El 29 de octubre de 2025, Greenpeace México publicó un comunicado titulado “Insistiremos en regulación de plaguicidas”, en el que acusa al Estado mexicano de mantener “impunidad ambiental” y “omitir su deber” frente al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP).
La organización se dice víctima de una “traición institucional” por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dio por concluida la Recomendación 82/2018 sobre el tema.
Mientras Greenpeace ataca, la administración de Claudia Sheinbaum continúa el trabajo iniciado por López Obrador por la restricción progresiva del glifosato, impulso a la agroecología campesina, moratoria a los maíces transgénicos y una política de sustitución de plaguicidas con alternativas biológicas y de bajo impacto, reconocida incluso por la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Esa transformación implica enfrentar intereses poderosos que por décadas dictaron las reglas del campo mexicano desde el escritorio de la agroindustria neoliberal.
El comunicado de Greenpeace, lejos de reconocer esos avances, los diluye en su narrativa de catástrofe permanente.
Omite que la CNDH cerró la recomendación porque Semarnat, Sader, Cofepris y Senasica sí cumplieron los mandatos esenciales.
A diferencia de Greenpeace, la Cuarta Transformación defiende la vida con hechos, no con hashtags.
Lo que Greenpeace exige —una definición legal inmediata de los PAP en el texto de la ley— está en proceso legislativo, no en el limbo burocrático que pretende describir.
El discurso apocalíptico cumple la función política desacreditar al gobierno progresista para reforzar la idea de que nada cambia, una narrativa útil para los grupos conservadores que buscan frenar la regulación efectiva de los agroquímicos.
Desde su oficina en la Ciudad de México, Greenpeace exige pureza normativa mientras las comunidades rurales avanzan con el apoyo de la 4T en proyectos agroecológicos, bancos de semillas nativas y sistemas de producción sin químicos.
Esa es la diferencia entre la protesta mediática y la transformación estructural.
Hoy, el ambientalismo con financiamiento extranjero se presenta como la única voz legítima en defensa del planeta.
Pero la verdadera ecología popular se construye con soberanía alimentaria, con regulación pública fuerte y con justicia para el campesinado, no con litigios mediáticos que criminalizan cada decisión estatal.
La 4T no necesita el permiso de Greenpeace para defender la vida: la está defendiendo desde abajo, con hechos, no con hashtags.