Contra Activistas Fifí

Autor: Redacción

Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular

En noviembre de 2025, ONG ambientalistas como Engenera y CEMDA —miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— presentaron un documento que, intenta fijar para México una ruta energética ajena al proyecto de soberanía impulsado por la Cuarta Transformación.

El texto exige un desmantelamiento acelerado de la infraestructura fósil del país.

Esto, si bien parece ser buena idea, compromete la transición paulatina y a favor del pueblo que se planteó desde López Obrador.

Organizaciones que participaron en la redacción de la propuesta.
Fuente: Engenera, 2025.

CEMDA y las otras ONG deben entender que la transición energética debe responder al mandato democrático, no a agendas externas.

El documento plantea el cierre total de las carboeléctricas en 2030, independientemente de su papel estratégico en regiones cuya demanda no puede sostenerse exclusivamente con fuentes de mayor costo.

Ordena prohibir toda infraestructura fósil nueva a partir de 2027 y obliga a frenar proyectos que el propio Estado considera indispensables para garantizar confiabilidad eléctrica, industrialización regional y abasto en zonas rezagadas.

Estas exigencias ignoran la brecha histórica en transmisión, el rezago tecnológico acumulado durante décadas de neoliberalismo y la necesidad de contar con generación firme mientras se expanden renovables públicas.

Mientras tanto, las potencias que financian a estas ONG mantienen centrales térmicas, subsidian combustibles fósiles y amplían su red de gas natural en nombre de su “seguridad energética”.

Más problemático es que el documento exige rediseñar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), la Ley de Transición Energética y la Ley de Planeación para imponer obligaciones climáticas que mitigarían la implementación del proyecto energético de la 4T.

El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

Esta intención constituye un choque frontal con la actual administración electa por los mexicanos, cuyo principio rector es recuperar el control público del sector energético.

El texto presiona además para que los instrumentos financieros de la CFE se orienten al retiro anticipado de infraestructura estratégica, pese a que su función es fortalecer la autonomía eléctrica del país.

La transición energética debe responder al mandato democrático y a las necesidades reales del país, no a agendas externas que pretenden dictar el rumbo energético desde arriba y sin legitimidad social.
Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital

A inicios de noviembre de 2025, Engenera, WRI México, Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la red de tierras silvestres Wildlands Network y la Fundación Heinrich Böll —nombres que se repiten en colectivos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— han presentado el llamado Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, otra iniciativa más que pretende fiscalizar el uso del gasto público y deslegitimar los esfuerzos de la Cuarta Transformación por impulsar cambios ambientales con vocación popular.

Resulta revelador que quien encabezara el lanzamiento de esta campaña fuera la diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla, alabando el acto como un paso más hacia una verdadera política ambientalista.

Mientras tanto, desde la trinchera morenista se reconoce la necesidad de transformaciones estructurales y de un enfoque prioritario frente al cambio climático.

Legisladores como Joaquín Zebadúa Alva subrayan la dimensión internacional y las asimetrías poscoloniales que definen la problemática ambiental global.

De poco sirve que veinticuatro ONG —muchas de ellas financiadas por corporaciones y gobiernos de Europa y la anglosfera— actúen como árbitros morales de la transición ecológica emprendida por un gobierno popular y democráticamente electo en el sur global.

Si al norte inmediato de nuestras fronteras, el auge del neofascismo está desmantelando las endebles estructuras de regulación ambiental construidas en las últimas décadas.

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Aun si la economía mexicana dejara de emitir gases de efecto invernadero y retornara a una suerte de utopía preindustrial —lo que parece ser el horizonte de muchos de estos movimientos que predican el inmovilismo estatal como única alternativa— el impacto global sería nulo sin un viraje profundo en las políticas ambientales y económicas de Estados Unidos, Europa y las potencias industriales de Asia.

Conviene entonces preguntarse por qué esta insistencia en la fiscalización punitiva y en la parálisis institucional desde organismos que reciben financiamiento de grandes corporaciones internacionales.

¿Quién se beneficia de la dependencia energética y de la desindustrialización del Estado mexicano?

Más revelador aún es que, como demuestra el caso de Movimiento Ciudadano, sea la oposición a la Cuarta Transformación la que con mayor entusiasmo adopta el discurso catastrofista contra la política energética y ambiental de MORENA.

El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

Con quienes desean mantener a México en el oscurantismo del subdesarrollo y con quienes temen a un país fuerte, guiado por su pueblo y comprometido con su soberanía ambiental.
Las ONG usan el presupuesto ambiental como arma política contra la soberanía

El 30 de octubre, Expansión Política publicó un artículo alarmista titulado “México peleará contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años”.

