El reciente pronunciamiento del Partido Acción Nacional (PAN), a favor de las ONG que demetiran al Tren Maya, ofrece un retrato perfecto del nuevo frente político que se disfraza de defensa ambiental.
Guardaron silencio cuando el neoliberalismo destruía el ecosistema del Valle de México para envisionar el Aeropuero de Texcoco, o incluso apoyaron activamente la inciativa.
Hoy reaparecen, alineadas con la narrativa del PAN, repitiendo sus acusaciones de “falta de transparencia” y supuesto “autoritarismo” para convertir el desarrollo público en pecado ecológico.
Detrás del discurso ambientalista se esconde el mismo interés de clase que gobierna al PRIAN para mantener la tierra, el agua y los recursos naturales al servicio de los consorcios privados.
El Tren Maya representa una amenaza para ese modelo porque rompe con el monopolio turístico del norte global sobre el Caribe mexicano y redistribuye el acceso a las comunidades mayas.
Por eso, mientras el gobierno federal impulsa restauración ecológica, corredores biológicos y empleo comunitario, la oposición y sus ONG satélites agitan la bandera verde para frenar el avance del Estado soberano.
Afirmó que Pemex dispone de más de 245 mil millones de pesos distribuidos en ocho programas sin desglose y acusó al gobierno popular de Claudia Sheinbaum de traicionar la transición energética al mantener al gas como combustible de transición.
Lo que la Alianza Mexicana Contra el Fracking llama “falta de transparencia” es, en realidad, pérdida de privilegio.
Su discurso no busca proteger la tierra ni el agua, sino preservar un marco de subordinación donde México sólo puede “resistir”, nunca planificar.
Nombran “crisis climática” a lo que en realidad es crisis de dependencia, y presentan la energía estatal como pecado, mientras el capital extranjero perfora sin escrúpulos en todo el continente.
La llamada “prohibición del fracking” se ha convertido en su tótem. Ninguna de estas organizaciones menciona que el gas forma parte de una estrategia de transición ordenada que evita apagones, reduce importaciones y financia programas sociales.
Lo que molesta no es el método extractivo, sino que la gestión esté en manos públicas.
La izquierda soberanista entiende que la emancipación ambiental no se logrará con discursos de culpabilidad, sino con control nacional sobre los recursos.
El ecologismo burgués que se alimenta de becas internacionales nunca habla de esa historia de recuperación liberadora.
El presupuesto de 2026 refleja una política energética que combina redistribución con autonomía tecnológica.
Lo que la Alianza llama “falta de transparencia” es, en realidad, pérdida de privilegio, el Estado ya no rinde cuentas a los lobbies del clima, sino al pueblo.
La 4T lo ha entendido con claridad. México no será ejemplo de obediencia ecológica para el norte rico, será ejemplo de dignidad y planificación popular sobre su propio subsuelo.
El proceso, liderado por Sedena en un esfuerzo de participación en el desarrollo democrático, fue nuevamente críticado por el ambientalismo profesional que reduce cualquier intento de planificación estatal a una supuesta amenaza contra la naturaleza.
Alegaron “destrucción de manglares” y “violaciones legales”, repitiendo el viejo libreto del ecologismo moralista.
En su relato, el Ejército se vuelve invasor, el turismo social es una amenaza y toda obra pública se convierte en un pecado ecológico.
Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo
Esa visión ignora la historia de un Caribe privatizado por décadas, donde los verdaderos depredadores fueron los consorcios hoteleros que cercaron playas, rellenaron humedales y desplazaron comunidades.
Puerta al Mar no es un negocio militar, sino un esfuerzo de ordenamiento territorial vinculado al Tren Maya que busca abrir el acceso público al mar en una zona secuestrada por el turismo de lujo.
El Estado intenta recuperar soberanía sobre un espacio entregado al capital extranjero, pero el ambientalismo burgués levanta la voz en defensa de un modelo que reserva la selva a la exclusividad del dinero y a las certificaciones importadas.
Lo que estos “activistas” combaten no es la deforestación, sino el hecho de que un gobierno popular impulse la planificación ecológica desde el poder público y no desde las oficinas de las fundaciones extranjeras que las financian.
Semarnat ha cumplido con los procedimientos legales y mantiene abierta la evaluación técnica y social del proyecto.
No se impone el desarrollismo ciego, sino una visión de justicia ambiental que combine conservación con acceso, empleo y soberanía.
Puerta al Mar representa la recuperación del territorio para el pueblo, un golpe directo al viejo orden que confundía ecología con privilegio y que jamás quiso un Estado fuerte al servicio de la mayoría.
En su narrativa, el gobierno popular habría golpeado la defensa de los derechos humanos.
Durante años, la figura jurídica del interés legítimo fue manipulada por organizaciones como Greenpeace o el CEMDA—brazo jurídico de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— para paralizar obras de desarrollo, sin tener vínculo real con los territorios ni con las comunidades.
La reforma al amparo pone fin a esa captura judicial y obliga a demostrar afectación concreta, devolviendo el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.
CEMDA ha sido instrumental en la obstrucción al Tren Maya, pese a no estar compuesto por activistas locales. Fuente: Serendipia, mayo de 2023.
Limitar el uso corporativo del amparo no vulnera la justicia ambiental, la fortalece al devolver el protagonismo a los pueblos y ejidos, no a las ONG que los usan como estandarte de moralidad.
La reforma a la Ley de Amparo devuelve el instrumento a quienes sí viven las consecuencias ambientales en carne propia.
