El incendio registrado el 17 de marzo de 2026 en la refinería de Dos Bocas fue usado de manera cobarde y cínica por representantes del activismo burgués como Greenpeace como una herramienta para atacar la política energética del Estado mexicano.
Mientras la refinería aún ardía, la ONG emitió pronunciamiento, firmado junto con agrupaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el CEMDA, plantea el incidente como evidencia de una supuesta inviabilidad estructural de la infraestructura petrolera.

Fuente: Greenpeace México, marzo de 2026.
El documento enfatiza los riesgos asociados a la operación de la refinería y su cercanía con comunidades y centros escolares, al tiempo que exige medidas inmediatas como la reubicación de instalaciones educativas.
El discurso de Greenpeace México se desplaza hacia la deslegitimación de la propia existencia de la refinería.
La preocupación por la seguridad de trabajadores y habitantes de la zona constituye un elemento legítimo que requiere atención institucional y esclarecimiento técnico sobre las causas del siniestro.
No obstante, el posicionamiento colectivo trasciende la dimensión del accidente y se orienta hacia una descalificación más amplia del proyecto energético nacional.
La presencia de actores como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el CEMDA revela una convergencia de agendas que, desde distintos frentes, han buscado limitar el desarrollo de infraestructura energética bajo control estatal.
Se trata de organizaciones con financiamiento internacional y vínculos con circuitos globales de incidencia que suelen privilegiar esquemas regulatorios restrictivos frente a proyectos estratégicos nacionales.
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El encuadre del incidente en términos absolutos contribuye a una lectura inmovilista del debate energético.
En lugar de circunscribir la discusión a la investigación del evento, la mejora de protocolos de seguridad y la atención a las comunidades, el discurso se desplaza hacia la deslegitimación de la propia existencia de la refinería.
La refinería de Dos Bocas forma parte de una estrategia orientada a reducir la dependencia externa en combustibles refinados y fortalecer la capacidad productiva del país.
En un entorno internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, la consolidación de infraestructura propia tiene un valor estratégico que no puede ignorarse en el análisis.







