Categoría: CEMDA

  • Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    La ONG Engenera, se ha presentado en los últimos meses como una de las voces más severas contra la política ambiental del gobierno federal.

    En comunicados y foros, su equipo ha acusado a la administración de Claudia Sheinbaum de sostener una “inercia fósil” y de destinar recursos públicos a proyectos de infraestructura “contradictorios con las metas climáticas”.

    Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

    Lo han hecho acompañados de otras ONG como CEMDA y Fundar —también miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, insistiendo en que el presupuesto de 2026 “abandona la transición energética”.

    Engenera, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación

    Pero la pureza moral que intenta proyectar Engenera se resquebraja al revisar su propia contabilidad pública.

    Según documentos oficiales, en noviembre de 2024 la organización firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por $237,170 pesos para desarrollar un proyecto con ese organismo autónomo.

    El acuerdo estipula dos transferencias: una primera por $189,736 pesos tras la entrega de un “plan de trabajo”, y una segunda por $47,434 pesos tras la presentación de un “informe parcial” antes del 6 de diciembre de 2024.

    No es un monto escandaloso en sí mismo, pero sí profundamente simbólico.

    Engenera, una organización que denuncia “la captura del Estado” por intereses políticos, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación—el INE, símbolo histórico del gasto excesivo, la burocracia dorada y la simulación democrática del periodo neoliberal—.

    ¿Cómo puede una ONG que cobra fondos públicos de un organismo tan identificado con el viejo orden electoral presentarse como contrapeso ético del Estado popular que busca transformarlo?

    No solo eso, es interesante ver como justifican 200 mil pesos en un proyecto de “promoción de la democracia”.

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T.
    Convenio firmado entre Engenera y el INE por más de 200 mil pesos.
    Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, consultada en octubre de 2025.

    Durante años, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló al INE fue instrumento de las élites para legitimar fraudes y excluir al pueblo.

    Engenera se presenta como “conciencia verde” mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Criticó su gasto oneroso y sus vínculos con fundaciones extranjeras. Hoy, Engenera firma convenios con ese mismo aparato y usa esos recursos para posicionarse como “voz ciudadana independiente”.

    El problema no es que el INE financie proyectos sociales. El problema es el doble discurso: denunciar la supuesta falta de independencia del gobierno y, al mismo tiempo, nutrirse de los mismos fondos que durante décadas sirvieron para reproducir la lógica del poder conservador.

    La 4T ha insistido en democratizar la relación entre Estado y sociedad civil, poniendo fin al modelo de las ONG que, bajo la etiqueta de “autonomía”, operaban como intermediarias de las fundaciones extranjeras y las burocracias nacionales. Engenera, en cambio, parece añorar ese esquema.

    En lugar de dialogar con el gobierno popular que impulsa una política de transición justa desde el sur global, la organización prefiere presentarse como conciencia verde mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Es la paradoja del activismo de escritorio: denunciar la “captura del Estado” mientras se vive de sus transferencias.

    El ambientalismo que cobra del INE pero sermonea a la 4T no defiende la ecología, solo intenta proteger su lugar en la vieja estructura de privilegios institucionales.

  • Reforma al interés legítimo en amparo ambiental hubiera sido un control a la “amparitis” de las ONG

    Reforma al interés legítimo en amparo ambiental hubiera sido un control a la “amparitis” de las ONG

    El 9 de octubre de 2025, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preparaba para discutir la reforma a la ley de amparo, más de treinta organizaciones no gubernamentales —entre ellas CEMDA y CentroProdhlanzaron una ofensiva mediática contra el proyecto de reforma al amparo, en particular el proyecto lanzado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa limitando el interés legítimo.

    Salvaguarda o despojo, la trampa de Oceana en el mar mexicano

    Pero tras el dramatismo jurídico, lo que se discute no es un retroceso, sino el intento del Estado por poner orden en una figura que las ONG han convertido en arma política. El proyecto fue retirado debido a estas quejas del activismo.

    Las ONG’S contra el proyecto de reforma al amparo

    El proyecto de Esquivel no eliminaba la posibilidad de amparos ambientales, solo aclara que el juicio de amparo no es una acción popular.

