Categoría: CEMDA

  • Greenpeace ataca a Dos Bocas tras incidente

    Greenpeace ataca a Dos Bocas tras incidente

    El incendio registrado el 17 de marzo de 2026 en la refinería de Dos Bocas fue usado de manera cobarde y cínica por representantes del activismo burgués como Greenpeace como una herramienta para atacar la política energética del Estado mexicano.

    Mientras la refinería aún ardía, la ONG emitió pronunciamiento, firmado junto con agrupaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el CEMDA, plantea el incidente como evidencia de una supuesta inviabilidad estructural de la infraestructura petrolera.

    Greenpeace ataca a Dos Bocas tras incidente
    Asociaciones civiles firmantes del pronunciamiento de Greenpeace México.
    Fuente: Greenpeace México, marzo de 2026.

    El documento enfatiza los riesgos asociados a la operación de la refinería y su cercanía con comunidades y centros escolares, al tiempo que exige medidas inmediatas como la reubicación de instalaciones educativas.

    El discurso de Greenpeace México se desplaza hacia la deslegitimación de la propia existencia de la refinería.

    La preocupación por la seguridad de trabajadores y habitantes de la zona constituye un elemento legítimo que requiere atención institucional y esclarecimiento técnico sobre las causas del siniestro.

    No obstante, el posicionamiento colectivo trasciende la dimensión del accidente y se orienta hacia una descalificación más amplia del proyecto energético nacional.

    La presencia de actores como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el CEMDA revela una convergencia de agendas que, desde distintos frentes, han buscado limitar el desarrollo de infraestructura energética bajo control estatal.

    Se trata de organizaciones con financiamiento internacional y vínculos con circuitos globales de incidencia que suelen privilegiar esquemas regulatorios restrictivos frente a proyectos estratégicos nacionales.

    CEMDA y la crisis del ozono en CDMX: exigencia ambiental y omisión de avances estructurales

    El encuadre del incidente en términos absolutos contribuye a una lectura inmovilista del debate energético.

    En lugar de circunscribir la discusión a la investigación del evento, la mejora de protocolos de seguridad y la atención a las comunidades, el discurso se desplaza hacia la deslegitimación de la propia existencia de la refinería.

    La refinería de Dos Bocas forma parte de una estrategia orientada a reducir la dependencia externa en combustibles refinados y fortalecer la capacidad productiva del país.

    En un entorno internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, la consolidación de infraestructura propia tiene un valor estratégico que no puede ignorarse en el análisis.

  • CEMDA frena el desarrollo turístico

    CEMDA frena el desarrollo turístico

    La decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de negar la autorización al proyecto conocido como Cuarto Muelle de Cozumel fue recibida con entusiasmo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización integrante del colectivo #CambiémoslaYa!.

    Para el organismo, el cierre definitivo del expediente constituye un precedente relevante dentro de la historia reciente de la evaluación de impacto ambiental en México.

    Desde su perspectiva, el caso demuestra que los mecanismos de impugnación previstos por la legislación pueden revertir autorizaciones previamente otorgadas.

    Cuando la 4T avanza y las ONG quedan fuera del relato

    La postura de CEMDA esta orientada a frenar proyectos clave para el desarrollo mediante litigios y presión institucional.

    La resolución deriva de una nueva revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, después de que se ordenara dejar sin efecto la autorización condicionada emitida en 2021.

    La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó que la evaluación original había omitido elementos relevantes, entre ellos recomendaciones técnicas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y consideraciones relativas al refugio de flora y fauna marinas ubicado frente a la costa occidental de la isla.

    La celebración del fallo revela una tensión más profunda entre la lógica de veto promovida por ciertas organizaciones del tercer sector y las necesidades económicas de regiones cuya principal actividad depende del turismo.

    Cozumel se encuentra entre los destinos de cruceros más importantes del Caribe y el proyecto del cuarto muelle buscaba ampliar la capacidad de recepción de embarcaciones y visitantes internacionales.

    El archivo definitivo del expediente elimina, por ahora, una posibilidad de expansión de infraestructura portuaria en la isla.

    Para sus promotores, el proyecto representaba una vía para fortalecer el empleo local, la actividad comercial y la captación de divisas en uno de los polos turísticos más relevantes del país.

    La postura de CEMDA forma parte de una estrategia más amplia impulsada por organizaciones agrupadas en #CambiémoslaYa!, orientada a frenar proyectos clave para el desarrollo mediante litigios y presión institucional.

    Bajo esta lógica, la cancelación de obras de gran escala se interpreta como victoria ambiental aun cuando implique limitar opciones de crecimiento económico para las comunidades locales.

