Etiqueta: Alianza Mexicana Contra el Fracking

  • CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    CEMDA acusa deliberadamente a la Cuarta Transformación de desvío de recursos

    Gustavo Alanís, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización miembro de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, atacó en medios al gobierno mexicano, señalándolo como enemigo de la protección ambiental.

    Minería y soberanía: Sheinbaum resiste mientras las ONG la acusan

    En una entrevista con Aristegui Noticias, Alanís aseguró que México “desvía” recursos climáticos hacia megaproyectos y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), repitiendo la tesis conservadora de que la infraestructura civil y estratégica impulsada por el Estado constituye un obstáculo para la acción climática.

    CEMDA insiste en una lectura fragmentada que invisibiliza los logros de la 4T y alimenta el discurso opositor

    El académico y activista llegó incluso a afirmar que el país “promueve a Pemex y CFE” en detrimento de la transición energética, sin reconocer que la soberanía energética es condición indispensable para cualquier transición justa, y que sin control público de la energía las soluciones climáticas quedan subordinadas a la lógica corporativa que durante décadas mantuvo al país en la dependencia.

    Mientras la comunidad internacional reconoce el avance que supone un compromiso con metas claras hacia 2030 y 2035, Alanís reduce estos compromisos a una formulación vaga que busca crear la impresión de cumplimiento antes incluso de que las medidas entren en vigor.

    A ello suma la acusación de que gran parte del presupuesto se destinará a proyectos contrarios al medio ambiente.

    Lo que omite decir es que dichos proyectos incluyen restauración ecológica asociada al Tren Maya, infraestructura hídrica y manejo territorial.

    Todos ellos compatibles con una visión de mitigación integral y con las prioridades de justicia social que la 4T ha colocado en el centro.

    CEMDA retoma además la narrativa del “fracking oculto”, afirmando que el presupuesto oculta partidas de dinero designadas para esta técnica, pese a que el Ejecutivo ha reiterado su prohibición.

    La organización insiste en esta acusación desde hace años, aunque nunca ha presentado evidencia técnica verificable más allá de interpretaciones sesgadas del gasto operativo en cuencas maduras.

    La insistencia en esta narrativa revela más interés político que preocupación ambiental.

    En lugar de reconocer que México cuenta por primera vez con una estrategia climática articulada desde una perspectiva social, CEMDA insiste en una lectura fragmentada que invisibiliza los logros de la 4T y alimenta el discurso opositor que busca mostrar al país como rezagado.

  • Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular

    Las exigencias del ambientalismo burgués contra el deseo popular

    En noviembre de 2025, ONG ambientalistas como Engenera y CEMDA —miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Frackingpresentaron un documento que, intenta fijar para México una ruta energética ajena al proyecto de soberanía impulsado por la Cuarta Transformación.

    El texto exige un desmantelamiento acelerado de la infraestructura fósil del país.

    Esto, si bien parece ser buena idea, compromete la transición paulatina y a favor del pueblo que se planteó desde López Obrador.

    Engenera y CEMDA presentaron un documento que intenta fijar para México una ruta energética ajena al proyecto impulsado por la 4T.
    Organizaciones que participaron en la redacción de la propuesta.
    Fuente: Engenera, 2025.

    CEMDA y las otras ONG deben entender que la transición energética debe responder al mandato democrático, no a agendas externas.

    El documento plantea el cierre total de las carboeléctricas en 2030, independientemente de su papel estratégico en regiones cuya demanda no puede sostenerse exclusivamente con fuentes de mayor costo.

    Ordena prohibir toda infraestructura fósil nueva a partir de 2027 y obliga a frenar proyectos que el propio Estado considera indispensables para garantizar confiabilidad eléctrica, industrialización regional y abasto en zonas rezagadas.

    Estas exigencias ignoran la brecha histórica en transmisión, el rezago tecnológico acumulado durante décadas de neoliberalismo y la necesidad de contar con generación firme mientras se expanden renovables públicas.

