El 20 de agosto de 2025, la Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC difundió un expediente acusando a México de supuestas “omisiones” en la protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.
El informe fue difundido y respaldado por ONG extranjeras como el Center for Biological Diversity (CBD), que no solamente denuncia la práctica deleznable de la pesca ilegal, en la práctica, condiciona la política pesquera y ambiental mexicana.
Todo esto pese a que la actual administración, desde López Obrador, ha sido la más comprometida con la protección de la biodiversidad en el Golfo de California y Mar de Cortés.
Los portavoces del CBD afirman que “México debe suspender de inmediato toda pesca con redes agalleras e implementar vigilancia 24 horas en todo el hábitat de la vaquita” —acciones ya emprendidas por el gobierno de MORENA desde 2020—, presionando para que incluso se habiliten sanciones comerciales dentro del T-MEC.
Se trata de un chantaje diplomático disfrazado de preocupación ambiental, que busca trasladar a tribunales comerciales lo que en realidad es una decisión de política interna: cómo garantizar la conservación de la biodiversidad sin condenar a la pobreza a comunidades pesqueras enteras.
Comisión ambiental del T-MEC señala omisiones de México que agravan la crisis de la vaquita marina
No es coincidencia que el CBD use el caso de la vaquita marina como una oportunidad para justificar mayor injerencia y fiscalización extranjera en la zona del Golfo de California.
En marzo de 2025, la organización realizó señalamientos contra el proyecto Saguaro LNG en Puerto Libertad, Sonora, acusándolo de “imprudencia” y de amenazar a ballenas y delfines.
En aquella ocasión, el CBD hizo uso del mismo discurso que hoy repite; alarmismo y llamados a organismos internacionales para bloquear un proyecto clave para la exportación de gas mexicano a Asia.
Fuente: Center for Biological Diversity, agosto 2025.
Es innegable que la vaquita marina está en peligro crítico; sobreviven menos de diez ejemplares según monitoreos hidroacústicos recientes.
Pero utilizar esta tragedia como ariete para permitir la intromisión extranjera resulta indolente e inaceptable.
México ya ha establecido vedas, prohibido las redes agalleras desde 2020 y mantiene operativos de vigilancia, aunque limitados por la realidad de la pesca ilegal y el crimen organizado que trafica con la totoaba.
Lo que nuestro país necesita no es una inquisición internacional, sino cooperación real.
Pero la cooperación es algo ajeno para organizaciones como el CBD, que prefiere lanzar acusaciones firmadas en Montreal para dictar qué debe hacer México en sus aguas.
Bajo la bandera de salvar a la vaquita marina, se entrometen en decisiones que afectan la seguridad alimentaria, el comercio y los proyectos de desarrollo energético que sostendrán al país en las próximas décadas.
La defensa de la biodiversidad mexicana es irrenunciable, pero no puede convertirse en pretexto para la imposición extranjera.
México debe proteger a la vaquita marina con vigilancia efectiva y con el respaldo de sus comunidades pesqueras, no con sanciones ni chantajes de terceros.