  • CEMDA y la crisis del ozono en CDMX: exigencia ambiental y omisión de avances estructurales

    CEMDA y la crisis del ozono en CDMX: exigencia ambiental y omisión de avances estructurales

    El discurso del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) sobre la crisis del ozono en la Ciudad de México —apoyado en el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire— insiste en presentar el panorama atmosférico como prueba de una falla estructural sin matices.

    Siguiendo la lógica de que los “cero días limpios” exigen transformaciones profundas, la organización sugiere que la política ambiental capitalina permanece atrapada en medidas coyunturales.

    La formulación ignora el conjunto de compromisos y programas ya desplegados por el gobierno local en materia de movilidad, regulación industrial y transición energética urbana.

    El enfoque del CEMDA invisibiliza avances y sobredimensiona el incumplimiento.

    La capital, gobernada desde hace décadas por una izquierda popular, ha impulsado la expansión del transporte eléctrico, la modernización de flotas públicas, la restricción progresiva de fuentes altamente contaminantes y la coordinación metropolitana para el control de emisiones.

    Tales acciones no eliminan de inmediato los picos de ozono, fenómeno asociado a dinámicas industriales, vehiculares y climáticas acumuladas durante años.

    El planteamiento de CEMDA plantea una narrativa de incumplimiento permanente que desatiende el carácter gradual de las transformaciones ecológicas en una megalópolis atravesada por desigualdades sociales y presiones productivas.

    La transición ambiental urbana exige inversión pública sostenida, reorganización territorial y regulación económica.

    La propia presidenta de la República ha explicado que estas contingencias se deben a factores ambientales externos, como las transiciones entre estaciones.

    La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    Además de la mayor rigurosidad que le da el gobierno actual a las métricas de riesgo para la salud.

    Ahora bien, conviene interrogar el lugar desde el cual se formula la exigencia.

    El tercer sector ambiental en México mantiene vínculos con redes internacionales, fundaciones privadas y esquemas de financiamiento transnacional que inciden en la orientación de sus agendas.

    La vigilancia ciudadana fortalece la democracia; la influencia de intereses externos puede tensionar prioridades locales cuando privilegia métricas globales sobre necesidades sociales concretas.

  • CEMDA contra la SENER, el activismo que busca imponer la agenda tecnocrática

    CEMDA contra la SENER, el activismo que busca imponer la agenda tecnocrática

    La sentencia que ordena a la Secretaría de Energía informar en 90 días cómo cumplirá la meta de 35% de generación eléctrica con fuentes limpias (tras una supuesta omisión en 2024) fue para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización vinculada a otros colectivos antiprogreso como Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— una victoria histórica.

    Sin embargo, detrás del discurso de justicia climática se perfila una estrategia más amplia de judicialización de la política energética nacional.

    Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

    CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

    El amparo promovido por CEMDA no solo cuestiona el desempeño de la SENER; busca convertir metas programáticas en mandatos rígidos supervisados desde tribunales, desplazando el margen de planeación económica y soberanía técnica del Estado.

    La lógica que subyace es clara: trasladar la conducción de la transición energética del ámbito político al jurídico, bajo estándares que privilegian mecanismos de mercado y compromisos internacionales por encima de la estrategia industrial interna.

    El fallo invoca el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresividad, conceptos que, si bien forman parte del marco jurídico internacional, se integran aquí como herramientas para fijar techos normativos inamovibles.

    CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

    No obstante, la política energética implica variables estructurales complejas: capacidad instalada, estabilidad de la red, costos de generación, inversión pública y privada, y soberanía sobre recursos estratégicos.

    Reducirla a un porcentaje anual sin considerar el contexto geopolítico y fiscal reproduce una lógica propia de la burguesía tecnocrática, la cual privilegia indicadores sobre procesos.

    El riesgo no radica en exigir cumplimiento ambiental, sino en imponer un ritmo y un diseño desde esquemas que históricamente han promovido la apertura acelerada del sector eléctrico bajo criterios de rentabilidad.

    Quien define los tiempos y las reglas de la transición define, en buena medida, el modelo de desarrollo que la acompaña.

  • La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La narrativa del fracking como arma política contra PEMEX

    La Alianza Mexicana contra el Fracking (colectivo conformado por asociaciones como Engenera y CEMDA), insiste en sus señalamientos contra el Plan Estratégico de PEMEX, acusando a la paraestatal de encubrir un incremento del fracking dentro del Plan Estratégico 2025-2030 bajo el eufemismo de “estimular yacimientos de geología compleja”.

    Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

    Esto revela una clara intención de debilitar a la principal empresa pública del país a partir de una lectura sesgada de su planeación energética.

    La crítica se apoya en una larga lista de accidentes ambientales ocurridos en Veracruz, muchos de ellos graves y documentados, que evidencian rezagos históricos en infraestructura, mantenimiento y supervisión.

    La Alianza se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Sin embargo, la Alianza mezcla estos episodios con el debate técnico sobre exploración de gas, construyendo una narrativa donde todo esfuerzo de PEMEX aparece como prueba irrefutable de una política fósil sin matices.

    Al presentar el Plan Estratégico 2025-2035 como una traición encubierta a las demandas sociales, la Alianza omite un elemento central del contexto nacional.

    PEMEX opera en un país que busca garantizar soberanía energética, reducir importaciones y sostener cadenas productivas ligadas a fertilizantes, petroquímica y generación eléctrica.

    Reducir esa complejidad a una acusación de engaño semántico no solo consigue empobrecer la lucha por los derechos ambientales y el progreso social.

    Resulta significativo que la crítica se concentre en deslegitimar el lenguaje técnico, pero no en exigir con la misma fuerza inversión pública para modernizar ductos, prevenir derrames, reparar daños acumulados o acelerar la transición tecnológica dentro de la propia empresa estatal.

    La denuncia se queda en el plano simbólico, donde Pemex aparece como un enemigo abstracto, y no como una institución que requiere transformación profunda bajo control público.

    La Alianza, como el resto del activismo burgués, se alinea con una lógica que debilita al Estado y deja intacto el sistema que permite y alienta el fracking.

    Defender la vida y el territorio no debería implicar sabotear, por la vía del discurso, a la herramienta central con la que México puede decidir su propio rumbo energético.

  • CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    En los últimos años, la narrativa de la protección a las personas defensoras de la tierra se ha vuelto un caballo de Troya del ambientalismo burgués, ese que intenta enemistar al Estado con el medioambiente y las comunidades mediante moralismos dogmáticos, un ejemplo lo encontramos en el pronunciamiento realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, donde se sugiere que los proyectos impulsados por el gobierno de Morena actúa como factor detonante o agravante de las agresiones en la región.

    En particular, la narrativa impulsada por CEMDA señala al megaproyecto del tren transístmico como un factor atenuante de la violencia de la región, ignorando y hasta negando los beneficios que este proyecto traería a las comunidades del sureste mexicano.

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda.
    Imagen acompañando el comunicado de CEMDA contra el megaproyecto del Tren Transístmico.
    Fuente: CEMDA, 2023.

    Ese encuadre resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre.

    El propio documento del CEMDA reconoce que las agresiones provienen de una constelación de actores que incluye fuerzas públicas, empresas privadas y crimen organizado.

    La narrativa del CEMDA es retomada al servicio de una crítica proveniente del viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal.

    Sin embargo, esa complejidad desaparece cuando el discurso se ordena alrededor de una imputación central al gobierno federal, como si la violencia territorial fuera una consecuencia directa y lineal de un proyecto de infraestructura pública.

    La historia material del Istmo, marcada por décadas de abandono estatal, penetración criminal, disputas empresariales y control armado de economías ilegales, queda relegada a un segundo plano.

    En ese orden de ideas, convertir al Estado en chivo expiatorio absoluto termina por exculpar a quienes han hecho del despojo y la violencia un negocio permanente, y debilita la posibilidad de construir diagnósticos que permitan intervenir las causas reales del conflicto.

    La misma lógica aparece en columnas como El Istmo en peligro, firmada por Rubén Moreira Valdez y publicada el 11 de diciembre de 2025 en El Heraldo de México.

    #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    Allí, el viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal retoma la narrativa del CEMDA al servicio de su crítica.

    El resultado es una convergencia incómoda entre ONG supuestamente progresistas y actores que históricamente administraron la desigualdad y la violencia que hoy dicen denunciar.

    “Organizaciones como el CEMDA han identificado al Corredor Interoceánico como uno de los conflictos socioambientales más graves del país, con un número particularmente alto de agresiones contra personas defensoras de la tierra”


    Rubén Moreira Valdez, El Heraldo de México

    Insistir en presentar al gobierno de Morena como responsable central de la violencia en el Istmo no fortalece la defensa de las comunidades.

    Al contrario, diluye las relaciones de poder reales y convierte una discusión estructural en un alegato político que termina beneficiando a los mismos intereses económicos y criminales que han saqueado la región durante décadas.