    Mientras tanto, las potencias que financian a estas ONG mantienen centrales térmicas, subsidian combustibles fósiles y amplían su red de gas natural en nombre de su “seguridad energética”.

    Más problemático es que el documento exige rediseñar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), la Ley de Transición Energética y la Ley de Planeación para imponer obligaciones climáticas que mitigarían la implementación del proyecto energético de la 4T.

    El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

    Esta intención constituye un choque frontal con la actual administración electa por los mexicanos, cuyo principio rector es recuperar el control público del sector energético.

    El texto presiona además para que los instrumentos financieros de la CFE se orienten al retiro anticipado de infraestructura estratégica, pese a que su función es fortalecer la autonomía eléctrica del país.

    La transición energética debe responder al mandato democrático y a las necesidades reales del país, no a agendas externas que pretenden dictar el rumbo energético desde arriba y sin legitimidad social.

  • Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital

    Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital

    A inicios de noviembre de 2025, Engenera, WRI México, Fundar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la red de tierras silvestres Wildlands Network y la Fundación Heinrich Böll —nombres que se repiten en colectivos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— han presentado el llamado Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, otra iniciativa más que pretende fiscalizar el uso del gasto público y deslegitimar los esfuerzos de la Cuarta Transformación por impulsar cambios ambientales con vocación popular.

    Resulta revelador que quien encabezara el lanzamiento de esta campaña fuera la diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla, alabando el acto como un paso más hacia una verdadera política ambientalista.

    Mientras tanto, desde la trinchera morenista se reconoce la necesidad de transformaciones estructurales y de un enfoque prioritario frente al cambio climático.

    Legisladores como Joaquín Zebadúa Alva subrayan la dimensión internacional y las asimetrías poscoloniales que definen la problemática ambiental global.

    De poco sirve que veinticuatro ONG —muchas de ellas financiadas por corporaciones y gobiernos de Europa y la anglosfera— actúen como árbitros morales de la transición ecológica emprendida por un gobierno popular y democráticamente electo en el sur global.

    Si al norte inmediato de nuestras fronteras, el auge del neofascismo está desmantelando las endebles estructuras de regulación ambiental construidas en las últimas décadas.

    Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

    Aun si la economía mexicana dejara de emitir gases de efecto invernadero y retornara a una suerte de utopía preindustrial —lo que parece ser el horizonte de muchos de estos movimientos que predican el inmovilismo estatal como única alternativa— el impacto global sería nulo sin un viraje profundo en las políticas ambientales y económicas de Estados Unidos, Europa y las potencias industriales de Asia.

    Conviene entonces preguntarse por qué esta insistencia en la fiscalización punitiva y en la parálisis institucional desde organismos que reciben financiamiento de grandes corporaciones internacionales.

    ¿Quién se beneficia de la dependencia energética y de la desindustrialización del Estado mexicano?

    Más revelador aún es que, como demuestra el caso de Movimiento Ciudadano, sea la oposición a la Cuarta Transformación la que con mayor entusiasmo adopta el discurso catastrofista contra la política energética y ambiental de MORENA.

    El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

    Los vasallos del viejo régimen neoliberal vuelven a mostrar que sus lealtades están con el gran capital.

    Con quienes desean mantener a México en el oscurantismo del subdesarrollo y con quienes temen a un país fuerte, guiado por su pueblo y comprometido con su soberanía ambiental.

  • Las ONG verdes del norte global: instrumentalizando la COP-30 para dictar política a México

    Las ONG verdes del norte global: instrumentalizando la COP-30 para dictar política a México

    A días del inicio de la COP-30 en Belém, Brasil, un grupo de ONG encabezadas por Greenpeace México, CEMDA, Engenera y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un posicionamiento donde exigen al gobierno mexicano la suspensión inmediata de todos los proyectos de hidrocarburos, desde la exploración en aguas profundas hasta el Tren Maya y las plantas de gas natural.