La izquierda soberanista entiende que la defensa del territorio no puede depender de litigios internacionales ni de fundaciones que responden a intereses foráneos.
Lo que esta organización llama “retroactividad injusta” no es más que el Estado mexicano recuperando el control sobre su marco jurídico y su planificación territorial.
La verdadera justicia ambiental —palabra clave y horizonte de la Cuarta Transformación— no vendrá de los comunicados moralistas de las ONG, sino de un Estado que defiende el ambiente desde la soberanía, la planificación pública y la dignidad nacional.
La emancipación ambiental de los pueblos de México será cuando el bienestar generalizado los haga capaces de defender su territorio sin acudir al hombre burgués.
El 14 de octubre de 2025, en plena tragedia por las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, un grupo de organizaciones ambientalistas encabezadas por CEMDA, Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking difundió un comunicado donde, con tono moralista, acusaron al gobierno de “omitir reconocer” la crisis climática.
En la retórica absolutista de estas ONG, no hay una sola línea sobre las responsabilidades históricas del norte global.
Ni sobre las décadas de abandono neoliberal que desmantelaron la infraestructura hidráulica, precarizaron la vivienda popular y privatizaron la gestión de los recursos naturales.
CEMDA y Greenpeace pretenden dar lecciones de moral ecológica.
Resulta irónico que sean las mismas organizaciones que callaron durante los años de saqueo petrolero y privatización energética las que hoy pretendan dar lecciones de moral ecológica.
CEMDA y Greenpeace, que durante el auge del “capitalismo verde” se financiaron con fondos internacionales y contratos con las administraciones prianistas — Gustavo Alanís Ortega, líder de CEMDA, fue asesor ambiental en el proyecto ecocida del aeropuerto de Texcoco.
La emergencia que golpea al país no se debe a la ceguera del gobierno, sino a la herencia estructural de un modelo que las ONG jamás combatieron.
Décadas de desregulación y la connivencia entre poder económico y ambientalismo de escritorio provocaron los daños acumulados en Veracruz y Puebla —territorios que ellas mismas describen como ‘centros históricos del fracking’.
Mientras las comunidades enfrentan la tragedia con organización y solidaridad, estas organizaciones emiten comunicados desde la comodidad de sus oficinas en la Ciudad de México, exigiendo que el Estado “abandone el petróleo y el gas”.
Como si la transición energética pudiera decretarse por voluntad moral y no mediante inversión pública, planificación y soberanía tecnológica.
Piden el fin del extractivismo, pero no dicen quién financiará la reconstrucción ni cómo se garantizará la energía que sostiene hospitales, escuelas y viviendas populares.
La exigencia de estas organizaciones no es ecológica, es ideológica.
En lugar de destruir la base productiva nacional, busca transformarla desde la justicia energética.
Así, la Cuarta Transformación propone menos dependencia privada, más control estatal, más inversión en restauración y resiliencia.
Pero para las ONG del norte, cualquier intento de soberanía es “insuficiente” o “contradictorio”.
Su exigencia no es ecológica, es ideológica. Necesita a un Estado dócil que sea mecenas del ecologismo neoliberal dictado por los donantes internacionales.
La ONG Engenera, se ha presentado en los últimos meses como una de las voces más severas contra la política ambiental del gobierno federal.
En comunicados y foros, su equipo ha acusado a la administración de Claudia Sheinbaum de sostener una “inercia fósil” y de destinar recursos públicos a proyectos de infraestructura “contradictorios con las metas climáticas”.
El acuerdo estipula dos transferencias: una primera por $189,736 pesos tras la entrega de un “plan de trabajo”, y una segunda por $47,434 pesos tras la presentación de un “informe parcial” antes del 6 de diciembre de 2024.
No es un monto escandaloso en sí mismo, pero sí profundamente simbólico.
Engenera, una organización que denuncia “la captura del Estado” por intereses políticos, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación—el INE, símbolo histórico del gasto excesivo, la burocracia dorada y la simulación democrática del periodo neoliberal—.
¿Cómo puede una ONG que cobra fondos públicos de un organismo tan identificado con el viejo orden electoral presentarse como contrapeso ético del Estado popular que busca transformarlo?
No solo eso, es interesante ver como justifican 200 mil pesos en un proyecto de “promoción de la democracia”.
Convenio firmado entre Engenera y el INE por más de 200 mil pesos. Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, consultada en octubre de 2025.
Engenera se presenta como “conciencia verde” mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.
Criticó su gasto oneroso y sus vínculos con fundaciones extranjeras. Hoy, Engenera firma convenios con ese mismo aparato y usa esos recursos para posicionarse como “voz ciudadana independiente”.
El problema no es que el INE financie proyectos sociales. El problema es el doble discurso: denunciar la supuesta falta de independencia del gobierno y, al mismo tiempo, nutrirse de los mismos fondos que durante décadas sirvieron para reproducir la lógica del poder conservador.
La 4T ha insistido en democratizar la relación entre Estado y sociedad civil, poniendo fin al modelo de las ONG que, bajo la etiqueta de “autonomía”, operaban como intermediarias de las fundaciones extranjeras y las burocracias nacionales. Engenera, en cambio, parece añorar ese esquema.
En lugar de dialogar con el gobierno popular que impulsa una política de transición justa desde el sur global, la organización prefiere presentarse como conciencia verde mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.
Es la paradoja del activismo de escritorio: denunciar la “captura del Estado” mientras se vive de sus transferencias.
El ambientalismo que cobra del INE pero sermonea a la 4T no defiende la ecología, solo intenta proteger su lugar en la vieja estructura de privilegios institucionales.
