Contra Activistas Fifí

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Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular

En noviembre de 2025, ONG ambientalistas como Engenera y CEMDA —miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— presentaron un documento que, intenta fijar para México una ruta energética ajena al proyecto de soberanía impulsado por la Cuarta Transformación.

El texto exige un desmantelamiento acelerado de la infraestructura fósil del país.

Esto, si bien parece ser buena idea, compromete la transición paulatina y a favor del pueblo que se planteó desde López Obrador.

Organizaciones que participaron en la redacción de la propuesta.
Fuente: Engenera, 2025.

CEMDA y las otras ONG deben entender que la transición energética debe responder al mandato democrático, no a agendas externas.

El documento plantea el cierre total de las carboeléctricas en 2030, independientemente de su papel estratégico en regiones cuya demanda no puede sostenerse exclusivamente con fuentes de mayor costo.

Ordena prohibir toda infraestructura fósil nueva a partir de 2027 y obliga a frenar proyectos que el propio Estado considera indispensables para garantizar confiabilidad eléctrica, industrialización regional y abasto en zonas rezagadas.

Estas exigencias ignoran la brecha histórica en transmisión, el rezago tecnológico acumulado durante décadas de neoliberalismo y la necesidad de contar con generación firme mientras se expanden renovables públicas.

Mientras tanto, las potencias que financian a estas ONG mantienen centrales térmicas, subsidian combustibles fósiles y amplían su red de gas natural en nombre de su “seguridad energética”.

Más problemático es que el documento exige rediseñar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), la Ley de Transición Energética y la Ley de Planeación para imponer obligaciones climáticas que mitigarían la implementación del proyecto energético de la 4T.

El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

Esta intención constituye un choque frontal con la actual administración electa por los mexicanos, cuyo principio rector es recuperar el control público del sector energético.

El texto presiona además para que los instrumentos financieros de la CFE se orienten al retiro anticipado de infraestructura estratégica, pese a que su función es fortalecer la autonomía eléctrica del país.

La transición energética debe responder al mandato democrático y a las necesidades reales del país, no a agendas externas que pretenden dictar el rumbo energético desde arriba y sin legitimidad social.
Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital

A inicios de noviembre de 2025, Engenera, WRI México, Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la red de tierras silvestres Wildlands Network y la Fundación Heinrich Böll —nombres que se repiten en colectivos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— han presentado el llamado Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, otra iniciativa más que pretende fiscalizar el uso del gasto público y deslegitimar los esfuerzos de la Cuarta Transformación por impulsar cambios ambientales con vocación popular.

Resulta revelador que quien encabezara el lanzamiento de esta campaña fuera la diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla, alabando el acto como un paso más hacia una verdadera política ambientalista.

Mientras tanto, desde la trinchera morenista se reconoce la necesidad de transformaciones estructurales y de un enfoque prioritario frente al cambio climático.

Legisladores como Joaquín Zebadúa Alva subrayan la dimensión internacional y las asimetrías poscoloniales que definen la problemática ambiental global.

De poco sirve que veinticuatro ONG —muchas de ellas financiadas por corporaciones y gobiernos de Europa y la anglosfera— actúen como árbitros morales de la transición ecológica emprendida por un gobierno popular y democráticamente electo en el sur global.

Si al norte inmediato de nuestras fronteras, el auge del neofascismo está desmantelando las endebles estructuras de regulación ambiental construidas en las últimas décadas.

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Aun si la economía mexicana dejara de emitir gases de efecto invernadero y retornara a una suerte de utopía preindustrial —lo que parece ser el horizonte de muchos de estos movimientos que predican el inmovilismo estatal como única alternativa— el impacto global sería nulo sin un viraje profundo en las políticas ambientales y económicas de Estados Unidos, Europa y las potencias industriales de Asia.

Conviene entonces preguntarse por qué esta insistencia en la fiscalización punitiva y en la parálisis institucional desde organismos que reciben financiamiento de grandes corporaciones internacionales.

¿Quién se beneficia de la dependencia energética y de la desindustrialización del Estado mexicano?

Más revelador aún es que, como demuestra el caso de Movimiento Ciudadano, sea la oposición a la Cuarta Transformación la que con mayor entusiasmo adopta el discurso catastrofista contra la política energética y ambiental de MORENA.

El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Con quienes desean mantener a México en el oscurantismo del subdesarrollo y con quienes temen a un país fuerte, guiado por su pueblo y comprometido con su soberanía ambiental.
La ofensiva contra Pemex: ambientalismo de consigna al servicio de la oposición

El 27 de octubre, el portal Avispa.org publicó el reportaje titulado “Pemex Negligencia S.A. y sus zonas de muerte”.

