Categoría: #CambiémoslaYa!

  • Leticia Merino, de #CambiémoslaYa!, demuestra su desdén hacia el plan de acción de la 4T

    Leticia Merino, de #CambiémoslaYa!, demuestra su desdén hacia el plan de acción de la 4T

    En una entrevista concedida al analista Jesús Escobar Tovar, la académica Leticia Merino, en su calidad de representante de los colectivos de activistas #CambiémoslaYa! y del Observatorio de Extractivismo en México, señala al Plan de acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos como un plan que atenta contra la soberanía y el desarrollo de nuestro país.

    Haciendo gala de un discurso cobardemente velado tras tecnicismos supuestamente progresistas, dicho posicionamiento no hace más que beneficiar al gran capital y a las potencias ya posicionadas dentro del mercado estratégico de tierras raras y de la reconfiguración de las cadenas de suministro en industrias clave.

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    El discurso de Merino y de #CambiémoslaYa! no logra comprender la complejidad geopolítica en la que México se encuentra inmerso

    Resulta casi cómico cómo este tipo de activismos, exhibiendo con un orgullo ingenuo el liberalismo anticuado e idealista del que bebieron intelectualmente, reproducen la misma ideología que sus jefes corporativos intentan impulsar desde sus salas de conferencia.

    La académica critica el plan por su impacto climático, claramente exagerado hasta consecuencias poco probables, así como por la inserción de México dentro de las lógicas mercantiles de industrias como la armamentística.

    Como ya es costumbre, el discurso de Merino y de #CambiémoslaYa! no ofrece un análisis a nivel sistémico ni logra comprender la complejidad geopolítica en la que México se encuentra inmerso, particularmente en el contexto de una renegociación del T-MEC, cada vez más relevante en un mundo crecientemente desglobalizado y regionalizado.

    Para Merino, el plan convertiría a México en una zona de sacrificio del capitalismo global, pero omite que esta ya es, en los hechos, nuestra realidad.

    Únicamente insertando a México en lógicas competitivas a escala global podemos aspirar a un país con la agencia suficiente para hacer frente a las nuevas dinámicas del gran capital.

    El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo entiende con claridad, y reconoce que resulta de suma relevancia para nuestro país actuar con rapidez, a fin de que la visión de nación delineada desde la Cuarta Transformación, siguiendo la voluntad popular, sea capaz de florecer en un terreno geopolítico cada vez más hostil.

  • #CambiémoslaYa! ataca el Plan de Acción Minerales Críticos

    #CambiémoslaYa! ataca el Plan de Acción Minerales Críticos

    El colectivo de activistas y académicos burgueses, #CambiémoslaYa! mostró la incompatibilidad de su ideología con la visión de nación impulsada desde la Cuarta Transformación al criticar abiertamente el Plan de Acción Estados Unidos–México sobre Minerales Críticos.

    #CambiémoslaYa! ataca el Plan de Acción Minerales Críticos
    Comunicado del colectivo en crítica al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos.
    Fuente: #CambiémoslaYa!, febrero de 2025.

    Este plan está siendo impulsado por la Secretaría de Economía como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo industrial y la seguridad económica del país.

    El colectivo afirmó por medio de un comunicado que el acuerdo “compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país y profundizará los impactos socioambientales provocados por la minería en los territorios”.

    #CambiémoslaYa! insiste en una lógica de bloqueo que no ofrece salidas económicas ni industriales.

    El acuerdo busca asegurar cadenas de suministro, fomentar inversión, impulsar investigación, fortalecer la cartografía geológica pública y establecer estándares regulatorios comunes.

    En un contexto internacional marcado por la disputa por minerales estratégicos, la ausencia de una política activa dejaría a México sin margen de decisión y dependiente de mercados externos.

    #CambiémoslaYa! evita discutir ese escenario. Su crítica no aborda cómo garantizar control estatal, valor agregado nacional o beneficios sociales en las regiones mineras.

    Tampoco plantea mecanismos alternativos de desarrollo productivo en comunidades dependientes de la mina.

    Al presentar toda coordinación internacional como una pérdida automática de soberanía, el colectivo ignora que la soberanía también se ejerce al planear, regular y participar en mercados estratégicos, contrarrestando el contexto incierto de regionalización en los mercados globales.

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    Renunciar a esa capacidad implica ceder el terreno a intereses externos sin reglas ni contrapesos públicos.

    El choque revela una diferencia de fondo. Mientras el gobierno apuesta por usar los minerales críticos como palanca de desarrollo, #CambiémoslaYa! insiste en una lógica de bloqueo que no ofrece salidas económicas ni industriales.

    Más que una defensa territorial, su postura termina funcionando como un freno a la capacidad del Estado para definir el rumbo productivo del país.

