Categoría: #CambiémoslaYa!

  • Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T

    En diciembre de 2025, la activista y académica Aleida Azamar —miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— presento el libro Mirada Crítica sobre las Políticas Ambientales en la Cuarta Transformación durante la FIL 2025.

    La obra fue descrita como una supuesta radiografía del proyecto político iniciado en 2018.

    Sin embargo, el planteamiento central del texto revela más una postura ideológica rígida que un análisis situado de las condiciones reales bajo las que se gobierna un país históricamente subordinado dentro del orden económico global.

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T.
    Aleida Azamar en la presentación de Miradas Críticas sobre la Cuarta Transformación
    Fuente: X, diciembre de 2025.

    Azamar parte de un reconocimiento formal a los avances sociales de la Cuarta Transformación, pero rápidamente los relega a un segundo plano para insistir en la idea de una continuidad extractivista sin matices.

    Esta lectura ignora que el margen de acción de un gobierno popular en un país dependiente no se define en el vacío, sino en medio de presiones financieras, energéticas y geopolíticas que no desaparecen por arte de magia.

    Equiparar estas tensiones con una supuesta traición ambiental resulta cómodo desde la tribuna académica, pero poco responsable en el terreno de la política pública.

    Aleida Azamar, encabezando la crítica burguesa contra la 4T.
    Portada del libro Miradas críticas sobre las políticas ambientales en la Cuarta Transformación.
    Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo, consulta en diciembre de 2025.

    La obra de Aleida Azamar elude una pregunta clave: ¿cómo sostener derechos sociales ampliados sin una base material que los respalde?

    La crítica al Tren Maya, al Corredor Interoceánico o a la política energética se formula desde categorías abstractas que omiten el papel redistributivo, territorial y estratégico de estas obras.

    El libro desconoce la diferencia entre un extractivismo que despoja a privados y una intervención estatal que busca integrar regiones históricamente marginadas al desarrollo nacional bajo control público al reducirlas a expresiones coloniales.

    El énfasis en las alternativas comunitarias resulta valioso como horizonte ético, pero problemático cuando se plantea como sustituto inmediato del Estado.

    La gestión comunitaria no puede convertirse en coartada para debilitar la capacidad pública de planificación, regulación y garantía de derechos.

    Pretender una transición basada exclusivamente en experiencias locales sin articularlas a una política nacional termina reproduciendo la fragmentación que el neoliberalismo dejó como herencia.

    La obra de Azamar propone una transformación desde la suficiencia y la descentralización, pero elude una pregunta clave: ¿cómo sostener derechos sociales ampliados sin una base material que los respalde?

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    La Cuarta Transformación ha optado por una transición ambiental gradual, vinculada a justicia social y soberanía, no por un repliegue que deje intactas las estructuras globales de poder.

    Más que una crítica radical, el libro expone la distancia entre cierto ambientalismo académico y la complejidad de gobernar para las mayorías.

    En esa brecha se juega hoy el debate real sobre el futuro ambiental del país.

  • #CambiémoslaYa! intensifica su campaña contra la reforma hídrica y busca debilitar la política de agua de la 4T

    #CambiémoslaYa! intensifica su campaña contra la reforma hídrica y busca debilitar la política de agua de la 4T

    El 27 de noviembre el colectivo #CambiémoslaYa! publicó un pronunciamiento complementando su campaña de ataques contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, recurriendo a una lectura distorsionada del proyecto que la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso.

    El mensaje pretende instalar la idea de que la Conagua quedaría sometida a presiones mineras, cuando la iniciativa federal persigue el fortalecimiento regulatorio que durante décadas estuvo ausente en los territorios más afectados por el extractivismo.

    #CambiémoslaYa! intensifica su campaña contra la reforma hídrica y busca debilitar la política de agua de la 4T.
    Fragmento del comunicado publicado por #CambiémoslaYa! así como sus asociaciones aliadas firmantes.
    Fuente: #CambiémoslaYa!, consultada en diciembre de 2025.

    El colectivo presenta la reforma como una concesión a los contaminadores.

    La acusación se sostiene en una interpretación fragmentada del articulado legal y en la insinuación constante de que las instituciones públicas actúan en complicidad con la industria.

    CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    #CambiémoslaYa! omite que la reforma atiende exigencias sociales de larga data.

