Autor: Redacción

  • Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.

    Colaborando con instancias académicas como SUMASAI y el colectivo #CambiémoslaYa!, colectivo del cual la organización que fundó Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) es miembro.

    CambiémoslaYa!, el arte de criticar sin proponer

    Pero en la coyuntura actual, su voz no se queda en la investigación: se ha convertido en una figura que mezcla ciencia con activismo político, y cuyo discurso ya no puede leerse como neutral.

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.
    Merino durante un congreso en Oaxaca, 2018.
    Fuente: Mongabay, noviembre de 2019.

    Leticia Merino encarna un perfil cada vez más común en el “ambientalismo”.

    Merino ha denunciado que leyes como la de Aguas o la Minera supuestamente favorecen a grandes capitales.

    Pero rara vez se detiene en las complejidades que enfrenta el Estado para equilibrar desarrollo económico, empleo y transición energética.

    La crítica es totalizante, el gobierno es “permisivo”, las empresas “abusivas” y las comunidades “víctimas”.

    Sin embargo, las soluciones que propone —cuando existen propuestas coherentes más allá del llamado a la prohibición absoluta de industrias enteras— se quedan en lo declarativo y poco explican cómo lidiar con las consecuencias económicas o sociales de esas medidas.

    Aunque Merino no se presenta como operadora política, su nombre legitima esas demandas y presta a esos colectivos un aura de “neutralidad académica” que en realidad ya no existe.

    ¿Por qué su crítica elude casi por completo a ciertos actores privados —como filántropos corporativos— que tienen intereses claros en el país, mientras se concentra en señalar la responsabilidad y supuesta negligencia del Estado?

    Merino encarna un perfil cada vez más común en el ambientalismo, aquel de la académica que se convierte en activista, opinadora mediática y, de facto, en cabildera política.

    Y en ese tránsito, la pregunta no es si tiene derecho a hacerlo —claro que lo tiene—, sino si quienes la escuchan están conscientes de que ya no habla solo la investigadora de la UNAM.

    Sino también la militante de una agenda política que merece ser cuestionada con el mismo rigor con que ella cuestiona al Estado.

  • CEMDA: ambientalismo made in USAID

    CEMDA: ambientalismo made in USAID

    El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) insiste en presentarse como un actor “independiente”, abanderado de causas verdes y defensor de comunidades.

    Pero detrás de sus campañas mediáticas contra la política energética del Estado mexicano, existe un entramado complejo de financiamiento extranjero.

    Activismo ambiental contra la Refinería de Dos Bocas: entre la narrativa catastrofista y la realidad del desarrollo energético

    Los recursos de CEMDA provienen de corporaciones y fundaciones que representan intereses transnacionales.

    Entre sus donantes destacan la European Climate Foundation, la Fundación Heinrich Böll, Earthjustice, Global Witness, el Global Greengrants Fund y la poderosa Ford Foundation.

    También la David and Lucile Packard Foundation, propiedad de los fundadores de HP, que financia proyectos en México mientras sus corporaciones siguen ligadas a las cadenas globales de contaminación.

    El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) insiste en presentarse como un actor “independiente”, abanderado de causas verdes y defensor de comunidades. Pero detrás de sus campañas mediáticas contra la política energética del Estado mexicano, existe un entramado complejo de financiamiento extranjero.
    Donantes actuales de CEMDA.
    Fuente: CEMDA, consultada en septiembre de 2025.

    A esta lista se suma la Iniciativa Climática México, que a su vez recibió recursos de la USAID, la agencia de cooperación del gobierno estadounidense, históricamente señalada por intervenir en la política de países latinoamericanos bajo el disfraz de “ayuda al desarrollo”.

    CEMDA denuncia “dependencia fósil” y acusa a la administración federal de hipotecar el futuro climático pero sus propios recursos provienen de corporaciones y fundaciones que representan intereses transnacionales.

    En 2022, CEMDA lanzó un video contra la reforma eléctrica de López Obrador que acumuló millones de visualizaciones en YouTube gracias a una costosa pauta publicitaria.

    El mensaje alarmista, disfrazado de defensa ambiental, fue financiado con dinero cuya procedencia está atada a los centros de poder económico y político que se benefician de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad.

    A este financiamiento internacional se suman los intereses de Carlos Slim, empresario con participación en empresas energéticas que venden energía a las cadenas Sears, Sanborns y otras oficinas del conglomerado.

    El resultado es una organización como CEMDA que opera como intermediaria de intereses extranjeros y, al mismo tiempo, guarda silencio frente a los negocios privados en los sectores clave.

    Un ambientalismo que vive de la chequera internacional difícilmente puede asumirse como voz auténtica de los pueblos o como garante de justicia climática.

  • Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    En el juego de ajedrez que es el debate público respecto al presupuesto de la federación, la ONG Fundar ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Cuando se trata del Impuesto Saludable, el centro celebra con entusiasmo la supuesta “justicia fiscal” de la Presidenta.

    El indigenismo neoliberal

    Pero apenas el debate se traslada al financiamiento climático o a la transición energética, la misma organización desacredita al gobierno.