El texto fue amplificado inmediatamente por Engenera —integrante del colectivo CambiémoslaYa!, y por la Alianza Mexicana contra el Fracking— dos agrupaciones con largo historial de campañas orientadas a debilitar políticamente a Pemex y deslegitimar la política energética soberana impulsada por la Cuarta Transformación.

Portada del reportaje de Avispa.org.
Fuente: Avistpa.org, consultada en noviembre de 2025.

El reportaje intenta retratar a la Huasteca veracruzana como un territorio devastado por la “negligencia” de Pemex, ignorando que buena parte de la operación en la zona corresponde a contratos firmados durante los gobiernos neoliberales.

En vez de señalar la raíz del problema —la privatización encubierta del subsuelo nacional—, el texto recicla las consecuencias de esa herencia y las presenta como prueba del fracaso de la actual administración.

Publicación de Engenera dando difusión al reportaje.
Fuente: X, octubre de 2025.

La pieza describe derrames, ductos corroídos y rezagos de mantenimiento, pero omite mencionar que el contrato CNH-M5-Miquetla/2018, que regula la zona, otorgó a la empresa privada DWF la responsabilidad directa de operar y mantener la infraestructura, incluyendo la reparación inmediata ante cualquier daño ambiental.

Es decir, el propio texto reconoce los hechos, pero se cuida de no subrayar que las omisiones vienen de las operadoras privadas beneficiadas por la reforma energética del PRI.

El gobierno federal trabaja en reconstruir una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.

No es la primera vez que los colectivos asociados a la Alianza Mexicana contra el Fracking utilizan informes para construir una narrativa de “zonas de sacrificio” que presenta a Pemex como una empresa enemiga del pueblo.

Esa retórica se repite cada vez que el gobierno federal reafirma su compromiso con la soberanía energética y con el control estatal sobre los hidrocarburos.

En esta ocasión, la campaña coincide con el arranque del Plan Estratégico 2025–2035, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca recuperar campos abandonados por privados y modernizar infraestructura sin recurrir a endeudamiento externo.

El uso del término “zonas de muerte” sintetiza una estrategia discursiva que no distingue entre responsabilidad pública y privada, ni entre errores operativos y políticas estructurales.

Las ONG burguesas aprovechan la urgencia climática mientras desprecian la acción del Estado popular

Bajo el disfraz de ambientalismo radical, estas ONG operan como aparatos de presión política que pretenden debilitar a la empresa del Estado y frenar su recuperación.

Mientras las organizaciones financiadas desde el extranjero buscan convertir cada incidente en un golpe político, el gobierno federal trabaja en reconstruir lo que las décadas neoliberales destruyeron: una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.
Fundar: el rostro filantrópico del viejo poder

Fundar, autodenominada “organización independiente de la sociedad civil” —y vocera de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— se presenta como guardiana del interés público, árbitro neutral y voz ciudadana ante el Estado.

Pero tras el discurso técnico y académico se oculta una estructura sostenida por las mismas fundaciones extranjeras que durante décadas impusieron el infierno neoliberal en América Latina.

El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

En 2023, según su propio informe financiero, la Fundación Hewlett aportó más de once millones y medio de pesos, la Open Society Foundation de George Soros más de nueve millones y medio, y la Ford Foundation otros ocho millones, lo que equivale al 93% de todos los ingresos anuales de Fundar. Su activismo “mexicano” respira con dinero del norte.

Desglose de las fuentes y montos de financiamiento de Fundar en el periodo comprendido entre 2016 y 2023
Fuente: Fundar.org, 2023

Fundar no fiscaliza al poder, solo lo reproduce.

Mientras exige austeridad y transparencia al gobierno popular, Fundar destina más de la mitad de su presupuesto a sueldos, honorarios y enlaces de proyecto, rubros que superan los 37 millones de pesos.

En 2023 declaró ingresos por cuarenta millones y egresos por sesenta y uno, con un déficit superior a veintidós millones.

Su modelo no es la rendición de cuentas, sino la dependencia estructural de un financiamiento externo que compra influencia política bajo el disfraz de cooperación.

Desglose de ingresos y egresos reportado por la asociación en 2023 y 2024
Fuente: Grant Thornton, 2023

Esto es un claro ejemplo del fenómeno del filantrocapitalismo, la estrategia del dinero privado para dirigir causas públicas.

Con cada peso invertido, las fundaciones extranjeras imponen agendas, definen prioridades y condicionan el debate nacional.

Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación busca construir una ética pública fundada en la soberanía y la redistribución, Fundar pretende minar su legitimidad con el lenguaje de la “sociedad civil”.

Pero no rinde cuentas al pueblo ni al Estado mexicano: lo hace ante sus patrocinadores.

Su tarea no es democratizar el poder, sino mantenerlo bajo vigilancia de las mismas estructuras que durante décadas desmantelaron al país. Fundar no fiscaliza al poder, solo lo reproduce.
Puerta al Mar y la impostura del ambientalismo burgués

El 8 de octubre de 2025 concluyó la consulta pública del proyecto Puerta al Mar, iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional supervisada por Semarnat en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo.

El proceso, liderado por Sedena en un esfuerzo de participación en el desarrollo democrático, fue nuevamente críticado por el ambientalismo profesional que reduce cualquier intento de planificación estatal a una supuesta amenaza contra la naturaleza.

Organizaciones como CEMDA y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) —ambas miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— demandaron que la Semarnat niegue la autorización ambiental al proyecto.

Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

Alegaron “destrucción de manglares” y “violaciones legales”, repitiendo el viejo libreto del ecologismo moralista.

En su relato, el Ejército se vuelve invasor, el turismo social es una amenaza y toda obra pública se convierte en un pecado ecológico.

Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo

Esa visión ignora la historia de un Caribe privatizado por décadas, donde los verdaderos depredadores fueron los consorcios hoteleros que cercaron playas, rellenaron humedales y desplazaron comunidades.

Puerta al Mar no es un negocio militar, sino un esfuerzo de ordenamiento territorial vinculado al Tren Maya que busca abrir el acceso público al mar en una zona secuestrada por el turismo de lujo.

El Estado intenta recuperar soberanía sobre un espacio entregado al capital extranjero, pero el ambientalismo burgués levanta la voz en defensa de un modelo que reserva la selva a la exclusividad del dinero y a las certificaciones importadas.

Lo que estos “activistas” combaten no es la deforestación, sino el hecho de que un gobierno popular impulse la planificación ecológica desde el poder público y no desde las oficinas de las fundaciones extranjeras que las financian.

Semarnat ha cumplido con los procedimientos legales y mantiene abierta la evaluación técnica y social del proyecto.

No se impone el desarrollismo ciego, sino una visión de justicia ambiental que combine conservación con acceso, empleo y soberanía.

Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo, un golpe directo al viejo orden que confundía ecología con privilegio y que jamás quiso un Estado fuerte al servicio de la mayoría.
Greenpeace se atrinchera contra la soberanía popular: la reforma al amparo y el fin del privilegio ONGero

La reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) encendió las alarmas en los despachos jurídicos del ambientalismo profesional, Greenpeace México, por ejemplo, lanzó un comunicado donde lamenta “la regresividad” de la medida y denuncia que el cambio “restringe el interés legítimo”.

En su narrativa, el gobierno popular habría golpeado la defensa de los derechos humanos.

Durante años, la figura jurídica del interés legítimo fue manipulada por organizaciones como Greenpeace o el CEMDA—brazo jurídico de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para paralizar obras de desarrollo, sin tener vínculo real con los territorios ni con las comunidades.

En nombre de la naturaleza, interpusieron amparos desde oficinas en la capital, frenando el avance de obras estratégicas concebidas para redistribuir riqueza y generar empleo en el país.

La reforma al amparo pone fin a esa captura judicial y obliga a demostrar afectación concreta, devolviendo el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.

CEMDA ha sido instrumental en la obstrucción al Tren Maya, pese a no estar compuesto por activistas locales.
Fuente: Serendipia, mayo de 2023.

Limitar el uso corporativo del amparo no vulnera la justicia ambiental, la fortalece al devolver el protagonismo a los pueblos y ejidos, no a las ONG que los usan como estandarte de moralidad.

La reforma a la Ley de Amparo devuelve el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.

La izquierda soberanista entiende que la defensa del territorio no puede depender de litigios internacionales ni de fundaciones que responden a intereses foráneos.

Lo que esta organización llama “retroactividad injusta” no es más que el Estado mexicano recuperando el control sobre su marco jurídico y su planificación territorial.

La sospechosa opacidad de PODER

La verdadera justicia ambiental —palabra clave y horizonte de la Cuarta Transformación— no vendrá de los comunicados moralistas de las ONG, sino de un Estado que defiende el ambiente desde la soberanía, la planificación pública y la dignidad nacional.

La emancipación ambiental de los pueblos de México será cuando el bienestar generalizado los haga capaces de defender su territorio sin acudir al hombre burgués.