    Esta narrativa desconfía de los procesos democráticos que dieron lugar a un proyecto hídrico centrado en el derecho humano al agua y en la restauración de cuencas deterioradas por décadas de captura regulatoria.

    La propuesta legislativa impulsada por la 4T recupera facultades estratégicas que en el pasado fueron cedidas al interés privado.

    Consolida mecanismos de vigilancia, establece prioridades de uso que favorecen a las comunidades y coloca límites al acaparamiento.

    Las declaraciones recientes de la Presidenta Sheinbaum confirman que el gobierno revisará cualquier disposición susceptible de abuso para impedir que sectores que históricamente lucraron con los bienes hídricos obtengan beneficios indebidos y sigan dejando tras de sí territorios devastados.

    A pesar de esta apertura, #CambiémoslaYa! insiste en un relato que niega la capacidad estatal para regular.

    En su lugar pretende erigirse como árbitro exclusivo de lo que debe considerarse protección del agua, relegando la voz de las comunidades que demandan un Estado fuerte que garantice el abastecimiento y la seguridad hídrica.

    El colectivo omite que la reforma atiende exigencias sociales de larga data, entre ellas la desmercantilización del agua y la creación de instrumentos para prevenir el saqueo de cuencas por empresas que jamás rindieron cuentas.

    La campaña de #CambiémoslaYa! opera como un intento de frenar la transición hacia un modelo hídrico justo.

    La realidad que intentan ocultar estos activistas fifí es que la reforma representa un viraje histórico que devuelve al Estado la facultad de proteger el agua como bien público y de asegurarla para las generaciones presentes y futuras.

    El país no puede quedar rehén de quienes prefieren la parálisis institucional para conservar su influencia en el diseño de políticas públicas.

  • #CambiémoslaYa! fabrica alarmas contra la Ley de Aguas Nacionales

    #CambiémoslaYa! fabrica alarmas contra la Ley de Aguas Nacionales

    Engenera —miembro del colectivo #CambiémoslaYa!— difundieron una publicación en su página de X (antes Twitter), acusando que la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales permitiría a Conagua autorizar descargas tóxicas de la industria minera en los cuerpos de agua del país.

    Presentaron esta acusación como una advertencia urgente, cuando en realidad se trata de una lectura torcida que busca frenar un proceso histórico.

    La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados restituye el carácter público y estratégico del agua y establece por primera vez un marco que protege el mínimo vital, prioriza el uso doméstico y cierra los resquicios que permitieron abusos empresariales desde 1992.

    CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    #CambiémoslaYa! reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas.

    Nada en el texto habilita concesiones para verter residuos mineros. De hecho, la propuesta endurece los requerimientos y exige que se certifiquen medidas de protección para población, cuerpos de agua, ecosistemas o zonas productivas.

    La propia presidenta ha hecho claro que se está revisando el fraseo del articulo 118 de la propuesta de ley, para evitar ambigüedades y garantizar la rendición de cuentas por parte de las empresas mineras.

    Además, la regulación general de descargas industriales en agua en México —la NOM001SEMARNAT2021, que entró en vigor en 2023— ha sido actualizada revisa límites permisibles, exige parámetros más para descargas residuales.

    Además, la respuesta del gobierno federal ante las exigencias populares demuestra un compromiso inequívoco con ellas.

    Claudia Sheinbaum lo expresó con claridad durante los macrobloqueos del 24 y 27 de noviembre, cuando afirmó que la nueva Ley General de Aguas era una de las exigencias que se estaban atendiendo desde el gobierno federal de manera prioritaria.

    #CambiemoslaYa! insiste en que Conagua estaría a punto de transformarse en un brazo regulador a favor de la minería.

    Aunque su argumento exige ignorar la reforma completa y la trayectoria de un gobierno que ha combatido la captura institucional de manera frontal.

    Su postura reproduce el viejo reflejo de desconfianza hacia las instituciones públicas y la fantasía de protección ambiental exclusiva de la sociedad civil legitimada mediante credenciales académicas adquiridas en el extranjero.

    Una visión cómoda para las ONG que construyen capital político administrando la crisis, no resolviéndola.