    En su informe Paquete Económico 2026: avances sociales y retos para los derechos humanos, Fundar aplaude el aumento de ingresos tributarios y la continuidad de los impuestos especiales al tabaco y a las bebidas azucaradas.

    Fundar, la ONG que ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Con un tono complaciente, resalta la necesidad de reforzar estos “impuestos saludables”, reconociendo la medida presidencial como un paso hacia la garantía del derecho a la salud y la reducción de desigualdades.

    Sin embargo, apenas una semana después, en el reporte conjunto sobre cambio climático y transición energética, Fundar se sienta al lado de Engenera, CEMDA (con quienes comparte membresía en el colectivo #CambiémoslaYa!) y otras ONG para exhibir la “incongruencia” del gasto público.

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués.
    Boletín publicado por Fundar, Engenera y CEMDA con un análisis del presupuesto 2026 en materia ambiental.
    Fuente: CEMDA, septiembre de 2025.

    Aquí, cada peso destinado a infraestructura ferroviaria, seguridad o hidrocarburos se convierte en símbolo de incapacidad de respuesta ante la crisis ambiental.

    Fundar no reconoce matices ni que el rediseño presupuestal responde a prioridades nacionales como movilidad o soberanía energética.

    Cuando los recursos se alinean a la visión tributaria de Fundar, la narrativa es de progreso y justicia; cuando no, denuncian sin contemplar complejidades políticas ni restricciones materiales.

    En ambos casos, la organización parece menos interesada en construir un diagnóstico coherente que en colocar sus banderas en el debate público.

    Al final, el doble rasero no solo erosiona su credibilidad, sino que reduce el debate a una disputa de agendas particulares.

    Poniendo en juego el diseño de un presupuesto que equilibre salud, justicia social y transición energética de manera realista.

  • El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

    El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

    El reciente informe de Engenera y sus aliados ambientalistas se presenta como un diagnóstico neutral sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 en materia climática y energética.

    Pero lo que en realidad despliega es una ofensiva discursiva contra la Cuarta Transformación, camuflada bajo el ropaje de indicadores, porcentajes y “metas verificables”.

    Se acusa que el Anexo Transversal 16 (AT16) destina 41.79% de los recursos a la Sedena y apenas 3.71% a Semarnat, y que el Anexo Transversal 15 (AT15) canaliza 68% a proyectos ferroviarios y petroquímicos.

    La transformación energética será soberana o no será.

    Con ello, buscan dar la impresión de un presupuesto “desviado” y sin rumbo climático.

    Sin embargo, lo que silencian deliberadamente es que la 4T no concibe la transición como un listado de indicadores importados desde despachos del Norte Global.

    Sino como un proceso histórico de redistribución material y soberanía territorial.

    El señalamiento de Engenera de que “faltan metas cuantitativas” o que no se detallan “contribuciones verificables” busca reducir la acción estatal a fórmulas contables.

    Subordinando la política a métricas diseñadas para otras realidades.

    El discurso de Engenera es un acto político que busca sabotear desde la palabrería tecnocrática el proyecto de emancipación nacional que la 4T articula.

    En ese sentido, más que un análisis presupuestario, lo que ponen sobre la mesa es un intento de disciplinamiento, buscando que México obedezca los parámetros de un ambientalismo elitista.

    Ajeno a la realidad de los pueblos que sostienen con su trabajo la riqueza energética y natural del país.

    Mientras Engenera se obsesiona con el 0.06% asignado a programas con perspectiva de género —cifra que usan para reforzar su retórica de precariedad— omiten que la propia Cuarta Transformación ha colocado a las mujeres en el centro de proyectos productivos comunitarios como Sembrando Vida, que recibe casi una quinta parte del AT16.

    La redistribución del presupuesto hacia infraestructura ferroviaria, seguridad nacional y defensa no es un “desvío”.

    Sino la afirmación de que no habrá transición energética posible sin un Estado fuerte.

    Sin soberanía territorial y sin proyectos capaces de integrar a regiones históricamente marginadas.

    El Tren Maya, las capacidades energéticas de la CFE y la participación de las Fuerzas Armadas no son caprichos.

    Son pilares para un futuro donde el país no dependa de los designios del capital verde trasnacional.

    El discurso de Engenera y compañía es, en última instancia, un acto político que busca sabotear desde la palabrería tecnocrática el proyecto de emancipación nacional que la 4T articula.

    No les preocupa la justicia climática, les preocupa perder el monopolio del relato “experto” que durante décadas mantuvo secuestrada la política ambiental en México.

  • Greenpeace y su patriotismo convenenciero

    Greenpeace y su patriotismo convenenciero

    Greenpeace México eligió el marco de las fiestas patrias para ensayar una jugada discursiva que raya en la manipulación simbólica, apropiándose de la retórica de la independencia nacional para atacar, de manera solapada al Tren Maya.

    Ambientalistas usan a comunidades para rechazar el fracking pero omiten avances de la 4T para prohibirlo

    Bajo el título “México al grito de ¡Selva!”, el texto publicado por la ONG representa claramente sus mañas de travestir de causa popular la oposición a la transformación material de nuestro país.

