Recientemente, SEMARNAT autorizó el cambio de uso de suelo en 261 hectáreas de selva para construir la Terminal Multimodal Cancún del Tren Maya.
Frente a esto, Greenpeace y otras organizaciones ambientales volvieron a descalificar a la autoridad ambiental, presentando la autorización como un permiso para continuar la supuesta devastación ambiental en el sureste.
Nuevamente, las ONG ambientales —y sus altavoces en medios opositores— atacan a un Estado que, por primera vez en décadas, se asume como garante del interés público.
Fuente: Greenpeace, septiembre de 2025.
El componente de carga del Tren Maya sirve para sacar parte del transporte de mercancías de las carreteras saturadas y llevarlo al ferrocarril, un formato de transporte con menor huella ambiental por tonelada-kilómetro, menos siniestros viales y más trazabilidad.
¿Qué implica para el pueblo trabajador de Cancún y del sureste? Menos tráileres en accesos turísticos y colonias, menos tiempo perdido en congestionamientos, menos accidentes, y costos logísticos más bajos para productores y MIPYMES.
Así se democratiza el desarrollo, por más que Greenpeace y otras organizaciones quieran detenerlo poniendo a la selva de excusa.
Greenpeace omite que una autorización ambiental en México no es barra libre, impone condicionantes de protección al medio que deben cumplirse antes, durante y después de la obra.
El activismo académico y #CambiémoslaYa contra la estrategia soberana del país
Greenpeace y otras organizaciones ambientales se lanzan contra el Terminal Multimodal Cancún del Tren Maya.
Incluso cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAPN) señala deficiencias puntuales—por ejemplo, en el sustento técnico de los pasos de fauna— el camino institucional no es dinamitar el proceso, sino corregirlo.
Esa es la diferencia entre abandono neoliberal y Estado de bienestar, mientras para el primero es todo o nada, el segundo entiende su importancia como agente regulador en la vida económica del país.
Sí, se utilizará parte de la infraestructura de la terminal para almacenar residuos peligrosos, no obstante, anunciar este detalle con tono catastrofista es una clara manipulación en pos de desacreditar al proyecto.
Las ONG eluden a conveniencia la realidad del manejo de residuos peligrosos, hacerlo en instalaciones formales disminuye el riesgo. La alternativa es la dispersión y la opacidad.
El discurso fatalista borra el contrafactual del debate público, ¿qué pasa si no se ordena la logística con una terminal ferroviaria?
Siguen los camiones en masa, las vialidades colapsadas, los accidentes y el encarecimiento de insumos que pagan las familias.
La transición de carretera a tren, acompañada de reglas estrictas y fiscalización social, democratiza beneficios como el empleo local digno y servicios públicos que no sólo mueven turistas, sino mercancías para la economía popular.