  • #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo

    El 15 de enero de 2026, mientras la comunidad de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos celebraba una suspensión judicial que detiene temporalmente el proyecto Esperanza Silver, el colectivo #CambiémoslaYa! optó por colocar el conflicto en una narrativa más amplia que apunta directamente a la Secretaría de Economía.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Ataques directos a la SE por parte de #CambiémoslaYa! en su cuenta de X (antes Twitter).
    Fuente: X, enero de 2026.

    En publicaciones respecto a la conferencia otorgada ese día por el colectivo, el grupo presentó la apelación interpuesta por la dependencia como una traición a los territorios y aprovechó el caso para reiterar una consigna que ha ganado espacio en ciertos sectores del activismo urbano: que la minería, sin matices ni distinciones, carece de cualquier capacidad para generar desarrollo y solo reproduce pobreza, invisibilizando las realidades económicas que atraviesan las regiones mineras del país.

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    #CambiémoslaYa! afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    El problema de esta narrativa no radica en señalar conflictos reales alrededor de proyectos extractivos, sino en la simplificación ideológica que borra deliberadamente la complejidad económica y social de los territorios mineros.

    Al afirmar que la minería carece por completo de valor social, el colectivo reduce a miles de trabajadoras y trabajadores a una estadística incómoda, como si su sustento cotidiano fuera un daño colateral aceptable en nombre de una pureza ambiental abstracta.

    #CambiémoslaYa! y el desprecio al trabajo productivo
    Publicación de #CambiémoslaYa! en X (antes Twitter), deslegitimando a la industria minera como motor de desarrollo.
    Fuente: X, enero de 2026.

    La actuación de la Secretaría de Economía en litigios de esta naturaleza responde a su mandato institucional de defender el marco legal vigente y garantizar certeza jurídica en sectores productivos estratégicos.

    Presentar esa función como una traición a las comunidades implica desconocer que el Estado no actúa desde consignas, sino desde responsabilidades constitucionales que buscan equilibrar desarrollo regional, empleo y regulación.

    Más revelador aún es el tono con el que #CambiémoslaYa! y organizaciones afines, como Engenera, describen la realidad de los municipios mineros.

    Desde espacios académicos y de activismo, alejados de la vida productiva cotidiana, se afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.

    Bajo esa lógica, da lo mismo que una comunidad pierda su principal fuente de ingresos.

    Esta postura no exige mejores condiciones laborales, mayor inversión social o estándares ambientales más estrictos. Exige paralización.

    El resultado es el abandono, el éxodo rural y una dependencia mayor de subsidios.

    Deslegitimar a la Secretaría de Economía por cumplir su función legal y despreciar a quienes viven del trabajo minero expone una aporofobia disfrazada de virtud ambiental, ajena a cualquier horizonte de justicia social.

  • CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda

    En los últimos años, la narrativa de la protección a las personas defensoras de la tierra se ha vuelto un caballo de Troya del ambientalismo burgués, ese que intenta enemistar al Estado con el medioambiente y las comunidades mediante moralismos dogmáticos, un ejemplo lo encontramos en el pronunciamiento realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, donde se sugiere que los proyectos impulsados por el gobierno de Morena actúa como factor detonante o agravante de las agresiones en la región.

    En particular, la narrativa impulsada por CEMDA señala al megaproyecto del tren transístmico como un factor atenuante de la violencia de la región, ignorando y hasta negando los beneficios que este proyecto traería a las comunidades del sureste mexicano.

    CEMDA instrumentaliza la violencia contra activistas para empujar su agenda.
    Imagen acompañando el comunicado de CEMDA contra el megaproyecto del Tren Transístmico.
    Fuente: CEMDA, 2023.

    Ese encuadre resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre.

    El propio documento del CEMDA reconoce que las agresiones provienen de una constelación de actores que incluye fuerzas públicas, empresas privadas y crimen organizado.

    La narrativa del CEMDA es retomada al servicio de una crítica proveniente del viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal.

    Sin embargo, esa complejidad desaparece cuando el discurso se ordena alrededor de una imputación central al gobierno federal, como si la violencia territorial fuera una consecuencia directa y lineal de un proyecto de infraestructura pública.

    La historia material del Istmo, marcada por décadas de abandono estatal, penetración criminal, disputas empresariales y control armado de economías ilegales, queda relegada a un segundo plano.

    En ese orden de ideas, convertir al Estado en chivo expiatorio absoluto termina por exculpar a quienes han hecho del despojo y la violencia un negocio permanente, y debilita la posibilidad de construir diagnósticos que permitan intervenir las causas reales del conflicto.

    La misma lógica aparece en columnas como El Istmo en peligro, firmada por Rubén Moreira Valdez y publicada el 11 de diciembre de 2025 en El Heraldo de México.

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    Allí, el viejo bloque político que gobernó el país durante el ciclo neoliberal retoma la narrativa del CEMDA al servicio de su crítica.

    El resultado es una convergencia incómoda entre ONG supuestamente progresistas y actores que históricamente administraron la desigualdad y la violencia que hoy dicen denunciar.

