A días del inicio de la COP-30 en Belém, Brasil, un grupo de ONG encabezadas por Greenpeace México, CEMDA, Engenera y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un posicionamiento donde exigen al gobierno mexicano la suspensión inmediata de todos los proyectos de hidrocarburos, desde la exploración en aguas profundas hasta el Tren Maya y las plantas de gas natural.
Su discurso, envuelto en los tonos de la supuesta justicia climática, responde menos a las urgencias ecológicas del país que a una estrategia coordinada de presión internacional promovida por el ambientalismo corporativo del norte global.
Según estas organizaciones, México debe detener su desarrollo energético, “entregando compromisos ambiciosos”, lo que en la práctica implica subordinar su política económica a los estándares dictados por organismos europeos y fundaciones estadounidenses.
Supuestas organizaciones ambientales, pretenden convertir los foros multilaterales como la COP-30 en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur.
Bajo el pretexto de combatir el cambio climático, estas ONG buscan imponer una agenda que restringe la soberanía energética y condena a los pueblos del sur a la dependencia tecnológica y financiera.
Mientras los países del G7 siguen explotando hidrocarburos y ampliando su producción de gas natural, las ONG exigen a América Latina una “transición justa” que en la práctica significa renunciar a sus recursos estratégicos.
En el documento, las organizaciones alineadas con esta visión piden incluso “una moratoria inmediata” a proyectos de infraestructura, transporte y turismo en la península de Yucatán, continuando sus intentos por bloquear el desarrollo en el sueste de México.
Nada dicen, sin embargo, de la responsabilidad histórica de las potencias industriales, ni del papel de las transnacionales —a las que muchas de estas ONG han servido como consultoras— en la crisis climática global.
El lenguaje del “fin de los combustibles fósiles” sirve aquí como un dispositivo de control neocolonial disfrazado de ecologismo.
Pretenden convertir los foros multilaterales como la COP en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur, mientras ocultan su financiamiento proveniente de fundaciones europeas y agencias de cooperación vinculadas al capital verde.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado una transición energética gradual, expansión de energías limpias públicas. Estas son respuestas desde la soberanía, no desde la sumisión.
Por eso incomodan a quienes ven en México un campo de experimentación para sus laboratorios climáticos del norte.