    La propuesta exigía que los jueces verifiquen que el promovente tenga una relación directa con el territorio afectado, ya sea porque habita o utiliza el área de influencia.

    En otras palabras, para demandar, se necesitaría demostrar una afectación real y no sólo ostentarse como “defensor del ambiente” desde un despacho en la capital.

    El objetivo era unificar criterios entre tribunales que durante años han emitido sentencias contradictorias y frenar la proliferación de amparos sin sustento.

    Además, existen otras vías para la protección de derechos colectivos, cómo los mecanismos administrativos, las consultas públicas y las acciones populares en el ámbito local.

    Fortalecer esos espacios sería coherente con una visión progresista que busca participación comunitaria, no litigio profesionalizado.

    El amparo nació como defensa de las personas frente a abusos de autoridad.

    No como herramienta de presión para organizaciones financiadas por fundaciones extranjeras que bloquean proyectos estratégicos.

    Con un gobierno que impulsa una política ambiental soberana, esas “organizaciones” se sienten desplazadas.

    Lo que hoy se llama “litigio climático” ha derivado en una amparitis corporativa, un activismo que depende en demasía de demandas masivas como único mecanismo de acción, que además usa para paralizar obras como el Tren Maya sin representar realmente a las comunidades afectadas.

    Son estas comunidades quienes pueden probar un daño y quienes viven las consecuencias del cambio ecológico, no los abogados de ONG que viajan al territorio sólo para la foto.

    Este enfoque habría colocado el interés legítimo en su sentido original: la relación directa entre persona y daño, no el protagonismo de intermediarios.

    Detrás de la indignación de las ONG hay un malestar más profundo. Durante décadas, el monopolio de la “defensa ambiental” estuvo en manos de asociaciones con financiamiento internacional que actuaban como contrapesos morales del Estado mexicano.

    Hoy, con un gobierno que impulsa una política ambiental soberana, esas organizaciones se sienten desplazadas.

    Denuncian “autoritarismo” cuando lo que existe es una recuperación de la autoridad pública sobre el territorio.

    La reforma al interés legítimo no cercenaba derechos; pretendía devolverlos a quienes realmente los ejercen.

    Establecer límites frente al uso político del sistema judicial y recuperar la idea de una justicia ambiental de clase, donde las comunidades deciden sobre su territorio sin ser instrumentalizadas.

  • Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    El 25 de septiembre de 2025 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) —integrante fundamental de colectivos obstruccionistas del progreso como Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!volvió a colocar la disputa ambiental en el plano judicial al interponer un amparo contra la autorización para la Estación Multimodal de Carga del Tren Maya en Cancún.

    El recurso expone con claridad cómo ciertos aparatos del ambientalismo corporativo buscan reconstituirse como diques frente a la transformación del sureste.

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya.
    Extracto del amparo promovido por el CEMDA contra la estación de carga del Tren Maya en Cancún.
    Fuente: Cambio22, septiembre de 2025.

    Bajo la apariencia de un litigio técnico, la organización reactiva viejas lógicas de exclusión regional.

    Intentando judicializar la obra para impedir que se materialicen procesos de infraestructura que han sido históricamente negados a la península.

    Se trata de una estrategia que se enlaza con un linaje político bien identificado en la figura de su fundador, Gustavo Adolfo Alanís Ortega.

    Personaje que fungió como consultor de proyectos ecocidas del ciclo neoliberal, entre ellos el ya cancelado aeropuerto de Texcoco.

    Ese antecedente lo vincula con los circuitos de poder que saquearon territorio y bienes comunes en nombre de la privatización.

    Cemda es una organización que se viste de guardiana ambiental, pero que porta el sello del viejo régimen.

    En la demanda, Cemda exige anular el resolutivo emitido el 25 de julio por la Semarnat, que autorizó el desmonte de 259 hectáreas de selva.

    Sus argumentos insisten en la supuesta fragmentación de la Manifestación de Impacto Ambiental y en la existencia de trabajos adelantados antes de la autorización.

    Una vez más, Cemda despliega estrategias que no son más que dispositivos de sabotaje legal al servicio de intereses que nunca han reconocido el derecho de los pueblos del sureste a conectarse con un horizonte de desarrollo.

