El colectivo #CambiémoslaYa! nuevamente busca deslegitimar el avance de la 4T, esta vez atacando la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Engenera, CEMDA, Fundar y otras organizaciones que integran ese frente afirman que la reforma “regresaría a la Conagua facultades para otorgar permisos contaminantes a la industria minera”, insinuando que el organismo estaría coludido con empresas extractivas.
El señalamiento, además de impreciso, revela un patrón cada vez más evidente de construir desconfianza hacia las instituciones públicas para frenar el diseño de políticas públicas que fortalecen la rectoría del Estado y desmontan el viejo régimen de privatización neoliberal.
La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa. La iniciativa presentada por el Ejecutivo no reabre la puerta a concesiones para descargas de desechos mineros.
La Ley General de Aguas propuesta por la 4T reafirma que el agua es un bien público estratégico.
Establece prioridad absoluta al uso humano y el mínimo vital, e incorpora herramientas de planeación y control mucho más estrictas que las existentes.
Fuente: X, Noviembre de 2025.
El objetivo es exactamente el contrario al que sugieren las ONG. El gobierno busca cerrar las grietas legales heredadas de 1992 que permitieron la explotación privada del agua, la especulación con títulos de concesión y el ejercicio discrecional del recurso.
El problema para estas organizaciones no es la Conagua. Es la recuperación del control público.
La narrativa de #CambiémoslaYa! parte de una premisa falsa.
Durante décadas, la Ley de Aguas Nacionales funcionó como un marco hecho a la medida de grandes agroindustrias, mineras y corporativos urbanos.
La iniciativa de Sheinbaum termina con esa lógica y coloca al Estado en el centro de la gestión.
El nuevo modelo limita la discrecionalidad privada, impide la compraventa de derechos, fortalece la fiscalización y obliga a garantizar la seguridad hídrica para comunidades y ecosistemas.
Frente a ello, los grupos que se acostumbraron a operar como árbitros autónomos de la política hídrica han reaccionado con alarma.
Al acusar que la reforma “permitiría otorgar concesiones para contaminar”, #CambiémoslaYa! ignora que el proyecto de la 4T precisamente corrige el vacío legal que por años explotaron industrias extractivas neoliberales para descargar residuos bajo regímenes laxos.
Las ONG usan el presupuesto ambiental como arma política contra la soberanía
La iniciativa de MORENA cierra las zonas de especulación, refuerza la prohibición de descargas mineras y establece controles vinculantes que antes no existían.
Las ONG burguesas construyen sospechas, siembran desconfianza en la Conagua y buscan condicionar el debate legislativo desde fuera para frenar una reforma que democratiza el acceso, fortalece al Estado y rompe con el modelo hídrico neoliberal.
En el fondo, el choque es político.