Mientras el colectivo #CambiémoslaYa! acusa veladamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar coludida con los intereses de la industria minera por no impulsar una prohibición total de la minería a cielo abierto, los hechos recientes apuntan en dirección contraria.
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En su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la mandataria mexicana no se limitó a celebrar inversiones: planteó directamente la preocupación por las mineras de ese país que operan en México sin cumplir con la normatividad ambiental.
La disposición de Sheinbaum de exhibir a las “mineras sucias” directamente ante Ottawa es una señal de firmeza soberana.
Lejos de evadir el tema, Sheinbaum informó que Carney solicitó recibir una lista con los nombres de las empresas infractoras para que su propio gobierno las presione a acatar la legislación mexicana.
En un país donde el 70% de las concesiones mineras son de capital canadiense, la disposición de Sheinbaum de exhibir a las “mineras sucias” directamente ante Ottawa es una señal de firmeza soberana.
Pese al discurso de sospecha contra el gobierno mexicano sostenido por las ONG, en la práctica la jefa del Ejecutivo abrió un frente diplomático para obligar a las empresas extranjeras a respetar la ley ambiental nacional.
Las críticas de #CambiémoslaYa! omiten este contexto. Ignoran que la presidenta no sólo aceptó poner bajo la lupa a las mineras canadienses, sino que además lo hizo en el marco de la inminente revisión del T-MEC, cuando la presión de los inversionistas extranjeros es mayor.
Señalar que la presidenta protege a las mineras y un modelo de explotación territorial desenfrenado mientras confronta a Ottawa con pruebas en mano es, cuando menos, una acusación difícil de sostener.
En el fondo, la disputa no es sólo ambiental, sino sobre si un gobierno electo que negocia de frente con potencias extranjeras o colectivos financiados desde fuera que intentan imponer una reforma minera sin medir sus impactos sociales y económicos.
En la coyuntura actual, el compromiso con la soberanía y la defensa del interés nacional lo demostró Sheinbaum, no las ONG que la acusan.