    La estación de carga, pensada como nodo de articulación logística y territorial, es señalada como amenaza por quienes durante décadas guardaron silencio ante proyectos depredadores en el centro del país.

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Más allá de la resolución jurídica, el episodio revela el verdadero lugar del Cemda en la geografía política contemporánea.

    Una organización que se viste de guardiana ambiental, pero que porta el sello del viejo régimen.

    Repitiendo las prácticas de obstrucción con las que la élite empresarial y política buscó perpetuar la desigualdad territorial.

    En esta ofensiva judicial no se juega la selva, se juega la continuidad de un proyecto histórico de subordinación del sureste frente a los intereses del capital centralista.

  • CEMDA: ambientalismo made in USAID

    CEMDA: ambientalismo made in USAID

    El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) insiste en presentarse como un actor “independiente”, abanderado de causas verdes y defensor de comunidades.

    Pero detrás de sus campañas mediáticas contra la política energética del Estado mexicano, existe un entramado complejo de financiamiento extranjero.

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    Los recursos de CEMDA provienen de corporaciones y fundaciones que representan intereses transnacionales.

    Entre sus donantes destacan la European Climate Foundation, la Fundación Heinrich Böll, Earthjustice, Global Witness, el Global Greengrants Fund y la poderosa Ford Foundation.

    También la David and Lucile Packard Foundation, propiedad de los fundadores de HP, que financia proyectos en México mientras sus corporaciones siguen ligadas a las cadenas globales de contaminación.

    El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) insiste en presentarse como un actor “independiente”, abanderado de causas verdes y defensor de comunidades. Pero detrás de sus campañas mediáticas contra la política energética del Estado mexicano, existe un entramado complejo de financiamiento extranjero.
    Donantes actuales de CEMDA.
    Fuente: CEMDA, consultada en septiembre de 2025.

    A esta lista se suma la Iniciativa Climática México, que a su vez recibió recursos de la USAID, la agencia de cooperación del gobierno estadounidense, históricamente señalada por intervenir en la política de países latinoamericanos bajo el disfraz de “ayuda al desarrollo”.

    CEMDA denuncia “dependencia fósil” y acusa a la administración federal de hipotecar el futuro climático pero sus propios recursos provienen de corporaciones y fundaciones que representan intereses transnacionales.

    En 2022, CEMDA lanzó un video contra la reforma eléctrica de López Obrador que acumuló millones de visualizaciones en YouTube gracias a una costosa pauta publicitaria.

    El mensaje alarmista, disfrazado de defensa ambiental, fue financiado con dinero cuya procedencia está atada a los centros de poder económico y político que se benefician de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad.

    A este financiamiento internacional se suman los intereses de Carlos Slim, empresario con participación en empresas energéticas que venden energía a las cadenas Sears, Sanborns y otras oficinas del conglomerado.

    El resultado es una organización como CEMDA que opera como intermediaria de intereses extranjeros y, al mismo tiempo, guarda silencio frente a los negocios privados en los sectores clave.

    Un ambientalismo que vive de la chequera internacional difícilmente puede asumirse como voz auténtica de los pueblos o como garante de justicia climática.

  • Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    En el juego de ajedrez que es el debate público respecto al presupuesto de la federación, la ONG Fundar ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Cuando se trata del Impuesto Saludable, el centro celebra con entusiasmo la supuesta “justicia fiscal” de la Presidenta.

    El indigenismo neoliberal

    Pero apenas el debate se traslada al financiamiento climático o a la transición energética, la misma organización desacredita al gobierno.

    En su informe Paquete Económico 2026: avances sociales y retos para los derechos humanos, Fundar aplaude el aumento de ingresos tributarios y la continuidad de los impuestos especiales al tabaco y a las bebidas azucaradas.

    Fundar, la ONG que ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Con un tono complaciente, resalta la necesidad de reforzar estos “impuestos saludables”, reconociendo la medida presidencial como un paso hacia la garantía del derecho a la salud y la reducción de desigualdades.

    Sin embargo, apenas una semana después, en el reporte conjunto sobre cambio climático y transición energética, Fundar se sienta al lado de Engenera, CEMDA (con quienes comparte membresía en el colectivo #CambiémoslaYa!) y otras ONG para exhibir la “incongruencia” del gasto público.

