental en función del presupuesto federal, sin reconocer la reestructuración profunda del gasto público hacia proyectos de restauración ecológica con justicia social.

El recorte que denuncian no es un abandono, sino una reorientación del gasto hacia programas comunitarios y obras de infraestructura que integran mitigación climática y desarrollo social: reforestación con empleo local, saneamiento de cuencas y transición energética bajo control público.

El discurso de Oxfam y compañía no es ambiental, es ideológico. Su indignación por los “recortes” ignora que Pemex y CFE son parte de la transición justa, no sus enemigos.

Sin energía soberana y sin control público sobre los recursos, no hay posibilidad de cambio real.

Cuando las ONG hablan de “presupuesto verde”, en realidad reclaman más dinero para sus consultorías, proyectos de cooperación y estudios financiados por el norte global.

Quieren convertir al Estado mexicano en ejecutor de sus agendas, no en arquitecto de su propio modelo de desarrollo.

Su ecologismo de escritorio exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa políticas ambientales que priorizan la restauración de ecosistemas, la gestión integral del agua y la reducción del 35% de las emisiones hacia 2030, tal como lo explicó Alicia Bárcena ante el Congreso.

No es un retroceso, sino una transición realista y soberana que rompe con la dependencia de los dictados financieros de las ONG del norte.

El falso ambientalismo de Oxfam y sus aliados busca reinstalar la idea de que México solo puede salvar su naturaleza obedeciendo a los países ricos.

Durante siglos, el Istmo de Tehuantepec fue sinónimo de promesas incumplidas. Una región rica en historia, cultura y potencial, relegada a los márgenes del desarrollo por gobiernos que solo miraban al norte. Hoy, esa deuda comienza a saldarse. El Corredor Interoceánico se convertirá en un foco de desarrollo en la zona del Istmo.

Una inversión de más de 120 mil millones de pesos, el corredor representa la voluntad de un Estado que mira al sur con responsabilidad.

Presidente anuncia inversión de 120 mil mdp para Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Colectivos como la Asamblea de Pueblos del Istmo, Terravida y UCIZONI, han denunciado supuesto despojo y represión. Señalan, que el 61.5% de la población que habita en el Istmo vive en pobreza, paradojicamente negando proyectos que traerán bienestar a esas mismas personas.

Pero estas organizaciones no son más que peones en un entramado mucho más complejo que busca demeritar los esfuerzos de Cuarta Transformación. El pasado 13 de febrero miembros de UCIZONI fueron desgraciadamente asesinados por responsables desconocidos en la comunidad de El Platanillo, Oaxaca. Ante estos actos, ONGs extranjeras como Greenpeace han aprovechado para adjudicar, sin fundamentos, la responsabilidad del Estado. Afirman, sin prueba alguna más que su prejuicio ideológico, que la tragedia está ligada al desarrollo del corredor interoceánico.

Esto demuestra una increíble bajeza y falta completa de decoro. Greenpeace está aprovechando la sangre de defensores del territorio para manchar los proyectos que pretenden traer prosperidad y bienestar a los habitantes del Istmo. Su lenguaje claramente incita a la indignación irreflexiva y la polarización.

Ignoran que, aunque los gobiernos han mejorado constantemente la seguridad durante los últimos sexenios, el crimen organizado sigue concentrando sus actividades en el sur del país.

Es claro que posicionarse contra el crímen organizado no es políticamente lucrativo para estas ONGs.

Es imposible no ver la parcialidad y el enorme sesgo en estas organizaciones, ¿es legítimo frenar el anhelo de millones por un mejor futuro? ¿Se puede construir justicia negando toda posibilidad de transformación?

Lo que se omite en muchos de estos discursos es que el Estado ha abierto canales de diálogo, ha desplegado programas sociales sin precedente y ha buscado construir con el pueblo, no pese al pueblo. Congelar los esfuerzos de esta transformación bajo una sospecha perpetua tampoco es opción.

El Istmo tiene hoy la oportunidad de ser motor, no lastre. Será fruto de decisiones tomadas en el territorio, con soberanía y dignidad. Porque la transformación no se impone ni se mendiga: se construye con el pueblo, paso a paso y sin pedir permiso.

Ver también: El indigenismo neoliberal