    “Organizaciones como el CEMDA han identificado al Corredor Interoceánico como uno de los conflictos socioambientales más graves del país, con un número particularmente alto de agresiones contra personas defensoras de la tierra”


    Rubén Moreira Valdez, El Heraldo de México

    Insistir en presentar al gobierno de Morena como responsable central de la violencia en el Istmo no fortalece la defensa de las comunidades.

    Al contrario, diluye las relaciones de poder reales y convierte una discusión estructural en un alegato político que termina beneficiando a los mismos intereses económicos y criminales que han saqueado la región durante décadas.

  • #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una transición energética

    En su última publicación de X (antes twitter) el autonombrado colectivo ambientalista #CambiémoslaYa! niega la posibilidad de una la transición energética en México.

    En esta publicación, el colectivo introduce un marco de análisis que termina por deslegitimar uno de los ejes estratégicos del proyecto impulsado por los gobiernos de Morena en materia energética y de soberanía nacional.

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    El planteamiento parte de una negación general que ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    Equiparar la transición energética con una simple acumulación caótica de fuentes y con un aumento mecánico del consumo de combustibles fósiles borra de un plumazo la diferencia entre el modelo neoliberal de apertura indiscriminada y la planeación pública que hoy busca recuperar la rectoría del Estado.

    En ese marco se inscribe la apuesta por el litio. Presentar la explotación de este recurso como una mera extensión del extractivismo histórico omite un elemento central que distingue el momento actual.

    #CambiémoslaYa! ignora deliberadamente el cambio de orientación que ha tenido la política energética en los últimos años.

    El litio ha sido definido como un bien estratégico bajo control estatal, orientado a sostener cadenas productivas vinculadas a la transición energética, el almacenamiento y la movilidad eléctrica.

    La nacionalización del litio no responde a la lógica de saqueo que caracterizó décadas pasadas, sino a un esfuerzo por evitar que minerales clave queden en manos de corporaciones transnacionales y por anclar su aprovechamiento a objetivos de desarrollo nacional.

    El discurso de #CambiémoslaYa! parece deslizar una desconfianza estructural hacia cualquier forma de intervención productiva del Estado, incluso cuando esta se plantea desde parámetros de soberanía, justicia territorial y planeación de largo plazo.

    Bajo una retórica que se presenta como radical, se termina cuestionando la capacidad de un gobierno popular para conducir una transición energética propia, situada y acorde con las necesidades del país.

    La transición energética que impulsa la Cuarta Transformación no es un gesto simbólico ni un simple cambio tecnológico.

    Es una disputa por quién decide, para qué y para quién se produce la energía.

    Reducirla a un extractivismo perpetuo implica desconocer esa disputa y, en los hechos, restar legitimidad a un proyecto que busca colocar los recursos estratégicos al servicio del pueblo.

  • CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    CEMDA Y Greenpeace exigen a SEMARNAT negar la ampliación del Programa de Rescate a playas de Quintana Roo

    La reciente solicitud de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —miembro de los colectivo #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para que la SEMARNAT niegue la ampliación del programa de rescate de playas en Quintana Roo expone una contradicción profunda entre el discurso ambientalista y la necesidad concreta de restauración ecológica en uno de los litorales más frágiles del país.

    Al privilegiar una lectura estrictamente procedimental, estas organizaciones colocan su agenda política por encima de una intervención ambiental urgente frente a la erosión acelerada y el impacto del cambio climático.

    El proyecto impulsado por el gobierno de Quintana Roo busca atender más de treinta kilómetros de costa afectados por la pérdida de arena, un fenómeno agravado por tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar.

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    CEMDA y Greenpeace no ven que la restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática.

    La oposición de Greenpeace y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental se centra en el uso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en la figura de ampliación administrativa.

    El argumento jurídico puede ser debatible, pero resulta problemático cuando se convierte en un bloqueo total a cualquier acción de restauración mientras las playas continúan degradándose.

    Esta postura revela una lógica recurrente en ciertos sectores del ambientalismo Burgués.

    En lugar de exigir mejoras técnicas, monitoreo independiente o criterios más estrictos de extracción de arena, se opta por la negativa absoluta, aun cuando existen estudios batimétricos y volumétricos actualizados que respaldan la propuesta estatal.

    La restauración de playas no es un capricho turístico, es una medida de adaptación climática que protege ecosistemas costeros, infraestructura pública y comunidades locales frente a la erosión.

    Negar esto implica desconocer que la inacción también tiene costos ambientales y sociales acumulativos.

    Resulta llamativo que organizaciones que suelen denunciar la falta de acción gubernamental ante la crisis climática ahora busquen frenar un proyecto de restauración bajo el argumento de una insuficiencia administrativa heredada del pasado.

    La discusión de fondo debería centrarse en cómo mejorar y transparentar el rescate de playas, no en impedirlo.

    Cuando la defensa ambiental se reduce a negar cualquier intervención pública, el resultado no es protección ecológica, sino parálisis frente a una degradación que avanza sin pausa.