En el primer aniversario del gobierno de Claudia Sheinbaum, Greenpeace México volvió a arremeter contra la Cuarta Transformación, llamándola una “política contradictoria”, un “balance agridulce”, un Estado que no satisface su vara moral.
El comunicado difundido el 1 de octubre de 2025 repite las acusaciones sobre deforestación, hidrocarburos y presupuesto ambiental.
Greenpeace sigue sin reconocer que la actual administración es la primera en décadas que ha intentado articular una política ecológica desde el poder público, y no desde los despachos de las fundaciones.
Fuente: Greenpeace, octubre de 2025.
Greenpeace asegura que los proyectos ferroviarios y la intervención militar recibirán diecisiete veces más recursos que la restauración de ecosistemas.
El dato, en apariencia escandaloso, omite que gran parte de esas partidas financian justamente la vigilancia ambiental, la reforestación y el combate a incendios.
Greenpeace acusa al Gobierno de Sheinbaum de servir a los intereses privados, mientras su propia estructura responde a redes de financiamiento internacional
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, respondió desde el Senado de manera contundente.
Reconoció los límites presupuestales, pero subrayó que la política ambiental del gobierno se sostiene sobre siete ejes, entre ellos: gestión hídrica, biodiversidad, restauración forestal, transición energética justa y participación comunitaria.
Frente a esa complejidad, Greenpeace se aferra a un relato maniqueo, donde el Estado es sospechoso y las ONG, depositarias exclusivas de la virtud.
En el terreno energético, la crítica se vuelve aún más anacrónica. Greenpeace condena la continuidad de los proyectos de gas y petroquímica, como si la soberanía energética fuera un pecado.
La administración de Sheinbaum ha optado por una transición gradual, consciente de que ningún país del sur puede darse el lujo de demoler su base industrial sin sustituirla.
Esta es una decisión estratégica, se trata de impedir que el ajuste ecológico recaiga sobre los trabajadores y las comunidades que ya pagan el costo de la desigualdad.
Greenpeace acusa al Estado de servir a los intereses privados, mientras su propia estructura responde a redes de financiamiento internacional que jamás se someten a escrutinio público.
Es un aparato transnacional que opera con la impunidad moral de quien no gobierna pero quiere decidir.
Que la ONG ambiental haya respondido con desdén es coincidente con su papel histórico de juez exigente e incapaz de construir soluciones políticamente viables en las realidades del sur global.
Lo que el comunicado llama “contradicción” no es más que el reconocimiento de que la política —y no la filantropía— es el terreno donde se disputan las transiciones verdaderas.