    El artículo intenta dibujar un paralelismo entre los movimientos emancipatorios del siglo XIX y las resistencias actuales contra los “megaproyectos neocolonialistas”.

    Greenpeace no defiende la soberanía, sino una patria inmóvil, despojada de proyecto histórico.

    No es casual que en esa categoría inserten al Tren Maya, presentándolo de forma velada junto con otros proyectos privados.

    Greenpeace México eligió el marco de las fiestas patrias para ensayar una jugada discursiva que raya en la manipulación simbólica, apropiándose de la retórica de la independencia nacional para atacar, de manera solapada al Tren Maya.
    Encabezado del artículo publicado por Greenpeace México el 15 de septiembre de 2025.
    Fuente: Greenpeace México, septiembre de 2025.

    Greenpeace no reconoce al Tren Maya como un esfuerzo de soberanía estatal que busca romper con el rezago histórico y la dependencia de las economías locales a un turismo depredador controlado por corporaciones extranjeras.

    En su lugar, lo ven como un extensión del sistema depredador, de manera errónea y convenenciera a sus intereses.

    Greenpeace señala la devastación de los acuíferos por las granjas porcícolas y la apropiación privada de las playas por consorcios hoteleros, pero en lugar de diferenciar, subsume el proyecto ferroviario del Estado en el mismo saco de la rapiña neoliberal.

    Es revelador que una ONG con financiamiento y redes internacionales pretenda utilizar de forma tan burda el lenguaje de la patria y la insurgencia popular.

    En su relato, la independencia no es contra los intereses oligárquicos globales, sino contra un Estado que intenta reequilibrar la balanza en una región históricamente explotada.

    Lo que hay detrás no es amor a México ni a la selva, sino la insistencia en congelar al sureste en la eterna condición de reserva ecológica, siempre disponible para los intereses del capital global.

    Greenpeace pretende gritar “¡Viva México!” mientras acusa al Estado de neocolonialismo.

    Pero lo que en realidad defienden no es soberanía, sino una patria inmóvil, despojada de proyecto histórico.

  • La Alianza Mexicana contra el Fracking instrumentaliza derrame para fines políticos

    La Alianza Mexicana contra el Fracking instrumentaliza derrame para fines políticos

    El derrame de hidrocarburos en la comunidad Ignacio Zaragoza, Veracruz, abrió un debate legítimo sobre la capacidad de PEMEX para responder de manera oportuna a emergencias ambientales.

    Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking ha utilizado el incidente como plataforma política para volver a colocar su agenda en el centro de la discusión.

    La Alianza Mexicana contra el Fracking instrumentaliza derrame para fines políticos.
    Publicación de X sobre Alianza Mexicana Contra el Fracking mencionando el derrame dentro del hilo de peticiones de firmas contra el fracking.
    Fuente: La Opinión Poza Rica, septiembre de 2025.

    El problema con este enfoque no radica en señalar la afectación —las comunidades tienen todo el derecho de denunciar y exigir reparación—, sino en cómo la organización instrumentaliza esas voces para desacreditar a la empresa estatal y a su plan estratégico 2025-2035, ligando la publicación a hilos relacionados con su iniciativa contra la fractura hidráulica.

    En lugar de esperar los dictámenes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se adelantan acusaciones de “ecocidio” que condicionan el debate público y siembran desconfianza sobre cualquier versión oficial.

    Por lo que, “periodistas” opositores a PEMEX replican inevitablemente este discurso.

    La Alianza Mexicana contra el Fracking instrumentaliza derrame para fines políticos.
    Nota del periodista veracruzano Fabián Martínez en la que se menciona a Alianza Mexicana Contra el Fracking.
    Fuente: La Opinión Poza Rica, septiembre de 2025.

    Es cierto que se puede mejorar la situación en Ignacio Zaragoza, y las autoridades deben atender de inmediato los reclamos de sus habitantes mediante acciones de contención, limpieza y reparación.

    Alianza Mexicana contra el Fracking acusa de “ecocidio”, lo que condiciona el debate público y siembra desconfianza sobre cualquier versión oficial.

    Pero otra cosa es monopolizar el discurso y reducir la complejidad del problema a una consigna política contra PEMEX.

    La empresa, como patrimonio público, tiene la obligación de actuar con transparencia y responsabilidad.

    Eso no significa que deba ser deslegitimada en bloque. Lo que se requiere es fortalecer la regulación y garantizar que organismos como la ASEA cuenten con autonomía y recursos suficientes para sancionar cuando sea necesario.

    El riesgo de ceder el debate a posiciones alarmistas es que la discusión se desplace de cómo mejorar la gestión ambiental de la industria petrolera sin debilitar el proyecto de soberanía energética que representa PEMEX hacia una demonización de la paraestatal.

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    Al final, lo verdaderamente lamentable es que una supuesta ONG ambiental convierta un derrame en insumo para su propia campaña política.

    Usar la vulnerabilidad de comunidades veracruzanas como munición ideológica no solo enturbia la discusión pública, sino que vacía de legitimidad la causa ambiental que dicen defender.