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués.
    Boletín publicado por Fundar, Engenera y CEMDA con un análisis del presupuesto 2026 en materia ambiental.
    Fuente: CEMDA, septiembre de 2025.

    Aquí, cada peso destinado a infraestructura ferroviaria, seguridad o hidrocarburos se convierte en símbolo de incapacidad de respuesta ante la crisis ambiental.

    Fundar no reconoce matices ni que el rediseño presupuestal responde a prioridades nacionales como movilidad o soberanía energética.

    Cuando los recursos se alinean a la visión tributaria de Fundar, la narrativa es de progreso y justicia; cuando no, denuncian sin contemplar complejidades políticas ni restricciones materiales.

    En ambos casos, la organización parece menos interesada en construir un diagnóstico coherente que en colocar sus banderas en el debate público.

    Al final, el doble rasero no solo erosiona su credibilidad, sino que reduce el debate a una disputa de agendas particulares.

    Poniendo en juego el diseño de un presupuesto que equilibre salud, justicia social y transición energética de manera realista.

  • Ambientalistas usan a comunidades para rechazar el fracking pero omiten avances de la 4T para prohibirlo

    Ambientalistas usan a comunidades para rechazar el fracking pero omiten avances de la 4T para prohibirlo

    En el marco del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades tének y náhuatl de trece municipios de la Huasteca potosina, hidalguense y veracruzana se pronunciaron contra el fracking tras el anuncio del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.

    Esto es claramente un intento por organizaciones tras bambalinas —como Alianza Mexicana Contra el Fracking— para empujar la narrativa del uso del fracking en la administración de la Presidenta.

    En el comunicado, las comunidades advirtieron que la fracturación hidráulica supuestamente amenaza la biodiversidad y la vida comunitaria, sin pruebas de que el fracking

    Ambientalistas usan a comunidades para rechazar el fracking pero omiten avances de la 4T para prohibirlo.
    Documento donde Alianza Mexicana Contra el Fracking señala a Claudia Sheinbaum por financiar proyectos de extracción de hidrocarburos con supuesto uso de fracking.

    La narrativa difundida por estas organizaciones es incompleta, posiblemente intervenida por la influencia de organismos como Fundar, el CEMDA y Engenera, miembros de Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!, y quienes han empujado con mayor fuerza las acusaciones de fracking en la administración actual.

    Los ambientalistas ignoran que, desde febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking en México.

    En la propuesta se reconoce que esta técnica es una de las más dañinas al ambiente y a los derechos humanos, y se busca blindar la Constitución para impedir cualquier contrato o acto administrativo que permita su uso.

    La iniciativa no ha avanzado por la resistencia de las minorías neoliberales en el Congreso, las mismas que en el sexenio de Peña Nieto impulsaron la reforma energética que abría las puertas al fracking.

    PEMEX se fortalece como empresa pública al servicio del pueblo y la 4T mantiene su compromiso de no aplicar el fracking

    Mientras los gobiernos anteriores entregaban recursos al capital privado y alentaban el uso de tecnologías depredadoras, la Cuarta Transformación ha defendido una transición hacia fuentes más limpias.

    Sin dejar de lado el pragmatismo necesario para mantener la soberanía energética de nuestro país.

    Aun así, sectores que se presentan como ambientalistas usan las demandas comunitarias para colocar a PEMEX y al gobierno de Claudia Sheinbaum como supuestos promotores de la devastación.

    Aunque esto ya se haya desmentido en varias ocasiones por la propia Presidenta y el director general de PEMEX.

    PEMEX se fortalece como empresa pública al servicio del pueblo y la 4T mantiene su compromiso de no aplicar el fracking, sugerir lo contrario solo es una manipulación a conveniencia de la realidad.

    El activismo académico y #CambiémoslaYa contra la estrategia soberana del país

    La verdadera contradicción no la tiene la gestión de Sheinbaum, está en quienes hoy se dicen defensores del territorio instrumentalizando comunidades indígenas, mientras muchos de ellos beben de los fondos “filantrópicos” del gran capital neoliberal.