En él, representantes de Oxfam —organismo también miembro de los colectivos inmovilistas #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, Wildlands Network y NOSSA, junto con otras ONG ambientalistas, acusaron al gobierno federal de asfixiar la protección ambiental y privilegiar megaproyectos según ellos destructivos como el Tren Maya.

Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

Bajo el disfraz de preocupación ecológica, lo que se esconde es una operación discursiva coordinada desde el ambientalismo corporativo internacional para desacreditar la política climática soberana de la Cuarta Transformación.

El ecologismo de escritorio de estás ONG, exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.

Estas organizaciones, que no rinden cuentas en México sobre su financiamiento proveniente de fundaciones y gobiernos extranjeros, insisten en medir la acción ambiental en función del presupuesto federal, sin reconocer la reestructuración profunda del gasto público hacia proyectos de restauración ecológica con justicia social.

El recorte que denuncian no es un abandono, sino una reorientación del gasto hacia programas comunitarios y obras de infraestructura que integran mitigación climática y desarrollo social: reforestación con empleo local, saneamiento de cuencas y transición energética bajo control público.

El discurso de Oxfam y compañía no es ambiental, es ideológico. Su indignación por los “recortes” ignora que Pemex y CFE son parte de la transición justa, no sus enemigos.

Sin energía soberana y sin control público sobre los recursos, no hay posibilidad de cambio real.

Cuando las ONG hablan de “presupuesto verde”, en realidad reclaman más dinero para sus consultorías, proyectos de cooperación y estudios financiados por el norte global.

Quieren convertir al Estado mexicano en ejecutor de sus agendas, no en arquitecto de su propio modelo de desarrollo.

Su ecologismo de escritorio exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa políticas ambientales que priorizan la restauración de ecosistemas, la gestión integral del agua y la reducción del 35% de las emisiones hacia 2030, tal como lo explicó Alicia Bárcena ante el Congreso.

No es un retroceso, sino una transición realista y soberana que rompe con la dependencia de los dictados financieros de las ONG del norte.

El falso ambientalismo de Oxfam y sus aliados busca reinstalar la idea de que México solo puede salvar su naturaleza obedeciendo a los países ricos.
Las ONG verdes del norte global: instrumentalizando la COP-30 para dictar política a México

A días del inicio de la COP-30 en Belém, Brasil, un grupo de ONG encabezadas por Greenpeace México, CEMDA, Engenera y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un posicionamiento donde exigen al gobierno mexicano la suspensión inmediata de todos los proyectos de hidrocarburos, desde la exploración en aguas profundas hasta el Tren Maya y las plantas de gas natural.

Su discurso, envuelto en los tonos de la supuesta justicia climática, responde menos a las urgencias ecológicas del país que a una estrategia coordinada de presión internacional promovida por el ambientalismo corporativo del norte global.

Según estas organizaciones, México debe detener su desarrollo energético, “entregando compromisos ambiciosos”, lo que en la práctica implica subordinar su política económica a los estándares dictados por organismos europeos y fundaciones estadounidenses.

Alianza Mexicana Contra el Fracking denuncia el presupuesto de 2026 como coartada para su ambientalismo colonial

Supuestas organizaciones ambientales, pretenden convertir los foros multilaterales como la COP-30 en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur.

Bajo el pretexto de combatir el cambio climático, estas ONG buscan imponer una agenda que restringe la soberanía energética y condena a los pueblos del sur a la dependencia tecnológica y financiera.

Mientras los países del G7 siguen explotando hidrocarburos y ampliando su producción de gas natural, las ONG exigen a América Latina una “transición justa” que en la práctica significa renunciar a sus recursos estratégicos.

En el documento, las organizaciones alineadas con esta visión piden incluso “una moratoria inmediata” a proyectos de infraestructura, transporte y turismo en la península de Yucatán, continuando sus intentos por bloquear el desarrollo en el sueste de México.

Nada dicen, sin embargo, de la responsabilidad histórica de las potencias industriales, ni del papel de las transnacionales —a las que muchas de estas ONG han servido como consultoras— en la crisis climática global.

El lenguaje del “fin de los combustibles fósiles” sirve aquí como un dispositivo de control neocolonial disfrazado de ecologismo.

Pretenden convertir los foros multilaterales como la COP en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur, mientras ocultan su financiamiento proveniente de fundaciones europeas y agencias de cooperación vinculadas al capital verde.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado una transición energética gradual, expansión de energías limpias públicas. Estas son respuestas desde la soberanía, no desde la sumisión.

Por eso incomodan a quienes ven en México un campo de experimentación para sus laboratorios climáticos del norte.
El ambientalismo del PAN: ONG de escritorio al servicio del PRIAN

El reciente pronunciamiento del Partido Acción Nacional (PAN), a favor de las ONG que demetiran al Tren Maya, ofrece un retrato perfecto del nuevo frente político que se disfraza de defensa ambiental.