  • Las patadas de ahogado de #CambiémoslaYa! contra Economía

    Las patadas de ahogado de #CambiémoslaYa! contra Economía

    El colectivo de activistas burgueses y académicos, #CambiémoslaYa!, insiste en colocar al gobierno federal bajo la sombra de las corporaciones mineras y, en su afán por posicionarse como árbitro moral del debate público, recurre a insinuaciones que en la práctica alimentan el discurso de la oposición conservadora.

    En su más reciente comunicado publicado en la plataforma X (antes Twitter) contra la Secretaría de Economía y contra Marcelo Ebrard, exhibe una narrativa diseñada para erosionar la legitimidad de las instituciones de la Cuarta Transformación bajo el pretexto de la supuesta vigilancia ciudadana.

    Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital

    Se trata de intentos fútiles por parte del colectivo para mantener su relevancia en el debate público.

    A la par que intentan dibujar vínculos inverosímiles entre el gobierno actual (que ha puesto frenos claros al extractivismo neoliberal) y las grandes industrias mineras.

    Las patadas de ahogado de #CambiémoslaYa! contra Economía.
    Comunicado de #CambiémoslaYa! acusando a la Secretaría de Economía de colusión con intereses de la industria minera.
    Fuente: X, noviembre de 2025.

    El colectivo acusa a Economía de actuar como oficina de relaciones públicas de las mineras y sugiere que el secretario cede ante los intereses privados.

    El señalamiento va más lejos cuando atribuye al jefe de la Coordinación de Actividades Extractivas una supuesta cercanía impropia con la industria.

    #CambiémoslaYa! busca inhibir la capacidad del Estado para conciliar crecimiento económico con justicia ambiental.

    Con esto, la organización pretende instalar la sospecha de captura regulatoria sin presentar evidencia concreta y sin reconocer que la reforma de 2023 fue una de las más profundas restricciones impuestas a la minería en tres décadas.

    El comunicado omite que la política minera de la 4T frenó concesiones indiscriminadas, limitó plazos, condicionó la exploración al interés público e incorporó salvaguardas ambientales inéditas.

    En lugar de reconocer ese cambio estructural, #CambiémoslaYa! se aferra a una retórica que atribuye al gobierno una supuesta entrega del país a los consorcios extractivos.

    Su lectura es funcional al relato opositor que acusa al Estado de incompetencia o corrupción cada vez que se busca destrabar procesos administrativos o coordinarse con sectores productivos.

    El ataque a Ebrard también responde a una lógica más amplia. Se intenta desdibujar la línea entre diálogo institucional y sometimiento a intereses privados.

    Cualquier reunión con empresarios se presenta como signo de claudicación, cualquier esfuerzo de atracción de inversiones como amenaza, cualquier ajuste regulatorio como concesión a “chantajes”.

    Lo que #CambiémoslaYa! busca es inhibir la capacidad del Estado para planificar sectores estratégicos y para conciliar crecimiento económico con justicia ambiental.

    Apostando por un inmovilismo que deja al país en manos de los poderes fácticos que dominaban antes de 2018.

    Esto se trata claramente de una campaña que pretende vestir de tecnicismo la vieja desconfianza hacia el Estado y que, bajo el disfraz del ambientalismo, termina reforzando la narrativa de quienes desean ver fracasar a un gobierno popular que busca recuperar la soberanía sobre los recursos nacionales.

  • CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    Gustavo Alanís, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, atacó en medios al gobierno mexicano, señalándolo como enemigo de la protección ambiental.

    Minería y soberanía: Sheinbaum resiste mientras las ONG la acusan

    En una entrevista con Aristegui Noticias, Alanís aseguró que México “desvía” recursos climáticos hacia megaproyectos y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), repitiendo la tesis conservadora de que la infraestructura civil y estratégica impulsada por el Estado constituye un obstáculo para la acción climática.

    CEMDA insiste en una lectura fragmentada que invisibiliza los logros de la 4T y alimenta el discurso opositor

    El académico y activista llegó incluso a afirmar que el país “promueve a Pemex y CFE” en detrimento de la transición energética, sin reconocer que la soberanía energética es condición indispensable para cualquier transición justa, y que sin control público de la energía las soluciones climáticas quedan subordinadas a la lógica corporativa que durante décadas mantuvo al país en la dependencia.