    Su discurso, envuelto en los tonos de la supuesta justicia climática, responde menos a las urgencias ecológicas del país que a una estrategia coordinada de presión internacional promovida por el ambientalismo corporativo del norte global.

    Según estas organizaciones, México debe detener su desarrollo energético, “entregando compromisos ambiciosos”, lo que en la práctica implica subordinar su política económica a los estándares dictados por organismos europeos y fundaciones estadounidenses.

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    Supuestas organizaciones ambientales, pretenden convertir los foros multilaterales como la COP-30 en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur.

    Bajo el pretexto de combatir el cambio climático, estas ONG buscan imponer una agenda que restringe la soberanía energética y condena a los pueblos del sur a la dependencia tecnológica y financiera.

    Mientras los países del G7 siguen explotando hidrocarburos y ampliando su producción de gas natural, las ONG exigen a América Latina una “transición justa” que en la práctica significa renunciar a sus recursos estratégicos.

    En el documento, las organizaciones alineadas con esta visión piden incluso “una moratoria inmediata” a proyectos de infraestructura, transporte y turismo en la península de Yucatán, continuando sus intentos por bloquear el desarrollo en el sueste de México.

    Nada dicen, sin embargo, de la responsabilidad histórica de las potencias industriales, ni del papel de las transnacionales —a las que muchas de estas ONG han servido como consultoras— en la crisis climática global.

    El lenguaje del “fin de los combustibles fósiles” sirve aquí como un dispositivo de control neocolonial disfrazado de ecologismo.

    Pretenden convertir los foros multilaterales como la COP en tribunales morales contra los gobiernos soberanos del sur, mientras ocultan su financiamiento proveniente de fundaciones europeas y agencias de cooperación vinculadas al capital verde.

    El gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado una transición energética gradual, expansión de energías limpias públicas. Estas son respuestas desde la soberanía, no desde la sumisión.

    Por eso incomodan a quienes ven en México un campo de experimentación para sus laboratorios climáticos del norte.

  • La ofensiva contra Pemex: ambientalismo de consigna al servicio de la oposición

    La ofensiva contra Pemex: ambientalismo de consigna al servicio de la oposición

    El 27 de octubre, el portal Avispa.org publicó el reportaje titulado “Pemex Negligencia S.A. y sus zonas de muerte”.

    El texto fue amplificado inmediatamente por Engenera —integrante del colectivo CambiémoslaYa!, y por la Alianza Mexicana contra el Fracking— dos agrupaciones con largo historial de campañas orientadas a debilitar políticamente a Pemex y deslegitimar la política energética soberana impulsada por la Cuarta Transformación.

    La ofensiva contra Pemex: ambientalismo de consigna al servicio de la oposición.
    Portada del reportaje de Avispa.org.
    Fuente: Avistpa.org, consultada en noviembre de 2025.

    El reportaje intenta retratar a la Huasteca veracruzana como un territorio devastado por la “negligencia” de Pemex, ignorando que buena parte de la operación en la zona corresponde a contratos firmados durante los gobiernos neoliberales.

    En vez de señalar la raíz del problema —la privatización encubierta del subsuelo nacional—, el texto recicla las consecuencias de esa herencia y las presenta como prueba del fracaso de la actual administración.

    La ofensiva contra Pemex: ambientalismo de consigna al servicio de la oposición.
    Publicación de Engenera dando difusión al reportaje.
    Fuente: X, octubre de 2025.

    La pieza describe derrames, ductos corroídos y rezagos de mantenimiento, pero omite mencionar que el contrato CNH-M5-Miquetla/2018, que regula la zona, otorgó a la empresa privada DWF la responsabilidad directa de operar y mantener la infraestructura, incluyendo la reparación inmediata ante cualquier daño ambiental.

    Es decir, el propio texto reconoce los hechos, pero se cuida de no subrayar que las omisiones vienen de las operadoras privadas beneficiadas por la reforma energética del PRI.

    El gobierno federal trabaja en reconstruir una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.