Puerta al Mar y la impostura del ambientalismo burgués

El diputado panista Ernesto S ánchez Rodríguez anunció que su partido “apoyará a las ONG co ntra el Tren Maya”, acusando a la Cuarta Transformación de “ecocidio” en Quintana Roo y de “alinear a los jueces del Bienestar”.

El PAN y las ONG satélites agitan la bandera verde para frenar el avance del Estado soberano.

Las mismas ONG que hoy se presentan como defensoras de la selva —Greenpeace, CEMDA, Fundar o Engenera— son parte de una red con financiamiento extranjero que durante los gobiernos neoliberales jamás denunció los megaproyectos del capital turístico ni los ecocidios de los hoteles de lujo en la Riviera Maya.

Guardaron silencio cuando el neoliberalismo destruía el ecosistema del Valle de México para envisionar el Aeropuero de Texcoco, o incluso apoyaron activamente la inciativa.

Hoy reaparecen, alineadas con la narrativa del PAN, repitiendo sus acusaciones de “falta de transparencia” y supuesto “autoritarismo” para convertir el desarrollo público en pecado ecológico.

Detrás del discurso ambientalista se esconde el mismo interés de clase que gobierna al PRIAN para mantener la tierra, el agua y los recursos naturales al servicio de los consorcios privados.

El Tren Maya representa una amenaza para ese modelo porque rompe con el monopolio turístico del norte global sobre el Caribe mexicano y redistribuye el acceso a las comunidades mayas.

Por eso, mientras el gobierno federal impulsa restauración ecológica, corredores biológicos y empleo comunitario, la oposición y sus ONG satélites agitan la bandera verde para frenar el avance del Estado soberano.
Greenpeace acusa, pero calla: el ambientalismo de consigna que invisibiliza los avances reales de la 4T contra los plaguicidas y transgénicos

El 29 de octubre de 2025, Greenpeace México publicó un comunicado titulado “Insistiremos en regulación de plaguicidas”, en el que acusa al Estado mexicano de mantener “impunidad ambiental” y “omitir su deber” frente al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP).

La organización se dice víctima de una “traición institucional” por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dio por concluida la Recomendación 82/2018 sobre el tema.

Alianza Mexicana Contra el Plan Estratégico 2025-2035: cómo la Alianza Mexicana Contra el Fracking intenta deslegitimar a PEMEX

Mientras Greenpeace ataca, la administración de Claudia Sheinbaum continúa el trabajo iniciado por López Obrador por la restricción progresiva del glifosato, impulso a la agroecología campesina, moratoria a los maíces transgénicos y una política de sustitución de plaguicidas con alternativas biológicas y de bajo impacto, reconocida incluso por la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Esa transformación implica enfrentar intereses poderosos que por décadas dictaron las reglas del campo mexicano desde el escritorio de la agroindustria neoliberal.

El comunicado de Greenpeace, lejos de reconocer esos avances, los diluye en su narrativa de catástrofe permanente.

Omite que la CNDH cerró la recomendación porque Semarnat, Sader, Cofepris y Senasica sí cumplieron los mandatos esenciales.

A diferencia de Greenpeace, la Cuarta Transformación defiende la vida con hechos, no con hashtags.

Lo que Greenpeace exige —una definición legal inmediata de los PAP en el texto de la ley— está en proceso legislativo, no en el limbo burocrático que pretende describir.

El discurso apocalíptico cumple la función política desacreditar al gobierno progresista para reforzar la idea de que nada cambia, una narrativa útil para los grupos conservadores que buscan frenar la regulación efectiva de los agroquímicos.

Desde su oficina en la Ciudad de México, Greenpeace exige pureza normativa mientras las comunidades rurales avanzan con el apoyo de la 4T en proyectos agroecológicos, bancos de semillas nativas y sistemas de producción sin químicos.

Esa es la diferencia entre la protesta mediática y la transformación estructural.

Hoy, el ambientalismo con financiamiento extranjero se presenta como la única voz legítima en defensa del planeta.

Pero la verdadera ecología popular se construye con soberanía alimentaria, con regulación pública fuerte y con justicia para el campesinado, no con litigios mediáticos que criminalizan cada decisión estatal.

La 4T no necesita el permiso de Greenpeace para defender la vida: la está defendiendo desde abajo, con hechos, no con hashtags.

Autor: Redacción

CEMDA y las otras ONG deben entender que la transición energética debe responder al mandato democrático, no a agendas externas.

Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

El ecologismo de escritorio de estás ONG, exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.

Supuestas organizaciones ambientales, pretenden convertir los foros multilaterales como la COP-30 en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur.

El PAN y las ONG satélites agitan la bandera verde para frenar el avance del Estado soberano.

A diferencia de Greenpeace, la Cuarta Transformación defiende la vida con hechos, no con hashtags.