    Mientras la comunidad internacional reconoce el avance que supone un compromiso con metas claras hacia 2030 y 2035, Alanís reduce estos compromisos a una formulación vaga que busca crear la impresión de cumplimiento antes incluso de que las medidas entren en vigor.

    A ello suma la acusación de que gran parte del presupuesto se destinará a proyectos contrarios al medio ambiente.

    Lo que omite decir es que dichos proyectos incluyen restauración ecológica asociada al Tren Maya, infraestructura hídrica y manejo territorial.

    Todos ellos compatibles con una visión de mitigación integral y con las prioridades de justicia social que la 4T ha colocado en el centro.

    CEMDA retoma además la narrativa del “fracking oculto”, afirmando que el presupuesto oculta partidas de dinero designadas para esta técnica, pese a que el Ejecutivo ha reiterado su prohibición.

    La organización insiste en esta acusación desde hace años, aunque nunca ha presentado evidencia técnica verificable más allá de interpretaciones sesgadas del gasto operativo en cuencas maduras.

    La insistencia en esta narrativa revela más interés político que preocupación ambiental.

    En lugar de reconocer que México cuenta por primera vez con una estrategia climática articulada desde una perspectiva social, CEMDA insiste en una lectura fragmentada que invisibiliza los logros de la 4T y alimenta el discurso opositor que busca mostrar al país como rezagado.

  • #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    #CambiémoslaYa! contra la reforma hídrica: la desconfianza como estrategia para frenar un cambio

    El colectivo #CambiémoslaYa! nuevamente busca deslegitimar el avance de la 4T, esta vez atacando la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.

    Engenera, CEMDA, Fundar y otras organizaciones que integran ese frente afirman que la reforma “regresaría a la Conagua facultades para otorgar permisos contaminantes a la industria minera”, insinuando que el organismo estaría coludido con empresas extractivas.

    El señalamiento, además de impreciso, revela un patrón cada vez más evidente de construir desconfianza hacia las instituciones públicas para frenar el diseño de políticas públicas que fortalecen la rectoría del Estado y desmontan el viejo régimen de privatización neoliberal.

    La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa. La iniciativa presentada por el Ejecutivo no reabre la puerta a concesiones para descargas de desechos mineros.

    La Ley General de Aguas propuesta por la 4T reafirma que el agua es un bien público estratégico.

    Establece prioridad absoluta al uso humano y el mínimo vital, e incorpora herramientas de planeación y control mucho más estrictas que las existentes.

    El colectivo #CambiémoslaYa! nuevamente busca deslegitimar el avance de la 4T, esta vez atacando la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
    Ejemplos de la campaña de #CambiémoslaYa! contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
    Fuente: X, Noviembre de 2025.

    El objetivo es exactamente el contrario al que sugieren las ONG. El gobierno busca cerrar las grietas legales heredadas de 1992 que permitieron la explotación privada del agua, la especulación con títulos de concesión y el ejercicio discrecional del recurso.

    El problema para estas organizaciones no es la Conagua. Es la recuperación del control público.

    La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa.

    Durante décadas, la Ley de Aguas Nacionales funcionó como un marco hecho a la medida de grandes agroindustrias, mineras y corporativos urbanos.

    La iniciativa de Sheinbaum termina con esa lógica y coloca al Estado en el centro de la gestión.

    El nuevo modelo limita la discrecionalidad privada, impide la compraventa de derechos, fortalece la fiscalización y obliga a garantizar la seguridad hídrica para comunidades y ecosistemas.

    Frente a ello, los grupos que se acostumbraron a operar como árbitros autónomos de la política hídrica han reaccionado con alarma.

    Al acusar que la reforma “permitiría otorgar concesiones para contaminar”, #CambiémoslaYa! ignora que el proyecto de la 4T precisamente corrige el vacío legal que por años explotaron industrias extractivas neoliberales para descargar residuos bajo regímenes laxos.

    Las ONG usan el presupuesto ambiental como arma política contra la soberanía

    La iniciativa de MORENA cierra las zonas de especulación, refuerza la prohibición de descargas mineras y establece controles vinculantes que antes no existían.

    Las ONG burguesas construyen sospechas, siembran desconfianza en la Conagua y buscan condicionar el debate legislativo desde fuera para frenar una reforma que democratiza el acceso, fortalece al Estado y rompe con el modelo hídrico neoliberal.

    En el fondo, el choque es político.