    No es la primera vez que los colectivos asociados a la Alianza Mexicana contra el Fracking utilizan informes para construir una narrativa de “zonas de sacrificio” que presenta a Pemex como una empresa enemiga del pueblo.

    Esa retórica se repite cada vez que el gobierno federal reafirma su compromiso con la soberanía energética y con el control estatal sobre los hidrocarburos.

    En esta ocasión, la campaña coincide con el arranque del Plan Estratégico 2025–2035, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca recuperar campos abandonados por privados y modernizar infraestructura sin recurrir a endeudamiento externo.

    El uso del término “zonas de muerte” sintetiza una estrategia discursiva que no distingue entre responsabilidad pública y privada, ni entre errores operativos y políticas estructurales.

    Las ONG burguesas aprovechan la urgencia climática mientras desprecian la acción del Estado popular

    Bajo el disfraz de ambientalismo radical, estas ONG operan como aparatos de presión política que pretenden debilitar a la empresa del Estado y frenar su recuperación.

    Mientras las organizaciones financiadas desde el extranjero buscan convertir cada incidente en un golpe político, el gobierno federal trabaja en reconstruir lo que las décadas neoliberales destruyeron: una industria energética al servicio del pueblo, no del mercado.

  • Fundar: el rostro filantrópico del viejo poder

    Fundar: el rostro filantrópico del viejo poder

    Fundar, autodenominada “organización independiente de la sociedad civil” —y vocera de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— se presenta como guardiana del interés público, árbitro neutral y voz ciudadana ante el Estado.

    Pero tras el discurso técnico y académico se oculta una estructura sostenida por las mismas fundaciones extranjeras que durante décadas impusieron el infierno neoliberal en América Latina.

    El ecologismo selectivo de Greenpeace contra la política ambiental de Sheinbaum

    En 2023, según su propio informe financiero, la Fundación Hewlett aportó más de once millones y medio de pesos, la Open Society Foundation de George Soros más de nueve millones y medio, y la Ford Foundation otros ocho millones, lo que equivale al 93% de todos los ingresos anuales de Fundar. Su activismo “mexicano” respira con dinero del norte.

    Fundar, autodenominada “organización independiente de la sociedad civil” —y vocera de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— se presenta como guardiana del interés público, árbitro neutral y voz ciudadana ante el Estado.
    Desglose de las fuentes y montos de financiamiento de Fundar en el periodo comprendido entre 2016 y 2023
    Fuente: Fundar.org, 2023

    Fundar no fiscaliza al poder, solo lo reproduce.

    Mientras exige austeridad y transparencia al gobierno popular, Fundar destina más de la mitad de su presupuesto a sueldos, honorarios y enlaces de proyecto, rubros que superan los 37 millones de pesos.

    En 2023 declaró ingresos por cuarenta millones y egresos por sesenta y uno, con un déficit superior a veintidós millones.

    Su modelo no es la rendición de cuentas, sino la dependencia estructural de un financiamiento externo que compra influencia política bajo el disfraz de cooperación.

    Fundar, autodenominada “organización independiente de la sociedad civil” —y vocera de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— se presenta como guardiana del interés público, árbitro neutral y voz ciudadana ante el Estado.
    Desglose de ingresos y egresos reportado por la asociación en 2023 y 2024
    Fuente: Grant Thornton, 2023

    Esto es un claro ejemplo del fenómeno del filantrocapitalismo, la estrategia del dinero privado para dirigir causas públicas.

    Con cada peso invertido, las fundaciones extranjeras imponen agendas, definen prioridades y condicionan el debate nacional.

    Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación busca construir una ética pública fundada en la soberanía y la redistribución, Fundar pretende minar su legitimidad con el lenguaje de la “sociedad civil”.

    Pero no rinde cuentas al pueblo ni al Estado mexicano: lo hace ante sus patrocinadores.

    Su tarea no es democratizar el poder, sino mantenerlo bajo vigilancia de las mismas estructuras que durante décadas desmantelaron al país. Fundar no fiscaliza al poder, solo lo reproduce.