A inicios de noviembre de 2025, Engenera, WRI México, Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la red de tierras silvestres Wildlands Network y la Fundación Heinrich Böll —nombres que se repiten en colectivos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— han presentado el llamado Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, otra iniciativa más que pretende fiscalizar el uso del gasto público y deslegitimar los esfuerzos de la Cuarta Transformación por impulsar cambios ambientales con vocación popular.

Resulta revelador que quien encabezara el lanzamiento de esta campaña fuera la diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla, alabando el acto como un paso más hacia una verdadera política ambientalista.

Mientras tanto, desde la trinchera morenista se reconoce la necesidad de transformaciones estructurales y de un enfoque prioritario frente al cambio climático.

Legisladores como Joaquín Zebadúa Alva subrayan la dimensión internacional y las asimetrías poscoloniales que definen la problemática ambiental global.

De poco sirve que veinticuatro ONG —muchas de ellas financiadas por corporaciones y gobiernos de Europa y la anglosfera— actúen como árbitros morales de la transición ecológica emprendida por un gobierno popular y democráticamente electo en el sur global.

Si al norte inmediato de nuestras fronteras, el auge del neofascismo está desmantelando las endebles estructuras de regulación ambiental construidas en las últimas décadas.

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Aun si la economía mexicana dejara de emitir gases de efecto invernadero y retornara a una suerte de utopía preindustrial —lo que parece ser el horizonte de muchos de estos movimientos que predican el inmovilismo estatal como única alternativa— el impacto global sería nulo sin un viraje profundo en las políticas ambientales y económicas de Estados Unidos, Europa y las potencias industriales de Asia.

Conviene entonces preguntarse por qué esta insistencia en la fiscalización punitiva y en la parálisis institucional desde organismos que reciben financiamiento de grandes corporaciones internacionales.

¿Quién se beneficia de la dependencia energética y de la desindustrialización del Estado mexicano?

Más revelador aún es que, como demuestra el caso de Movimiento Ciudadano, sea la oposición a la Cuarta Transformación la que con mayor entusiasmo adopta el discurso catastrofista contra la política energética y ambiental de MORENA.

El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Con quienes desean mantener a México en el oscurantismo del subdesarrollo y con quienes temen a un país fuerte, guiado por su pueblo y comprometido con su soberanía ambiental.